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Archivar la memoria de la dictadura en el siglo XXI

Resumen 

Tras el término de la dictadura chilena en marzo de 1990, uno de los desafíos importantes paralelamente con la lucha por esclarecer los crímenes de la dictadura, fue el proceso de reconstrucción y representación de la memoria. En un principio las instituciones consensuaron un discurso oficial que permitió avanzar en tal reconstrucción, organizar homenajes y establecer medidas de reparación y reconocimiento a las víctimas. Sin embargo, en el siglo XXI, se produjeron disensos en torno al discurso memorialístico oficial, que permitieron cuestionar de qué manera podían integrarse en los análisis más reposados, otras memorias contra hegemónicas tan válidas o acaso más ricas. Chile avanzó en esta área, con la inauguración de nuevos sitios de memoria e instituciones custodias de archivos físicos y digitales, que, tras una década de su nacimiento, requieren reflexión.

Palabras clave: Archivos, Memoria, Derechos humanos, Chile, Dictadura chilena.

Résumé 

Après la fin de la dictature chilienne en mars 1990, l’un des défis importants, parallèlement à la lutte pour clarifier les crimes de la dictature, a été le processus de reconstruction et de représentation de la mémoire. Dans un premier temps, les institutions se sont mises d’accord sur un discours officiel qui a permis d’avancer dans cette reconstruction, en rendant hommage et reconnaissance aux victimes. Cependant, au XXIe siècle, des désaccords ont eu lieu autour du discours mémoriel officiel, ce qui a permis de s’interroger sur la manière dont d’autres mémoires contre-hégémoniques, tout aussi valables, voire plus riches, pouvaient être intégrées dans des analyses plus apaisées. Le Chili a progressé dans ce domaine, avec l'inauguration de nouveaux lieux de mémoire et d'institutions dépositaires d'archives physiques et numériques, qui, une décennie après leur naissance, nécessitent réflexion.

Mots-clés: Archives, Mémoire, Droits de l'homme, Chili, dictature chilienne.

Archiving the Memory of the Dictatorship in the 21st Century

Abstract

After the end of the Chilean dictatorship in March 1990, one of the major challenges—parallel to the struggle to clarify the crimes committed by the regime—was the process of reconstructing and representing memory. At first, institutions agreed on an official discourse that made it possible to move forward with this reconstruction, organize tributes, and establish measures of reparation and recognition for the victims. However, in the 21st century, dissent arose regarding this official memorial discourse, allowing for questions about how other counter-hegemonic memories—equally valid, or perhaps even richer—could be integrated into more reflective analyses. Chile has advanced in this area through the establishment of new memory sites and institutions responsible for preserving physical and digital archives, which, after a decade of existence, invite renewed reflection.

Keywords: Archives, Memory, Human Rights, Chile, Chilean Dictatorship.

 

Arquivar a memória da ditadura no século XXI

Resumo

Após o fim da ditadura chilena em março de 1990, um dos principais desafios — paralelamente à luta para esclarecer os crimes cometidos pelo regime — foi o processo de reconstrução e representação da memória. Num primeiro momento, as instituições consensuaram um discurso oficial que permitiu avançar nessa reconstrução, organizar homenagens e estabelecer medidas de reparação e reconhecimento às vítimas. Contudo, no século XXI surgiram dissensos em relação a esse discurso memorial oficial, o que permitiu questionar de que maneira outras memórias contra-hegemônicas — igualmente válidas, ou talvez ainda mais ricas — poderiam ser integradas em análises mais refletidas. O Chile avançou nessa área com a criação de novos locais de memória e instituições responsáveis pela guarda de arquivos físicos e digitais que, após uma década de existência, exigem uma reflexão renovada.

Palavras-chave: Arquivos, Memória, Direitos humanos, Chile, Ditadura chilena.

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Carolina Espinoza Cartes

Doctora en Antropología Social

Universidad Complutense de Madrid, España

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Archivar la memoria de la dictadura en el siglo XXI

Introducción

El Golpe de Estado en Chile y los posteriores 17 años de dictadura que sobrevinieron a la sociedad chilena, crearon un sinnúmero de registros jurídicos, artísticos, sociales, audiovisuales, fotográficos, auditivos, que ayudaron a construir una memoria en común, cimentada bajo unos mínimos acuerdos respecto del impacto de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Gracias a los testimonios de víctimas y sobrevivientes, información de prensa en reportajes de la época y el inicio de procesos judiciales contra los perpetradores, fue posible realizar en el inicio de la transición (1990-1994), tres comisiones de verdad[ii], que significaron los primeros pero tímidos avances en materia de justicia transicional en Chile.

Sin embargo, esta memoria común, útil e instrumental en los primeros años en la búsqueda de justicia y reparación, fue insuficiente cuando aparecieron en los análisis más reposados, otras memorias de carácter contra hegemónico y otros relatos de la posmemoria (Hirsch, 2015) tan válidos o incluso más ricos que el discurso oficial. Dentro de estas memorias se incluyeron, por ejemplo, la memoria de sitios y ex centros de tortura, del exilio, de protagonistas como mujeres, adolescentes, niños, personas LGTB (Robles, 2024) de otras regiones más allá de la capital Santiago, personas racializadas o de pueblos originarios, etc. Esta situación fue asumida como una atractiva y valiosa interpelación al relato oficial que devino en nueva producción científica que revisitó estos archivos en el siglo XXI, para ser más inclusivos y fieles a todas las dimensiones del daño social que significó la dictadura chilena, cuyas consecuencias se mantienen hasta nuestros días.

Se ha escogido el caso chileno de reconstrucción de memoria a través de los archivos, por ser, junto a Argentina, uno de los primeros países afectados por las dictaduras en Latinoamérica donde se registraron intensas negociaciones y discusiones entre diferentes actores del proceso. En la primera transición a la democracia (1990-1994), sociedad civil, partidos políticos e instituciones públicas se tomaron un tiempo para reflexionar sobre qué conservar de los hechos de violencia del pasado reciente y por qué. En esta negociación, intervinieron dentro de los actores sociales, instituciones públicas y privadas, sitios de memoria, expertos académicos y asociaciones de memoria para quienes el acceso a la información era un requisito clave en la construcción de archivos.

A cincuenta años del golpe de Estado en Chile, cabe preguntarse cómo las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil han asumido conjuntamente el proceso de archivar la memoria. ¿Cómo lo están incluyendo las instituciones que se supone, custodian este material y lo ponen -o no- a disposición de un público general? ¿Qué hitos en la historia reciente del país han implicado avances y retrocesos en la construcción de políticas de memoria basadas en el archivo? ¿Cómo influye la tecnología digital en la accesibilidad a los archivos? ¿Cómo se construye y se organiza un archivo de memoria que nace digital y se pone a disposición no sólo de la Academia, sino de todo aquel que quiera investigar sobre su pasado? Son algunas de las interrogantes que se intentarán responder a lo largo de este artículo.

Para ahondar en estas cuestiones y desde el punto de vista metodológico, este artículo se ha valido de una revisión bibliográfica en torno a conceptos relacionados con la recuperación de la memoria del archivo, su representación tras hechos de violencia política, el consenso memorialístico, las memorias contrahegemónicas y la posibilidad de incorporarlas al relato oficial, integrando las lecturas de la no repetición.

En el caso de la recuperación de archivos de la dictadura en Chile, el artículo ha identificado ciertos hitos que se reconocen como claves en la reconstrucción del pasado reciente y los fenómenos sociales que han incidido en algunos avances en este proceso. Para comprobar a través de ejemplos cómo se materializan estas políticas de la memoria que tienen como centro el archivo, esta investigación se ha valido de entrevistas a personas relacionadas con espacios de memoria, representantes de asociaciones memorialísticas y activistas que insisten en las ausencias y omisiones del proceso archivístico a día de hoy. También recoge parte de un estudio de campo realizado por la investigadora que visitó los archivos durante julio y septiembre de 2024, y de fragmentos de entrevistas realizadas a personas que trabajan en los archivos citados en esta publicación. Se han considerado además en este estudio, referencias en prensa de la época y una revisión de los sitios de internet y de los estatutos de cada espacio relacionado con el archivo citados en este artículo.

I. Archivo y memoria colectiva

La escritora e investigadora mexicana Esther Cohen sostiene que “el archivo es un arma de doble filo” (Cohen, 2004,141), algo que invita a reflexionar sobre la acción de archivar para guardar memoria y preguntarse por los casos en que el archivo se transforma en una forma irremediable de olvido, si no se construye con políticas inclusivas y sensibles.

La sensibilidad de Cohen, anteponiendo el principio de accesibilidad de los archivos por sobre el propio contenido, pone el foco en el proceso de recuperación de memoria y en el papel de las instituciones, que se supone, deberían archivar para enseñar, para devolver a la ciudadanía los detalles de ese periodo negro en la historia del país, sin que quede nada ni nadie olvidado.

Amnistía significa olvidar y las transiciones políticas son momentos de intensos debates sobre qué hacer con los documentos, con los registros de ese pasado complejo. En especial, con los registros que constatan un pasado reciente y marcado por la violencia como los que caracterizan a aquellos países en los que se acaba de poner fin a un régimen dictatorial, como sostiene Villalta (2022, p. 46). Esto hace de la posibilidad del acceso a los archivos un campo minado en términos políticos (Ferrándiz, 2008, p. 92), acceso que, en las últimas dictaduras en Latinoamérica, ha provocado rupturas a la hora de discutir cómo archivar el pasado. Por citar algunos ejemplos, el caso de las diferencias entre asociaciones memorialísticas y ex prisioneros que evidenció la recuperación de la Escuela de Mecánica de la Armada en Argentina (ESMA), como espacio de memoria (Feld, 2017, p.108) o las controversias en torno al acceso al archivo que evidenciaron los distintos proyectos memorialísticos en Chile tales como el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y el Espacio de Memoria Londres 38 (Lazzara, 2011, p. 61).

En aquellos países que han sufrido regímenes dictatoriales, marcados por actos de violencia masiva, genocidio, torturas, violaciones contra los derechos humanos, masacres y guerras, cada vez es axiomática la idea de que, para la construcción de un futuro democrático en los momentos de transición política hacia la democracia, es indispensable enfrentarse a los “demonios” del pasado. Como plantea Villalta “Enfrentarlos es fundamental para atajar el dolor y el sufrimiento asociado a estos sucesos” (2022, p.56), una sentencia que hace que la pancarta enarbolada en muchos países del Cono Sur, que reza “Ni perdón ni olvido”, esté vigente en muchos sectores de la sociedad civil.

La relación entre memoria y archivo se articula a partir de dos movimientos. Por un lado, se entiende la retención de la memoria en el archivo como un ejercicio de poder, y, debido a su uso recurrente como almacén de pruebas/documentos para la escritura de la historia; motivo por el cual puede ser también un escenario de confrontación para la apropiación de ese decir del pasado. Por otro lado, un archivo consiste también en la existencia de una articulación singular, caracterizada por la marcación de los espacios institucionales y las apropiaciones simbólicas con el fin de construir identidades, ya sea por el recuerdo, ya sea por el olvido.

Sin embargo, aunque la memoria individual y la memoria colectiva sean diferentes en sus acciones, ambas se presuponen para la existencia de la memoria en general, lo que significa que no existe memoria individual sin una memoria más amplia –la colectiva– que le sirve de marco de referencia y que ayuda a construir un discurso en paralelo a la memoria de los “vencedores”. Todo esto, entendido en el contexto del resurgimiento actual a escala mundial, de un interés por el pasado y el proceso de construcción de memorias sociales (Halbwachs, 2004, p. 117; Baer, 2006, p.38) que permiten refutar, diversificar y complejizar los discursos dominantes sobre el tema (Piper & Montenegro, 2017, p. 100).

En estos procesos de negociación en la construcción de un archivo material se produce -casi instantáneamente- el fenómeno anteriormente evocado: la memoria social se vuelve memoria individual y la incorporación de estas “memorias sueltas” (Stern, 2001, p. 39) sirve al relato oficial para compensar las exclusiones de las memorias hegemónicas y lograr así una recuperación colaborativa del impacto de los hechos de violencia política y un recorrido que testimonie los esfuerzos por ser considerados en el relato oficial (Stern, 2001, p. 45). Interesaría pues, en este abordaje, la relación dinámica que se da -y no se da- entre la memoria “suelta” y la memoria emblemática, que iría definiendo una memoria colectiva con sentido para la gente. Más aún, Marianne Hirsch (2015, p. 117) reconoce la existencia de memorias plurales atribuyéndoles un potencial espacio a las historias y las experiencias de las minorías sociales, aún cuando esos recuerdos desafíen las versiones hegemónicas del pasado. De esta manera, la recuperación de múltiples recuerdos -los personales, los colectivos, e incluso los que generan diferencias- tendría un lugar en la construcción del relato plural y lo harían más completo y diverso.

El sujeto asimila acontecimientos, lugares o personas externas a su existencia como articuladores de su propia individualidad. Así, la vida de una memoria colectiva no existe en singular, sino que existen varias memorias, subalternas, que se relacionan de forma diversa con la memoria oficial. Toda memoria, oficial o no, precisa de un encuadramiento (Pollak, 1989, 1992), de una organización y un orden para que pueda llegar a ser un elemento referencial en la formación de las identidades. En este proceso intervienen materialidades, vestigios, pero también relatos, testimonios de supervivencia que conectan con el público activando a su vez ese relato oficial que ya no es rígido ni inflexible, sino que ha nacido de una serie de consensos -en algunos casos mínimos- pero que han permitido la representación en un archivo, un lugar de memoria, un museo o algún espacio expositivo de acceso público.

II. Archivar la memoria de la dictadura

Las instituciones, las autoridades y la sociedad civil recorrieron un largo camino desde la recuperación de la democracia en 1990 hasta la consecución de políticas públicas que garantizan un mayor acceso a los archivos que documentan los hechos de violencia ocurridos durante la dictadura chilena. Si bien el objetivo principal al inicio de la democracia fue la búsqueda de “verdad y justicia” y el reconocimiento a las víctimas, éste fue expresado no sólo en la reivindicación de los procesos judiciales para los perpetradores, sino también – y esto se puede ver a lo largo de los más de treinta años tras finalizada la dictadura- en la recuperación y pluralidad de sitios de consciencia y memoria en todo el país.  El homenaje y las representaciones culturales y la gestión de esta memoria y su transmisión hacia otras generaciones, fue algo que preocupó a muchas asociaciones memorialísticas que defendieron desde el principio una política de archivos abiertos para contar el pasado reciente del país[iii].

En estas etapas, aparecerán ciertos hechos, que intensificaron la reivindicación por el espacio memorialístico y el acceso a los archivos por parte de diversos actores sociales. Emblemática fue la sentencia “justicia en la medida de lo posible” señalada por el primer presidente de la democracia, Patricio Aylwin (1990-1994), para evidenciar la democracia vigilada que caracterizó esos primeros cuatro años con Augusto Pinochet como Comandante en Jefe del Ejército, pero también fue emblemático el disparador de memoria (Ricoeur, 2008) que significó años más tarde el Caso Pinochet (1998-2000) donde salieron a la palestra nuevos detalles de las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura. Más adelante, un hito importante en esta reivindicación memorialística fueron las conmemoraciones de los treinta (2003) y cuarenta años (2013) del Golpe de Estado en Chile, y en el último tiempo, el Estallido Social (2019) expresión popular de la reivindicación ante las promesas incumplidas respecto de la democracia, la libertad y la justicia que con ella vendría (Piper, 2021:2) o la irrupción de partidos políticos de ultraderecha (a partir de 2020) que actualmente niegan las violaciones a los derechos humanos y exaltan la figura del dictador.      

De esta manera, se podrá constatar una primera etapa expresada en el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994), donde lo prioritario fueron las políticas de reconocimiento a las víctimas, y a establecer canales de reparación. Más que ejecutar, este primer gobierno estableció un itinerario, teniendo como guía el Informe verdad y reconciliación (1991), sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen militar, en el que se reconocieron 3.550 casos y se dictaminaron unas políticas de reparación[iv]. Posteriormente el periodo regentado por Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) se caracterizó por la implementación de las medidas compensatorias recogidas por el informe de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997)[v] y la recuperación de Villa Grimaldi (1997), el primer sitio de memoria recuperado en Latinoamérica. La detención de Augusto Pinochet en Londres en octubre de 1998 y su retención por parte de las autoridades británicas que termina con su liberación en marzo de 2000, significó no sólo abrir la puerta a la persecución de los responsables de los crímenes de lesa humanidad, fuera de las fronteras nacionales como esgrimía el auto de procesamiento del juez Baltasar Garzón. Su impacto mundial, aunque no terminó con un juicio al dictador, implicó resignificar el testimonio de víctimas, sobrevivientes y los archivos que evidenciaban esos crímenes, dándoles un estatus universal. Este aspecto se tradujo en una mayor consciencia por recuperar estos espacios de memoria y en la construcción colectiva (asociaciones, gobiernos, instituciones privadas y públicas, universidades) de la memoria del «nunca más».

Los periodos siguientes al caso Pinochet tendrán como puntos clave las conmemoraciones del 30º y del 40º aniversario del Golpe de Estado (2003 y 2013 respectivamente), una década que es cruzada a su vez por dos hechos significativos: primero, la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (2010), un espacio que, aunque no es sitio de memoria, representa un consenso memorialístico de la sociedad. Segundo, la llegada del primer gobierno de derecha tras la dictadura (Sebastián Piñera) el mismo año 2010, que supone una especie de prueba a este supuesto consenso memorialístico y su trascendencia por encima del gobierno de turno. No es menor que 2010 sea también el año del Bicentenario, un momento que fue clave en la construcción de una memoria de Estado, donde las manifestaciones de reconstrucción de archivos y memoria contaron además del consenso, con la correspondiente financiación para ser sostenidas.

Este periodo (2003-2013) se caracterizó por una urgente recuperación de los sitios de memoria no sólo en la capital sino en todo el país, expresada en la construcción de varios archivos nacionales y locales[vi] que incluyen testimonios, cartas, recursos legales, autos judiciales y sentencias hasta entonces acumuladas en las diferentes instituciones —públicas y privadas— que asumieron un papel protagónico en la lucha por la democracia.           

Además de los hitos, cabe tener en cuenta el modo de financiación que reciben estas instituciones para llevar adelante el costoso proceso de recuperación, restauración y digitalización del archivo, un aspecto que en estos 40 años no ha sido resuelto por las instituciones democráticas. La mayoría de las instituciones públicas y privadas que se dedican a la recuperación del archivo relacionado con el pasado reciente no tienen una financiación estable, teniendo que, en muchos casos, postular año a año a subvenciones en las que se juega una parte importante del presupuesto, con la consiguiente inestabilidad que se extiende tanto a recursos materiales como humanos relacionados con la actividad[vii].

Otro aspecto clave en esta revisión es el papel protagónico de las personas custodias de estos archivos, vale decir, conservadores, bibliotecarios, personas que ejercen la labor de rescate y selección documental que no sólo deben tener las competencias técnicas para un desempeño eficiente, sino la sensibilidad necesaria para tratar a las víctimas o a los familiares de los protagonistas de esos hechos de violencia política.

Considerando todos estos factores, a continuación, se expondrán algunos casos de entidades relacionadas con los procesos archivísticos de la dictadura chilena, nacionales e internacionales muy heterogéneas entre sí, pero a las que une una urgencia por documentar a través del archivo, los hechos de violencia política del pasado reciente de Chile y facilitar su acceso a la mayor cantidad de públicos.

III. Las instituciones

La Vicaría de la Solidaridad, organismo ligado a la Iglesia Católica, jugó un protagonismo clave al desarrollar un sistema de asistencia jurídica a víctimas de violaciones a los derechos humanos y a sus familiares, a través de la presentación de recursos de amparo, una figura legal que permitía abrir procesos judiciales para la búsqueda de personas. Este organismo, que funcionó entre 1976 a 1993, concluyó sus gestiones con un acervo de material que incluía documentos, cartas, correspondencia, fotografía y registros/documentos audiovisuales, un registro de hemeroteca con diarios, publicaciones y revistas de la época (tanto del interior como del exilio) y otro tipo de materialidades, tales como arpilleras, artesanías, afiches y panfletos. De esta manera, la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL) se hizo cargo posteriormente de organizar, salvaguardar, dar acceso y difundir este patrimonio documental de la Vicaría de la Solidaridad y de su antecesor el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI), ambos organismos encargados de la defensa y promoción de los Derechos Humanos durante la dictadura militar en Chile. La Fundación organizó el material, a través de seis grandes áreas: el Fondo Jurídico, el Fondo Iconográfico, la Colección Bibliográfica, la Colección de revistas, la colección de recortes de prensa y la colección audiovisual.

El Fondo Jurídico contiene cerca de 85.000 documentos de carácter jurídico, referidos a todas las personas que fueron atendidas por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile (COPACHI) y la Vicaría de la Solidaridad. Esta documentación comprende originales y copias de expedientes judiciales, procesos por delitos políticos, recursos de amparo -Habeas Corpus-, recursos de protección, procesos por muertes, secuestros, desapariciones, torturas, testimonios, declaraciones juradas y denuncias ante organismos internacionales, entre muchos otros. Por su parte, el Fondo iconográfico, está formado principalmente por fotografías generadas y producidas por el COPACHI y la Vicaría de la Solidaridad en el desempeño de sus funciones para documentar su actividad y los hechos de violencia que ocurrían en el país. Este fondo incluye además una colección de obras donadas por artistas nacionales y extranjeros, con motivo del Simposio Internacional de Derechos Humanos, realizado en Chile en 1978 en conmemoración del XXX Aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos y una colección bibliográfica, compuesta por material concerniente a los derechos fundamentales, editados desde 1973 hasta la fecha. El archivo incluye las publicaciones del COPACHI y de la Vicaría de la Solidaridad, junto con documentos de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, una colección de revistas que incluye magacines de circulación nacional e internacional del periodo 1973-1992; una colección de recortes de prensa, registro de hechos cubiertos por la prensa nacional e internacional desde el mes de septiembre de 1973 y una colección audiovisual compuesta por documentales y películas de Derechos Humanos.

A este archivo se accede fundamentalmente de manera presencial de lunes a jueves, en sus instalaciones ubicadas en las dependencias del archivo histórico de la Iglesia Católica en Chile (Las Trinitarias 7101 en el barrio de Las Condes, al oriente de la capital). El horario de consulta de los archivos es por las mañanas y está disponible fundamentalmente, para personas que buscan a sus familiares detenidos desaparecidos, o víctimas de la represión de la dictadura. Durante la recolección de datos para esta investigación pudo comprobarse en el trabajo de campo en el archivo, un tratamiento especial para los ciudadanos que se identifican como víctimas o familiares de víctimas. Estos llegan a las dependencias del archivo, se identifican y pasan a una sala especial en la que son recibidos y atendidos según sus requerimientos. Los trabajadores del archivo toman nota de los documentos que buscan los familiares, agendan un día y una hora para tener una nueva cita con alguna entrega de material al respecto. Los funcionarios entrevistados manifestaron que la prioridad en la atención de la consulta de este archivo la tienen las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares y esto se constató prácticamente todo el periodo en que se hizo esta investigación en el archivo.

Respecto al acceso a los documentos, la mayoría son de consulta en sala y no se pueden llevar fuera del establecimiento ni está permitido hacer fotos. Si se requiere la reproducción de alguna parte de los documentos, hay que marcar lo necesario y el personal del archivo se encarga de dar el material en fotocopias, cuyo importe es cobrado al usuario.

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Imagen 1: Captura de pantalla de la web de la Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad (FUNVISOL).

Otro organismo custodio de testimonios, objetos, vestigios y materialidades que reconstruyen la dictadura chilena es el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, fundado en 2010 por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. El museo creó desde su fundación, el Centro de Documentación del Museo de la Memoria (CEDOC) orientado a la difusión y el acceso de los ciudadanos a la información histórica contenida en diversas colecciones de documentos, archivos textuales, fotográficos, iconográficos, sonoros, audiovisuales y de objetos del periodo de 1973-1990.

Aunque hay una gran parte digitalizada, el archivo del Museo de la Memoria ubicado en el barrio cívico del Santiago (calle Matucana 50, Santiago Centro), muy cerca de la Biblioteca de Santiago, la zona de museos del barrio de Quinta Normal, y el campus de la Universidad de Santiago (USACH), cuenta con un servicio de consulta de material no digitalizado en sala. Este material en soporte físico, archivado en carpetas, es requerido fundamentalmente por investigadores nacionales o extranjeros que reservan con antelación una cita horaria para consulta. Además, es un archivo que por su cercanía con centros escolares o de enseñanza media y universitaria, recibe a una gran cantidad de estudiantes locales y son los propios funcionarios del archivo los que atienden por igual a este heterogéneo público investigador. Durante el trabajo de campo para esta investigación, pudo constatarse que, en un día cualquiera, acceden a consulta investigadores extranjeros, fundamentalmente de Europa, nacionales, que llegan desde regiones a las consultas y un gran número de escolares de Enseñanza Media, que acuden sin cita a pedir material bibliográfico para la realización de tareas escolares y también requiriendo en algunos casos, una entrevista con el personal en sala, que durante todo el mes investigado fueron dos personas. Estas dos personas, más un apoyo en lo audiovisual, revisan el material, atienden por igual a estudiantes e investigadores.   

En relación al archivo audiovisual, es de consulta autónoma en una parte del Museo que se encuentra en la segunda planta, donde se dispone de pantallas para el visionado y auriculares. Sin embargo, no todo el material se encuentra digitalizado y el CEDOC recibe peticiones especiales de consulta que requieren de un tiempo para responder y acceder a las solicitudes de información. En cuanto al acceso, está permitido hacer fotografías de ciertos documentos, siempre y cuando se cumplan con las restricciones de mayoría de edad y de derechos de autor del contenido, ya que muchos fondos están sujetos a ello o tienen restricciones impuestas por el donante.

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Imagen 2: Captura de pantalla del Centro de Documentación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Ambos archivos mencionados forman parte de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos (RAMDH), una instancia supra institucional y de carácter gremial creada en 2015, que tiene por objetivo poner en valor los fondos comunes, discutir su accesibilidad y en especial, la formación del personal archivístico, acorde con las nuevas exigencias digitales del siglo XXI.

La red está compuesta en total por trece archivos asociados: el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Fundación de Documentación y Archivo Vicaría de la Solidaridad, Fundación Salvador Allende, el Centro de Documentación PIDEE, la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas, FASIC, el Archivo de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, el Archivo Patrimonial USACH, el Archivo y centro de documentación de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, El Archivo Documental de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi, el Archivo Víctor Jara y el archivo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). La heterogeneidad de la composición de la red que va desde sitios de memoria hasta organizaciones estudiantiles o las que tienen su origen en la función social de la iglesia católica, representa fielmente a las instituciones, coaliciones políticas, personalidades o grupos de la sociedad civil que lucharon activamente contra la dictadura. Dos de estos archivos —el Archivo Víctor Jara y el Archivo Patrimonial de la Universidad de Santiago— representan además el legado histórico previo a la dictadura, focalizándose en la política cultural del gobierno de la Unidad Popular (1970-1973).        

Entre sus objetivos, la red destaca de manera prioritaria cuestiones tales como la sensibilidad respecto al material documental con el que se trabaja, la formación del personal capacitado para estas tareas, así como también la difusión a través de una política de “archivos abiertos”, interpretada también con un deseo por llegar a la digitalización total de los archivos[viii].         

Estas prioridades en RAMDH han sido claves en el proceso de salvaguarda de la memoria, porque el personal requerido en los primeros años para atender los archivos, debía tener no sólo una experiencia archivística con estudios de biblioteconomía. Por lo sensible de los documentos y materiales, las personas idóneas debían tener además de una formación adecuada, una sensibilidad especial tanto para catalogar y guardar el material, como para atender a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, que requieren de estos archivos para complementar causas judiciales que aún están en proceso. Esta prioridad se estableció en el inicio de la red en 2015 y se manifestó paulatinamente en todos los archivos, producto de experiencias de tratamiento y custodia de archivos a partir de 1990 y de la detección de errores y malas praxis que se quisieron corregir con este modelo meta asociativo.  Para tales fines, la RAMDH celebra reuniones periódicas entre distintos representantes del archivo de los lugares de memoria en Chile, y constantemente cuenta con la formación por parte de profesionales que la imparten desde Estados Unidos, Alemania, Argentina y Brasil, con trayectoria en la gestión de este delicado tipo de archivo.

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Imagen 3: Captura de pantalla del portal de la Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos.         

Hasta aquí dos ejemplos muy distintos de archivo en cuanto a sus procesos de acopio, institucionalidad y accesibilidad del público. Sin embargo, conforme ha avanzado el siglo XXI, han entrado al proceso de construcción de la memoria nuevos actores, entre ellos, los sitios de memoria. El primero de estos sitios en América Latina fue Villa Grimaldi, ex centro clandestino de detención, tortura y desaparición de la dictadura cívico-militar, denominado Cuartel Terranova por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) vigente hasta 1978, recuperado en 1994 y puesto a disposición de la ciudadanía en marzo de 1997, cuando se emplaza como Parque por la Paz Villa Grimaldi. Desde entonces mantiene sus puertas abiertas a la comunidad y forma parte de la anteriormente mencionada Red de Archivos de Memoria y Derechos Humanos[ix].         

El espacio poco a poco se fue completando con la exposición de las dependencias en las que se aplicaba la tortura, complementadas con la explicación de lo ocurrido en recorridos protagonizados por ex detenidos que sobrevivieron al centro. Paralelamente, a las visitas que tímidamente se fueron produciendo en los primeros años, se fue construyendo un archivo oral, con testimonios en audio de las personas que pasaron por el centro de detención. Este espacio que busca “gestionar un archivo testimonial que rescate y difunda la memoria de Villa Grimaldi”, según se explica en su portal, cuenta con testimonios de ex detenidas y detenidos, familiares de ex detenidos, ejecutados y/o desaparecidos del lugar, vecinos del recinto de reclusión, defensores de los derechos humanos y agentes que han participado en la recuperación de otros sitios de memoria en Chile, tales como el Estadio Nacional o los campos de concentración de Tres o Cuatro Álamos. Con estos testimonios se ha creado un archivo audiovisual de consulta, dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y público en general.

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Imagen 4: Captura de pantalla del archivo oral del espacio de memoria Villa Grimaldi.

Es destacable el valor que se le da al relato personal del superviviente, reflejado en uno de los objetivos del archivo:

Los testimonios facilitan un acercamiento al pasado dictatorial y a la historia específica del lugar, desde la perspectiva de los sujetos que se vieron afectados por el terrorismo de Estado. Este enfoque, centrado en la mirada particular de quien recuerda su propia experiencia, puede contribuir al análisis crítico acerca de este periodo, conectando la historia de la dictadura militar, con las historias de las personas que vivieron esa etapa del país.

También se puede destacar el componente transnacional en que este archivo ha basado la construcción del acervo oral, inspirándose en experiencias de instituciones tales como la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia (Estados Unidos), Memoria Abierta (Argentina), Kolat (Alemania), Fundación Heinrich Böll (Alemania) y la Comisión Europea (Ferrándiz, 2023:18; Baer y Sznaider 2015:339).         

En un ámbito más divulgativo, pero también con función archivística, cabe mencionar los esfuerzos del portal Memoriachilena.cl, perteneciente a la Biblioteca Nacional de Chile. No es especialmente un sitio ligado a lo que se entiende por archivo vinculado a las violencias de las dictaduras o del pasado reciente, pero tiene el valor de ser la primera institución pública que comenzó a digitalizar en 2003, archivos relacionados con la dictadura o el gobierno de la Unidad Popular. Esto significó que, por primera vez, personas chilenas o desde el extranjero, pudieron acceder a documentos, imágenes, testimonios o fragmentos audiovisuales que antes estaban supeditados a consulta presencial. Esto tiene un gran impacto sobre todo en la sociedad civil, ya que Chile es un país centralizado, donde la mayoría de las instituciones oficiales se encuentran atomizadas en la capital, factor complejo si se habla de un país con 4.200 kilómetros de extensión.

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Imagen 5: captura de pantalla del sitio Memoriachilena.cl de la Biblioteca Nacional de Chile.

Memoriachilena.cl nació como archivo digital en 2003, como una experiencia pionera de difusión del patrimonio cultural a través de internet. Tras él se encuentra un equipo multidisciplinario que selecciona, digitaliza y pone en línea materiales documentales que buscan reflejar la diversidad, facilitar el acceso a las fuentes de información y estimular la producción de nuevo conocimiento. Dos aspectos a destacar en este sitio, además de su divulgación pionera en internet. Lo primero es que dio acceso a un público general, a publicaciones relacionadas con el periodo previo a la dictadura, la Unidad Popular (1970-1973), periodo especialmente rico en producciones culturales. Lo segundo es más bien un aspecto metodológico, fundamental en los archivos digitales y más aún en los primeros años de internet; se trata de la exploración y navegación a través de un sistema de minisitios, como lo explica el portal:

Cada minisitio aborda distintos aspectos de personajes, acontecimientos, obras o procesos relevantes de la cultura nacional y contiene: una presentación; una selección de objetos digitales (documentos, imágenes y, en algunos casos, archivos audiovisuales); una bibliografía especializada y una cronología con los principales hitos[x].

Otras experiencias nacionales que tienen que ver con el proceso de construcción archivística no son específicas de hechos vinculados a las violaciones a los derechos humanos, pero sí útiles en cuanto a que recogen parte importante del periodo. Un caso a destacar, aunque no es un archivo abierto, es el Fondo del Diario La Nación, periódico oficialista nacido en 1917 y que circuló en papel hasta el año 2010. Especial importancia tiene el análisis de esta publicación, porque aporta en especial las noticias y montajes de la dictadura de Pinochet, al punto de transformarse junto a Televisión Nacional de Chile y El Mercurio en un órgano más de propaganda del régimen[xi] (Valle y Contreras, 2023:77). Posteriormente y dada su condición oficial, una vez retornada la democracia en Chile, fue uno de los primeros periódicos en hacer reportajes de investigación sobre los crímenes cometidos en dictadura. La hemeroteca de La Nación está gestionada por la Universidad Diego Portales, entidad educativa privada desde el año 2017[xii].

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Imagen 6: Captura de pantalla del portal Cultura Digital de la Universidad Diego Portales, desde donde se accede al archivo del periódico La Nación.

IV. Iniciativas de archivo desde el extranjero

Dos importantes fondos de archivo relacionados con el periodo de la dictadura en Chile se han gestado íntegramente desde el extranjero, y gracias al impulso e involucración de dos investigadoras chilenas que se han volcado en este trabajo de archivo y divulgación. En el primero de los casos, la colección Memoria del exilio chileno en Francia que alberga la ex Biblioteca, centro de archivos y museo especializada en la historia contemporánea (BDIC) repositorio interuniversitario ligado a la Université de Paris Nanterre la Défense, tuvo el importante apoyo de la investigadora Rosa Olmos, responsable de archivos audiovisuales de este centro hasta el año 2020. El otro ejemplo citado en este artículo, la colección Conflict Textiles, vinculada a la Universidad de Ulster en Irlanda, fue fundada por la investigadora y docente chilena Roberta Bacic, quien trabajó en la Universidad Austral de Chile (1973 y 1981) y como investigadora en la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación desde 1993 hasta su cierre, en 1996.

El archivo de testimonios orales de personas represaliadas, encarceladas o exiliadas por la dictadura de Pinochet, que acoge la entidad francesa La contemporaine - Bibliothèques, archives, musée des mondes contemporains (ex Biblioteca, centro de archivos y museo especializada en la historia contemporánea, BDIC)[xiii] cuenta con colecciones especiales relacionadas con América Latina, entre las que cabe mencionar: Archivos del Secretariado Internacional de juristas por la amnistía en Uruguay (SIJAU); Archivos del Plan Cóndor, Archivos del COBA (“Comité pour le boycott de la coupe du monde en Argentine”), Prensa del exilio latinamericano en Francia, Prensa política latinoamericana siglos XX-XXI. Dentro de ellas, está la colección Memoria del exilio chileno en Francia, que incluye 98 entrevistas con los miembros de la Asociación de ex presos políticos chilenos en Francia (AEPPCF), una colección que nació de la inquietud de los propios exiliados que viven desde hace 50 años en Francia por dejar un testimonio vivo de la acogida de ese país a su exilio.

La importancia del exilio chileno en Francia y su poder político como colectivo migrante que ha tenido desde el gobierno de Georges Pompidou (Prognon, 2008) queda reflejada en este archivo, acorde con el la cifra estimativa de 200.000 personas que se exiliaron en ese país tras el golpe de Estado[xiv].

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Imagen 7: Captura de pantalla del archivo La Contemporaine, donde se encuentra la colección Memoria del exilio chileno en Francia

Otra iniciativa es la colección Conflict Textiles, vinculada a la Universidad de Ulster[xv], en Irlanda, curada por la investigadora chilena Roberta Bacic. El archivo cuenta con una colección de textiles, elaborados por mujeres en el mundo, pero donde tiene un papel protagónico el archivo de las arpilleras llamadas “históricas” (Espinoza, 2024, p. 158)[xvi] realizadas durante la dictadura por familiares de detenidos desaparecidos.         

Tras el golpe cívico militar en Chile, surgió la necesidad de organizar instancias de apoyo, protección y defensa de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Una de ellas se fraguó en torno al bordado de textiles, con trozos de tela de ropa de familiares de las víctimas. La técnica de la arpillera –composiciones a base de aplicaciones de trozos de telas adheridos sobre una tela de saco, con puntadas básicas de bordado y costura–, se utilizó como un medio de terapia (Espinoza, 2024, p. 8) que permitió a sus creadoras plasmar sus vivencias y el luto en sus puntadas. Tanto fue su poder, que hasta fue temida por la dictadura, quien las condenó públicamente como material “subversivo”, tapetes “difamatorios” o artesanía “sediciosa” (Adams, 2013, p. 24; Vinyes, 2017, p. 101). Estas materialidades (Labanyi, 2021), incautadas muchas veces por la dictadura, pudieron salir del país gracias al apoyo de organizaciones y de algunos particulares, que las llevaron por Europa, Norte América y hasta Japón a través de redes solidarias comprometidas (Bacic, 2013, p. 14).

El trabajo de la técnica de confección de arpilleras resultó eficaz y comenzó a enseñarse en las poblaciones de distintas ciudades del país, especialmente en la Región Metropolitana y en el Centro Sur del país, ya no solo como una terapia, sino como un taller laboral, un fenómeno que se explica en parte por el impacto que tuvo su circulación internacional que hizo que se  constituyera en un medio de supervivencia de las mujeres para afrontar la dura situación de recesión económica que enfrentó el país a mediados de los años ochenta (Roitman, 2019, p. 112). Este interés primario en el motivo de las primeras arpilleras queda reflejado en el trabajo de Karen Rosentreter y Albarrán centrado en el origen instrumental de las arpilleras en Chile.

Estos objetos nacieron con conciencia crítica y con el deseo de retratar la cruda realidad, pero también surgió el interés por retratar la cotidianidad de las poblaciones, por lo que el mensaje político cambió y posteriormente se representó también la pobreza y la carencia (Rosentreter & González, 2023, p. 162).

Fue así como paulatinamente, a la urgencia de testimoniar expresada por las primeras arpilleristas (firmadas colectivamente, por ejemplo, por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, pero también en forma anónima) se fue uniendo un afán de denuncia y en muchos casos una práctica solidaria y comprometida. Esta se manifiesta en la realización clandestina de arpilleras, pero también en la organización de iniciativas para combatir la miseria de las poblaciones y en la participación en manifestaciones y protestas callejeras. De ese modo, las mujeres que cosen arpilleras asumen una responsabilidad en la defensa de la justicia y de la democracia que va más allá de la expresión pública de un dolor personal. 

Empecé con la arpillera cuando estaba detenida en el campo de concentración de Tres Álamos. Ahí realizaba a petición algunas arpilleras e hice dos, una tenía que ver con el exilio y la otra tenía que ver con ser detenido desaparecido, porque en esa época, en el año 76, los desaparecidos eran día a día y eran demasiados. La arpillera la continué realizando en Estados Unidos porque la arpillera cumple muchas funciones. Es verdad que cuando estábamos detenidas nosotras vendíamos nuestro trabajo a la Cruz Roja o a instituciones europeas para que las vendieran y de esa manera podíamos sustentar a nuestras familias. Vemos como las arpilleras mismas sirvieron para hacer justicia, ya que en la justicia chilena ha habido pocos casos que han sido enjuiciados porque pertenecen a otra clase social y han sido afines a la Concertación (Testimonio de Verónica de Negri en 2019, recogido en Espinoza, 2024, p. 159).

Paralelamente, es este proceso de empoderamiento el que las empuja a salir a la calle, fuera de los límites de lo familiar; muchas mujeres tomarán conciencia de su posición subordinada dentro del hogar e incluso del maltrato que algunas reciben de sus parejas (Vinyes, 2017, p. 112). Esta acción de resistencia no violenta podría inscribirse en el espacio de una resistencia doméstica, no solo por su origen, sino también como recurso de subsistencia alimenticia (Agosín, 1987, p. 140) y con un claro componente defensor de la vida, si abarcamos el trabajo colectivo inscrito en las asociaciones de Derechos Humanos. O simplemente, en tanto defensa de derechos de la mujer, desde una perspectiva claramente feminista (Richard, 2008).

En el portal de Conflict Textiles se pueden visitar fotografías de las arpilleras, en las que minuciosamente se aportan datos de la realización de la arpillera, custodia y colección. A la par, la iniciativa organiza constantemente exposiciones y debates en Irlanda y Europa, en torno a la importancia del textil en la transmisión de la memoria relacionada con hechos de violencia política.

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Imagen 8: Captura de pantalla del portal Conflict Textiles, Irlanda.

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Imagen 9: Exilio II/Exile II Woman mourning those who have been exiled. Arpillera chilena, Violeta Morales, 1984, Colección Marjorie Agosin. Foto: Martin Melaugh © Conflict Textiles.

V. El caso de Londres 38: un archivo 100% digital

De todos los archivos anteriormente citados, la mayoría se encuentra disponibles en soporte físico, con un bajo porcentaje de sus colecciones digitalizadas. Las iniciativas que cuentan con un proceso de digitalización parten de un archivo físico, por lo que hasta el año 2023 no se contaba con una experiencia archivística que partiera como nativa digital. Aquí irrumpe el archivo del espacio de memoria Londres 38, ubicado en Santiago de Chile, ex centro de tortura y detención de la Dirección Nacional de Inteligencia, DINA. Este espacio de memoria fue recuperado en 2008 como casa de memoria y tiene una especial importancia por el hecho de ser el primer eslabón de una cadena de recintos de reclusión utilizados por la DINA en Santiago, en su campaña en contra del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), primero y de otras organizaciones de la izquierda chilena, como los partidos Socialista y Comunista (Morales, 2018, p. 6). 

Es interesante el caso del archivo digital de este espacio de memoria, creado en 2023, al nacer exclusivamente como un repositorio digital, sin sede física de consulta, pese a que el espacio de memoria sí se puede visitar y en él se producen recorridos y actividades en talleres relacionados con el espacio. Desde el punto de vista de su accesibilidad hay que señalar que el archivo es de consulta libre, pidiendo como requisito único identificarse primero con un usuario y una clave. Estos requisitos mínimos para acceder podrían entenderse como facilitadores en tanto cuanto no requiere grandes destrezas tecnológicas (más accesible a personas mayores) y abre la posibilidad de hacer consultas desde el anonimato (más accesible a personas con consecuencias traumáticas respecto al acceso y control de este tipo de archivos). Ambas, características ayudarían a acercarse a un acceso universal de los documentos, entendiendo este objetivo como uno de los puntos fundacionales de este archivo.

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Imagen 10: Captura de pantalla del archivo digital de Londres 38.

Explicado en su propio portal, el archivo de Londres 38 Espacio de Memorias, tiene como objetivo «ofrecer acceso a la información para la reflexión y acción sobre las memorias sociales y políticas vinculadas a la historia reciente de Chile, en un marco temporal amplio que abarca desde mediados del siglo XX hasta el presente, con énfasis en el periodo de la dictadura»[xvii]. Dentro de la política de la institución, este archivo digital garantiza el acceso, la transparencia, la difusión y el uso de sus propios recursos, puestos a disposición en su plataforma digital y con metadatos, así también demanda las mismas condiciones de acceso respecto de los archivos públicos en poder del Estado, vinculados con la historia reciente del país y la defensa de los derechos humanos en el presente. Cabe señalar el valor que le otorga este archivo a las donaciones, dando nombre a las colecciones de las personas que las hacen, con un gran corpus de documentación relacionada con el exilio. Así lo señala Leslie Araneda, responsable del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias, al señalar que uno de los temas que reivindica el repositorio, es el acceso libre a los recursos.


Buscamos ofrecer el más amplio acceso a la información relacionada con el periodo histórico en que el inmueble fue utilizado como centro de represión y exterminio por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y los efectos de ese periodo en el presente, así como las memorias de luchas y resistencias sociales previas a la dictadura, durante la dictadura y hasta la actualidad. Procuramos difundir la situación de los archivos en Chile y exigir al Estado la adopción de políticas públicas que permitan la recuperación y el libre acceso, principalmente, a la documentación producida por las policías y fuerzas armadas los agentes de la represión y sus instituciones[xviii].

En 2024, a un año de su inauguración, aún no disponen de indicadores desagregados (por ejemplo por sexo, edades, procedencia, etc.) sobre las consultas al archivo digital. Sin embargo, la responsable señala que el público que consulta habitualmente el archivo está compuesto por estudiantes, investigadores, familiares de víctimas, personas interesadas en derechos humanos o personas que integran organizaciones sociales.

En las colecciones, además de conservar el origen y el nombre de la persona que ha hecho la donación -que se transforma en curadora de la propia colección- se tiene un especial cuidado en no descontextualizar el archivo tratando de ser lo más fiel a materialidades como objetos, documentos. integrando en los metadatos su procedencia y hasta las características de su recolección y llegada al museo. También se incorporan en esta información complementaria, notas de producción que ayudan a que estas memorias plurales aporten su perspectiva y logren interpelar al discurso oficial; estas notas ayudan a contextualizar el momento en que esa pieza pasa a ser constitutiva de archivo y aportan mayor información sobre el proceso histórico al que la pieza hace alusión (Bornacelly, 2024; Labrador, 2024)[xix]

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Imágenes 11 y 12: Capturas de pantallas de colecciones del Archivo Digital del Espacio de Memorias Londres 38, con metadatos y notas del productor de cada archivo y colección.

Especial atención también da este archivo digital al cuidado de objetos digitales, un repositorio de imágenes, memes, carteles virtuales y productos digitales que nunca han sido físicos y que han formado parte importante de los recientes movimientos ciudadanos en Chile. Por citar algunos cabe destacar los objetos digitales relacionados con las protestas estudiantiles de 2011, el movimiento No +AFP[xx] en 2016 y un amplio corpus elaborado durante el Estallido Social de 2019.

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Imagen 13: Ejemplo de la Colección de objetos digitales del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias.

Esta contemporaneidad y flexibilidad del archivo, en lo que se refiere a su accesibilidad y a la incorporación de piezas nacidas en el entorno digital, permite una alta efectividad en la difusión de materialidades y testimonios del pasado reciente, propias de un archivo digital. Tales características, hacen posible la construcción colectiva de archivos más accesibles y cercanos facilitando la posibilidad de compartir contenido en plataformas o redes sociales. Además, el proceso rápido y sencillo de identificación para acceder, se traduce en una mayor disponibilidad de consulta a investigadores y exiliados desde el extranjero. Esto se traduce en una desacralización de los archivos -ya no se ven como algo lejano e intocable-, un aumento en la difusión en otros lenguajes y contextos, en definitiva, una mayor cercanía y pertenencia entre ciudadanía y memoria.

Prácticas del acceso al archivo como la anteriormente citada, ayudarían a romper los llamados pactos de silencio u omisiones relacionadas con las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la transición chilena y al ocultamiento de informaciones relacionadas especialmente con los perpetradores e instituciones responsables en la dictadura cívico militar [xxi]. Dar acceso a esas informaciones a la ciudadanía es de vital importancia en estos tiempos, cuando prácticas como el negacionismo tienen cabida en parlamentos, partidos u otros organismos de representación. Las múltiples manifestaciones de rechazo a la verdad oficial, registradas en el ámbito político partidista de derecha y ultraderecha en Chile han ido in crescendo desde 2013, coincidente con el hito de la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado. Irrupciones en los medios y en las redes sociales del partido Republicano, que exaltan la figura del dictador y lo señalan como ejemplo, son percibidas por las personas que se dedican a la conservación de archivos y memorias en el país como “preocupantes”. Por citar un ejemplo, la opinión de la republicana y presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia quien en 2012 cuestionaba el carácter dictatorial de Pinochet, señalando: “Qué rara la dictadura de Pinochet: cuando hubo elecciones y perdió, dejó el poder. Otro no lo hace o no las reconoce”[xxii].

Serán los archivos y una formación adecuada para navegar en ellos, investigarlos e interpretarlos, una pieza clave en esta reconstrucción de la memoria y se convertirán en el mejor antídoto contra posiciones extremas y discursos de la negación de hechos de violencia política.

 

Conclusiones

Una vez concluida la dictadura chilena (1973-1990), la recuperación de la memoria de hechos de violencia política fue uno de los objetivos en los procesos de transición política y recuperación de la democracia. Aunque estos procesos tuvieron resistencias por parte de las elites políticas y por la inercia del propio proceso transicional, fue un deseo ferviente en especial desde un sector de la sociedad civil expresado en las asociaciones de defensa de los derechos humanos, de esclarecer los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura.

En los primeros años, estos procesos tuvieron varias discusiones, buscando un consenso de memoria oficial, o al menos, memoria unificada, que permitiera dar a conocer los hechos de violencia política con el objetivo primordial de que nunca se volvieran a repetir. En estos procesos, y en forma complementaria al establecimiento de una verdad jurídica de las violaciones a los derechos humanos, surgen los archivos que, aplicados a esta área tan sensible, se entienden como una tecnología de la historia. Es esta tecnología y su accesibilidad, las que permitirán al ciudadano entender esos vacíos en la historia oficial de los que no tiene registro, comprendiendo mejor los procesos históricos, a partir de historias de vida, prácticas comunitarias o materialidades que conectan con sus propios afectos.

Rancière (2010) decía que testimonio y archivo pueden concebirse como un modo de constatación política, en este caso, del horror, y en efecto es así: necesitamos comprender el horror con hechos, registros, objetos, que nos permitan calibrar su dimensión e impacto. Pero Derrida (1995) parte de esta relación entre archivo y memoria para llegar a una concepción, aparentemente contradictoria: un archivo como base democrática de la vitalidad. Y los dos teóricos tienen razón, porque la documentación del horror alberga la esperanza de que sirva para no repetir, para que nunca más vuelva a ocurrir, para que tanta muerte tenga una esperanza de vida. Un archivo accesible devendrá en una ciudadanía más completa y plural, con procesos de documentación de prácticas y resistencias que cuentan otros aspectos de la historia de un país.      

Así lo ha entendido Chile, con la recuperación de la memoria y con el diseño de archivos privados, institucionales, locales, nacionales, analógicos y digitales, que tienen un mismo fin, pero distintos medios. No importa las formas en que se manifieste la acumulación de la memoria, sino que el tema central es el acceso. En este caso, las iniciativas anteriormente descritas en este artículo han hecho esfuerzos, desde la institucionalidad, la sociedad civil, el asociacionismo, las universidades o lo privado para contribuir a esta representación de memorias plurales. Destaca en particular, el Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias, por el cariz digital que le da a los objetos, colecciones, contextualización y respeto del anonimato en la consulta, factores fundamentales que aportan un espacio seguro en el sensible campo de la reconstrucción de memorias a través de los archivos.

 Notas al fin

[i] Doctora en Antropología Social por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, España. Este trabajo forma parte también del proyecto I+D+i: Territorios de la memoria: otras culturas, otros espacios en Iberoamérica, siglos XX y XXI (TEMUCO) (2021), financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, y del proyecto: El asociacionismo de la emigración española en América a partir de la década de 1960: los casos de La Habana, Buenos Aires y Caracas. Proyecto PID2021-123160NB-I00 financiado por la MCIN / AEI y por FEDER Una manera de hacer Europa.

[ii] El Informe Rettig, que realizó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en 1991, solo contabilizó ejecuciones y desapariciones. En total, reconoció 2.279 muertes en manos de las fuerzas de seguridad durante la dictadura de Pinochet. La Comisión Valech -bautizada así en honor del ex obispo de Santiago, Sergio Valech- fue constituida originalmente en 2003 para ampliar la información sobre la represión. En noviembre de 2004 presentó un informe en el que daba cuenta de más de 30.000 víctimas, 28.459 por detenciones ilegales, tortura, ejecuciones y desapariciones. El segundo informe de la Comisión Valech, presentado en 2011, reconoce un total de más de 40.018 víctimas de la dictadura. Tras 18 meses de trabajo y 32.000 denuncias, la comisión solo dio por válidas casi 10.000 de estas y los supervivientes recibieron una pensión mensual de 180 euros.

[iii] La reivindicación de archivos abiertos tiene un largo recorrido en prensa. Cabe mencionar algunas referencias a modo de ejemplo, aparecidos en artículos en prensa y webs corporativas de sitios de memoria: “FFAA: Reformas propuestas por el Gobierno no incluyen transparencia de archivos” Publicado el 03.12.2018 y “Organizaciones de DD.HH. piden a La Moneda poner fin al secreto de archivos de la dictadura” Publicado el 15.01.14.

[iv] Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe. Santiago: Edición especial del Diario La Nación, 1991:Tomo I, página 16.

[v] La Ley 19.123 de 1992 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (1992-1997) que tuvo como objetivo principal la coordinación, ejecución y promoción de las acciones necesarias para el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el Informe Rettig, junto a las demás funciones señaladas en la ley, estableciendo una pensión de reparación y otros beneficios a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura.

[vi] Por citar algunos ejemplos de sitios de memoria en regiones de Chile, cabe mencionar la antigua cárcel pública que ahora es un lugar de memoria en la región de Valparaíso, “Parque Cultural de Valparaíso”; en la localidad de Limache, región de Valparaíso el espacio “Residencias de Memoria”) o en la región del Bíobío la “Ex Cárcel de Concepción (Chacabuco 70)”.

[vii] Muchas instituciones relacionadas con la preservación de la memoria en Chile tales como archivos, sitios de memoria de ámbito nacional o local postulan a fondos concursables del Estado chileno en convocatorias anuales. Desde 2024 existe una línea de financiación específica para sitios de memoria “Programa sitios de memoria” dependiente del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Chile.

[viii] En el punto tres de sus objetivos fundacionales recogidos a su vez en los estatutos de RAMDH, está el “Diseñar recomendaciones y políticas para que el Estado se comprometa en la identificación, organización y apertura de archivos que contengan información sobre la violación sistemática de derechos humanos durante la dictadura en Chile”. Puntos estatutarios de la RAMDH publicados en el sitio web de la red el  10.12.15. Consultado el 30 de noviembre de 2024: http://ramdh.cl/nuestro-trabajo

[ix] El Parque de la Paz Villa Grimaldi tiene por objetivo que las personas que deseen recordar a familiares y amigos que pasaron por Villa Grimaldi puedan contar con un lugar de encuentro y recogimiento, así también ofrecer un espacio de reflexión para quienes se interesen en conocer más sobre el terrorismo de Estado ejercido por la Dictadura, entregar recursos pedagógicos para quienes se interesan en la educación en Derechos Humanos y especialmente ser un referente para las nuevas generaciones. Web del sitio consultada el 23.10.24: https://villagrimaldi.cl/archivo-oral/

[x] El tema de la forma es importante en este apartado, porque enseña una forma de consulta de los archivos, en especial los gráficos que hasta el momento no disponían los archivos locales. De esta manera, a través de los minisitios, se accede a un contenido gráfico fácil y rápidamente y con un alto impacto visual.

[xi] La Nación y Televisión Nacional de Chile fueron por su carácter estatal, órganos de propaganda del régimen de Pinochet, estableciendo montajes para encubrir crímenes y violaciones a los derechos humanos. En la colección permanente del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hay una sección que se dedica a esta situación. En cuanto Chile retorna a la democracia (1990) ambos medios estatales cambian su editorial y dedicarán amplia cobertura a reportajes donde se denuncian estos delitos. La Nación irá incluso más allá estableciendo un cuerpo de reportajes de investigación “La Nación Domingo” donde se entregan por primera vez, antecedentes de violaciones a los derechos humanos gracias a las investigaciones de un equipo de periodistas encabezado por Mónica González, Premio Nacional de Periodismo 2019. El caso del periódico El Mercurio, es distinto, conservador e históricamente con adscripción de derechas desde su fundación, amplias investigaciones le han otorgado responsabilidad en el golpe de Estado de 1973 (Basso, 2023), sin que por parte del medio se reconozca esta responsabilidad.  Se destaca el archivo de La Nación, por ser el único de carácter digital semiabierto a diferencia de los otros medios citados: El Mercurio tiene un archivo histórico de pago y Televisión Nacional de Chile tiene un archivo cerrado, aunque reflexionó y emitió series y reportajes dedicados a los montajes de la dictadura, al cumplirse en 2023 50 años del golpe de Estado. Un aspecto restrictivo caracteriza a este archivo: sólo se puede acceder a ejemplares digitalizados hasta 1972, por lo que es posible recoger gran parte del periodo de la Unidad Popular pero no de la dictadura.

[xii] Se accede a través del portal consultado el 23.11.24:  https://culturadigital.udp.cl/index.php/lanacion/

[xiii] Portal de La Contemporaine consultado el 10.11.24: http://www.lacontemporaine.fr/

[xiv] Datos del Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, INE-DICOEX, 2003-2004, en base al cálculo estimativo de 200.000 exiliados en 1973.

[xv] Portal de Conflict textiles consultado el 01.11.24: https://cain.ulster.ac.uk/conflicttextiles/

[xvi] En recopilación de testimonios de mujeres exiliadas chilenas que se dedican a la arpillera actualmente para el libro Exiliadas, fue una constante la repetición entre las entrevistadas de la división entre las llamadas arpilleras históricas, para referirse a las realizadas por mujeres de las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos en dictadura y, las arpilleras realizadas por colectivos contemporáneos, ya en el periodo democrático. Espinoza, C., (2024) Exiliadas, Santiago de Chile: Cuarto Propio, pp. 180.

[xvii] Portal del archivo consultado el 21.11.2024

[xviii] Entrevista virtual con la conservadora Leslie Araneda, responsable del Archivo Digital de Londres 38 Espacio de Memorias realizada el 13.06.23.

[xix] Muchas de las informaciones de donaciones (pertenencia, cómo llegó a sus manos, custodia en el exilio, dónde fue custodiada la pieza, cuanto tiempo permaneció en poder del donante, por qué estuvo escondida, etc.) quedaban ocultas en los primeros archivos relacionados con el periodo de la dictadura en Chile, con importantes omisiones como por ejemplo la autoría colectiva, mujeres, colectivos proscritos en dictadura, personas racializadas, etc.  

[xx] La coordinadora No + AFP fue un movimiento social chileno consolidado en agosto de 2016, nacido a causa del malestar de la ciudadanía con respecto a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Su objetivo central fue impulsar el término del modelo actual de previsión por capitalización individual e impulsar en Chile la implementación de un sistema de reparto.

[xxi] En la actualidad existe una polémica respecto a exigir el levantamiento del pacto de silencio por 50 años que tiene el llamado Informe Valech I, informe cuya recolección de testimonios se extendió hasta 2004 y recogió cerca de 35 mil testimonios. En total, se reconoció a 27.255 afectados por prisión política y tortura. Posterior a aquello fue publicada la ley N°19.992, que establece los 50 años de secreto.

[xxii] "Brutalmente honesta", Beatriz Hevia confiaba en el cierre del debate constitucional con el Rechazo”, Radio Cooperativa, 7.11.23.

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Pour citer cet article :

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À nos corps célestes. Figurer la disparition forcée en Colombie : le témoignage comme enjeu de mémoire et politique de réparation

Résumé 

Cet article propose de questionner les liens qu’entretiennent mémoire et oubli dans l’expérience des processus de justice transitionnelle amorcés en Colombie au milieu des années 2000. Il discute du cas des victimes de disparition forcée qui, rattachés à la catégorie juridique de victime, ont fait l’objet d’un important travail de divulgation, de recherche et de reconnaissance depuis la signature des Accords de Paix de 2016. Les analyses mobilisent des enquêtes de terrain réalisées entre 2019 et 2022 dans le cadre du projet REVECO, tout en s’arrimant à une expérience de recherche plus large débutée en 2008. Elles discutent de l’enjeu du témoignage dans les politiques de mémoire et de réparations actuellement à l’œuvre dans la société colombienne qui, en l’espace de vingt, est passé d’une temporalité de guerre à une temporalité « post-conflictuelle ».

Mots-clés : Sortie de guerre, victimes, justice transitionnelle, mémoire, oubli.

A nuestros cuerpos celestes. Representar la desaparición forzada en Colombia: el testimonio como desafío de la memoria y política de reparación

Resumen

Este artículo estudia los vínculos entre memoria y olvido en la experiencia de los procesos de justicia transicional iniciados en Colombia a mediados de la década de 2000. Aborda el caso de las víctimas de desaparición forzada las cuales, adheridas a la categoría jurídica de víctima, han sido objeto de un importante esfuerzo de divulgación, investigación y reconocimiento desde la firma de los Acuerdos de Paz de 2016. Los análisis se basan en estudios de campo realizados entre 2019 y 2022 en el marco del proyecto REVECO, al tiempo que se apoyan en una experiencia de investigación más amplia iniciada en 2008. En ellos se discute la importancia del testimonio en las políticas de memoria y reparación de la sociedad colombiana, que ha pasado en tan solo veinte años de una temporalidad de guerra a una de posconflicto.

Palabras clave: Posguerra, víctimas, justicia transicional, memoria, olvido.

To Our Celestial Bodies. Depicting Forced Disappearance in Colombia: Testimony as a Site of Memory and a Politics of Reparation

Abstract

This article aims to question the relationship between memory and forgetting within the experience of transitional justice processes initiated in Colombia in the mid-2000s. It discusses the case of victims of enforced disappearance who, once included under the legal category of “victim,” have become the focus of extensive efforts in terms of dissemination, investigation, and recognition since the signing of the 2016 Peace Accords. The analysis draws on fieldwork conducted between 2019 and 2022 as part of the REVECO project, while also building on a broader research experience that began in 2008. It examines the role of testimony within the current politics of memory and reparation in Colombian society, which, over the course of twenty years, has transitioned from a time of war to a “post-conflict” temporality.

Keywords: Post-war transition, victims, transitional justice, memory, forgetting.

Aos nossos corpos celestes. Representar o desaparecimento forçado na Colômbia: o testemunho como questão de memória e política de reparação

Resumo

Este artigo propõe uma reflexão sobre as relações entre memória e esquecimento na experiência dos processos de justiça de transição iniciados na Colômbia em meados dos anos 2000. Discute o caso das vítimas de desaparecimento forçado que, ao serem incluídas na categoria jurídica de “vítima”, tornaram-se objeto de um importante trabalho de divulgação, investigação e reconhecimento desde a assinatura dos Acordos de Paz de 2016. As análises baseiam-se em pesquisas de campo realizadas entre 2019 e 2022 no âmbito do projeto REVECO, articulando-se também a uma experiência de pesquisa mais ampla iniciada em 2008. O texto examina o papel do testemunho nas políticas de memória e de reparação atualmente em curso na sociedade colombiana, que, ao longo de vinte anos, passou de uma temporalidade de guerra a uma temporalidade “pós-conflito”.

Palavras-chave: saída da guerra, vítimas, justiça de transição, memória, esquecimento.

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Tiphaine Duriez

Maîtresse de conférences

Université Lumière Lyon 2/ LADEC

 

 

 

À nos corps célestes. Figurer la disparition forcée en Colombie : le témoignage comme enjeu de mémoire et politique de réparation

INTRODUCTION

« Ce qui est advenu décide donc de ce qui sera exhumé ou au contraire abandonné aux ténèbres de l’oubli »

(Emmanuel Terray, « L’histoire et ses possibles », in Le Genre humain, Paris, Le Seuil, n°35, février 2000, p.182)

En juin 2011, alors que je me trouvais à Bogota, le Congrès de la République de Colombie adopta la loi 1448, connue sous le nom de « Loi des victimes et de restitution des terres ». À cette époque, je menais une recherche doctorale sur les reconfigurations urbaines du desplazamiento forzado por la violencia dans les périphéries sud de la capitale colombienne. L’adoption de cette loi eut un impact direct sur mon sujet de recherche. En effet, la loi prévoyait une refonte du cadre normatif pour les citoyens reconnus comme desplazados. Aussi, sa ratification entraîna une double transformation sur mon terrain d’étude. D’une part, les desplazados devinrent des victimes parmi d’autres, eux qui, jusqu’alors, incarnaient l’existence d’un conflit armé interne sans nom (Gutiérrez Sanín, Wills Obregón & Sánchez Gómez, 2006). D’autre part, l’élargissement de la catégorie des victimes à d’autres violations des droits humains renforça la nécessité de reconnaître un conflit armé interne en Colombie. La réception de cette loi marqua donc un tournant dans la compréhension de la situation armée du pays et, par extension, dans les modalités de sa résolution. Cependant, que ce soit parmi les acteurs avec lesquels je réalisais mon enquête ethnographique ou au sein de l’opinion publique, l’adoption de la loi 1448 suscita un débat au sein de la société colombienne. Certains y voyaient un risque, tandis que d’autres y voyaient un espoir. Pour les premiers, l’application de la loi, en prévoyant de dédommager les victimes, notamment par la restitution de terres, risquait de conduire la Colombie à la ruine. Pour les seconds, la ratification de cette loi représentait une avancée démocratique majeure pour la justice sociale d’un pays qui se niait à nommer la guerre. Entre ces deux positions, certains n’en attendaient rien, considérant la mesure comme une simple figure de style.

À l’échelle de mon terrain, personne ne savait comment cette loi serait appliquée et tout le monde craignait sa mise en œuvre opérationnelle. Pour autant, une chose était certaine : avec sa ratification, le gouvernement venait de reconnaître officiellement, bien qu’indirectement, l’existence d’un conflit armé interne en Colombie. À l’échelle nationale, cette reconnaissance légitima le déploiement et le soutien institutionnel d’un important travail de mémoire, initié dans le cadre de la loi de Justice et Paix de 2005. Centré sur les victimes, ce travail renforça la légitimité de l’organisation politique de la sortie de guerre négociée entre le gouvernement colombien et la guérilla FARC, de 2012 à 2016. Ces dialogues aboutirent à la signature des Accords de Paix de 2016, permettant la démobilisation, le désarmement et la réinsertion de l’une des plus anciennes guérillas actives d’Amérique latine et du pays[1] Néanmoins, la ratification des Accords ne fit pas consensus. Le référendum organisé suite à la présentation du texte par l’exécutif donna une majorité de « Non » à la paix par rapport au « Oui » (Rodríguez Cuadros, 2016). Ce résultat m’incita à retourner sur le terrain en 2018 pour observer cette transition politique, qui faisait progressivement basculer la Colombie d’une temporalité de guerre à une temporalité de paix.

Ces observations ont conduit au dépôt d’un projet de recherche axé sur la transformation des représentations sociales et culturelles de la violence armée depuis la signature des Accords de Paix de 2016. Dans ce cadre, j’ai mené des observations ethnographiques dans des musées, des expositions photographiques et des pièces de théâtre. Par la suite, je me suis entretenue avec celles et ceux qui les avait construites pour en connaître l’histoire, mais aussi l’expérience. En parallèle, j’ai confronté mes analyses à celles d’agents institutionnels dont le champ d’action recoupait les thèmes du conflit armé, du processus de justice transitionnelle et de la prise en charge des victimes. Enfin, j’ai enrichi mes réflexions par des lectures et des échanges avec celles et ceux avec qui j’avais noué des liens lors de mes précédents travaux de recherche, qu’ils soient ou non victimes du conflit armé interne.

Ces échanges et expériences m’ont amenée à interroger le rôle de la mémoire dans un contexte de transition particulier : celui de l’organisation politique d’une sortie de guerre au demeurant active. En effet, que ce soit en tant que dispositif ou pratique narrative, la mémoire était érigée en symbole de réussite. Porteuse de promesses de réconciliation, sa fragilité était pourtant souvent soulignée. Car comment faire mémoire de quelque chose qui n’est pas révolu ? Comment marquer l’avant et l’après-guerre alors que les affrontements armés persistent et que la suspicion demeure ? Comment garantir un traitement équitable du souvenir ? Et comment s’assurer que le travail et la diffusion de cette mémoire soient bien ceux d’une mémoire pour la paix, et non pour la guerre (Wills Obregón, 2022) ? Ainsi, le maintien de la violence armée sur les territoires entravait l’exercice de narration du conflit. Pourtant, tous s’accordaient à dire que la reconnaissance des victimes était indispensable et qu’elle ne pouvait se faire sans diffuser leur mémoire. Mais qui sont les victimes, et de quoi sont-elles victimes ?

 Éliciter la violence : la voie des victimes

 En Colombie, la catégorie (Quéré, 1995) de victime[2] s’applique à plus de neuf millions huit cent mille personnes[3]. Compilée dans le Registre Unique aux Victimes (RUV), ces chiffres recoupent seize types d’infractions aux occurrences variables[4]. Dans ce pays comme ailleurs, il n’y a donc pas une, mais des victimes (Lefranc, 2022, p. 252). Leur pluralité nous invite donc à penser la multiplicité des violences, des conflits et des processus de paix colombiens (Tous, 2020) engagés dans le conflit interne.

Bien que le conflit armé contemporain remonte au milieu du XXe siècle, l’histoire de ce pays a été marquée par l’exercice de la guerre et les négociations politiques qui leur ont succédées, et ce, depuis son accession à l’indépendance. Aussi, l’élicitation (Dousset, 2018) de la violence armée qui le traverse n’est pas chose facile. La Colombie semble rester « prisonnière d’un mouvement pendulaire entre la guerre et la paix » (Sánchez Gómez, 2006, p. 27), ce qui complexifie tout exercice de périodisation du conflit. Malgré les traités de paix, les violences n’ont jamais pris fin et ont accompagné le déplacement des centres d’intérêts qu’ils ont entériné. Inscrit dans la longue durée (Braudel, 1958), les affrontements armés alimentent ainsi « des interprétations contradictoires concernant l’histoire, l’inclusion et la justice sociale » (Salcedo, 2015, p.14), au point que « la violence est perçue comme faisant partie de la vie » (Corten, Côté, 2008, p. 375).

Cette « guerre sans nom » (Gutiérrez Sanín, Wills Obregón & Sánchez Gómez, 2006) a impliqué plusieurs acteurs armés : guérillas, groupes paramilitaires, cartels et forces armées étatiques. Leur cohabitation n’a pas été linéaire. Pendant plus d’un demi-siècle, deux ou plusieurs d’entre eux se sont livrés à des combats asymétriques. Nombre de ces acteurs armés se sont démobilisées au cours des dernières décennies, mais les espaces libérés n’ont jamais été totalement exempts de combats. Le retrait d’un groupe se solde souvent par l’arrivée d’un autre (Grajales, 2016), conférant à la guerre un caractère permanent. Ce « caractère permanent de la guerre révèle qu’il n’y a jamais eu de victoires décisives, mais des parenthèses au cours desquelles les hostilités se sont prolongées par d’autres moyens » (Sánchez Gómez, 2021, p. 111).

Parmi ces moyens, les affrontements armés par population civile interposée occupent une place particulière. Ils constituent à la fois une cause et un effet du maintien de ces dynamiques. En effet, la situation de violation généralisée des droits humains qu’ils provoquent engage la responsabilité de l’État dans le maintien de l’ordre (Rodriguez-Daviaud, 2010, pp.  40-41). Mais dans sa contre-offensive, il s’est appuyé sur le déploiement de la doctrine militaire contre-insurrectionnelle, laquelle repose sur la figure de l’« ennemi intérieur »[5]. Aussi, depuis les années 1970, cette situation tend à présenter les sujets des exactions armées comme des dommages collatéraux de la guerre, influençant la construction de la mémoire sociale du conflit armé interne pour deux raisons.

Premièrement, en légitimant ces violences contre l’insurrection, elle a hiérarchisé les vies (Butler, 2010). Certaines ont été jugées plus dignes de compassion que d’autres, suspectées d’être responsables de leurs malheurs. Dans ce contexte, on retrouve la figure du militant politique et du détenu-disparu. Deuxièmement, ce déchaînement de violence, dirigé contre tous sans distinction, a fragmenté les milieux de mémoire (Nora, 1984). En faisant de la rumeur une arme de destruction massive, l’usage de cette doctrine a isolé le récit sur la violence. Or, c’est à cet isolement que tentent de répondre les politiques de mémoire. Ces dernières se sont multipliées à l’occasion de l’instauration de processus de justice transitionnelle dans les années 2000. Mais qu’entend-on par processus de justice transitionnelle ? Et quels furent-ils en Colombie ?

 

  1. Sortir du conflit : un processus en trois temps

 Les processus de justice transitionnelle peuvent être définis comme « l’ensemble des processus visant à remédier aux violations des droits de l’homme commises dans le passé à la suite de périodes de troubles politiques, de répression étatique ou de conflits armés » (Lefranc, 2022, p. 15 – citant T. Olsen, L. Payne et A. Reiner, 2010, p. 11). Engagés pour mettre fin aux violences qui rythment le quotidien des civils en temps de guerre, de conflit ou de régimes autoritaires, ils apparaissent comme des sortes de « guide[s] de sortie du conflit » (Lefranc, 2022, p. 13) destinés à des « gouvernements ni vaincus, ni vainqueurs, mais tenus de s’entendre avec leurs prédécesseurs » (Ibid., p. 51). Cette approche repose sur deux impératifs. Premièrement, l’application d’une justice transitionnelle implique que les parties prenantes identifient des intérêts communs à sortir du combat. En effet, c’est la défense de ces intérêts qui fera des ennemis d’hier les alliés de demain. Deuxièmement, ces intérêts doivent œuvrer pour le bien commun. En cela, la médiatisation de la valeur morale du processus est essentielle. Elle doit permettre aux « Nous indivisés » (Clastres, 1977, p. 163) de se fédérer autour de ces nouvelles règles de l’échange afin de garantir « la sécurité ontologique fondamentale de toute société […] Le soi et l’identité étant les victimes collatérales de la guerre » (Lefranc, 2022, p.  65 – citant C. Nordstrom, 1998, pp. 107-108).

Atteindre ces deux objectifs suppose de s’accorder sur les conditions matérielles qui succéderont à l’arrêt des combats, mais pas seulement. Pour instaurer une « paix positive », il faut aussi construire les conditions idéelles nécessaires à la pleine applicabilité de cette transition sociale et culturelle. L’articulation de ces paramètres matériels et idéels a conduit le gouvernement colombien à soutenir le développement de politiques mémorielles. En effet, pour s’entendre, il fallait parler de la même chose ou, tout du moins, partager une même version de ce dont on voulait sortir. Cette nécessité s’est exprimée dans un objectif : saisir la vérité de ce qu’a été, pour les parties prenantes et les non-partisans, le conflit armé interne.

Ainsi, à partir des années 2000, la mémoire est devenue un paramètre politique majeur en Colombie. Deux processus de justice transitionnelle illustrent bien cet enjeu : la Loi 975 de 2005, dite « Loi de Justice et Paix », ainsi que les « Accords de Paix » de 2016. Le premier a permis la démobilisation des groupes paramilitaires, tandis que le second a abouti à celle des FARC. Ces deux processus ont permis d’éliciter la violence armée du conflit interne. Cependant, ils ne furent pas reçus de la même façon, car là où le second a d’emblée identifié la mémoire comme mécanisme de réparation, le premier a été amené à s’en saisir « malgré lui » suite à la création d’un Groupe de Mémoire Historique (GMH)[6]. Ce qui a changé, entre les deux, c’est l’adoption de la loi 1448 dite « Loi des victimes et des restitutions des terres ». Son adoption a conduit à l’institutionnalisation d’un travail de mémoire qui a permis d’éliciter les tenants et aboutissants du conflit armé interne. En rendant manifeste la situation d’impunité vécue par les victimes, elle a permis d’en faire l’unité narrative justifiant une « transition vers « plus » de démocratie » (Lefranc, 2022, p. 232).

 Du post-conflit aux post-accords : la mémoire comme champs de bataille

Reconnaître le conflit armé interne suppose d’en faire la mémoire. Cependant, les modalités de narration et la construction sociale de cette mémoire doivent éviter de devenir hégémoniques, car une question demeure sensible : quels seront les usages de ces récits ? S’agit-il de mémoire pour la paix, ou de mémoire pour la guerre (Wills O., 2022) ? À l’instar des autres membres du GMH, cette chercheuse a toujours défendu la nécessité de prendre en compte la pluralité des voix citoyennes ayant vécu le conflit armé interne. En cela, la mémoire historique ne cherche pas seulement à faire éclater la vérité, mais prend en compte son aspect multidimensionnel. Aussi, elle s’avère précieuse pour adapter les réparations promises aux besoins exprimés par les victimes. Malgré tout, des dissonances émergent lorsqu’il faut faire correspondre le volet matériel des réparations aux dimensions symboliques qu’elles sous-entendent. Mais à quoi cela tient-il ?

Dans les faits, la mémoire nationale a souvent tendance à se matérialiser dans des lieux lorsque le milieu qui la transmettait disparaît (Nora, 1984). En Colombie comme ailleurs, les lieux de mémoire apparaissent dès lors comme des « bastions sur lesquels on s’arc-boute » (Sánchez Gómez, 2020, p. 321), participant ainsi à la construction d’une représentation temporelle de la Nation se voulant unitaire. Or, la Nation colombienne est à la fois pluriethnique, multiculturelle (Agudelo, 2006) et spatialement fragmentée. Plusieurs approches du temps y coexistent sans forcément se côtoyer. L’expérience du conflit n’implique donc pas les mêmes incertitudes existentielles ou systémiques (Dousset, 2018) selon les groupes observés. Dès lors, la difficulté que pose l’écriture de ce passé commun est liée à la fois au format proposé et à sa réception par les sujets de cette histoire. Ces protagonistes ont été victimes de violations de leurs droits. Ce qu’ils demandent, c’est le rétablissement effectif de ces droits, dans le temps et dans l’espace. Or, ce rétablissement peut comporter un volet matériel, mais pas toujours. Il est des pertes qui ne peuvent pas être monétairement compensées, à l’instar de celles d’un écoumène ou d’une langue. Par ailleurs, ces situations de violence ont souvent conduit à la marginalisation de celles et ceux qui en ont été victimes. C’est là qu’intervient la réparation symbolique. On entend par ce terme « toute action mise en œuvre en faveur des victimes ou de la communauté en général et dont le propos vise à garantir la préservation de la mémoire historique, la non-répétition des faits préjudiciables, la reconnaissance publique des préjudices subis, les demandes d’excuses publiques et la restauration de la dignité des victimes » (Article 141, Loi 1448, 2011). Parfois, matérialité et symbolisation se télescopent, comme me l’a témoigné l’ancien directeur du CNMH à l’occasion d’un entretien, alors qu’il évoquait l’un de ses souvenirs sur le terrain :

« Je me souviens d’une visite à Tumaco. Quelqu’un s’est levé et m’a dit "Profe, c’est qu’ici, on sait que la mémoire est importante, avec tout ce qui s’est passé et tout. Mais nous, on voudrait un musée spécial ici. Parce qu’ici, on a beaucoup d’inondation, alors on voudrait que le musée puisse aussi servir de lieu d’hébergement d’urgence". Alors tu vois, il y a ce débat ici, entre le symbolique et le matériel. […] "On ne veut pas de monument, on veut une école, un pont… " […] C’est à cela que la doctrine de la Justice différentielle tâche de répondre. Elle essaie de différencier les responsabilités propres à l’État, en tant qu’État, et celle propre à l’État vis-à-vis de son engagement à réparer les victimes du conflit armé interne. Ici, tout se mélange ». (Gonzalo Sanchez, mai 2022)

Cet extrait d’entretien illustre bien cet enchevêtrement entre matérialité et symbolisation. Lorsque cet habitant de Tumaco se lève pour exprimer son adhésion au travail de mémoire, il ne le fait pas parce qu’il estime que cette mémoire va se perdre. Ici, « on sait […] tout ce qui s’est passé ». Ce que l’on ne sait pas, c’est qu’il va se passer, parce qu’ici « il y a beaucoup d’inondation ». L’urgence n’est pas à la préservation du récit, qui se transmet, mais à celle de son milieu, qui le préserve. A l’inverse, il est des cas où on ne sait pas ce qu’il s’est passé, comme ce fut le cas avec les disparus :

« La disparition forcée en Colombie, c’est plus de 80 000 personnes […] on ne sait pas de quoi il en retourne. Il y a beaucoup de cas où on ne sait pas si elles sont encore vivantes, ou si elles sont mortes. […] On ne sait pas où elles sont. » (Camilo Delgado, mai 2022)

Ne pas savoir « de quoi il en retourne » impose de composer avec une mémoire tissée d’oubli, comme un « texte à trous » avec lequel il faut composer selon un principe de concordance des temps. Dans ce contexte, le travail de mémoire devient tout autre. Certes, il s’inscrit dans un devoir, mais aussi dans une lutte visant à « faire apparaître les disparus » en rendant audible le silence qui caractérise ce crime de lèse-humanité. Des recherches sont menées pour retracer l’histoire des personnes disparues, mission confiée à l’Unité de Recherche des Personnes Portées Disparues (UBPD) par le Système Intégral pour la Paix, créé suite aux Accords de Paix de 2016. La matérialité de la disparition réside donc dans cette recherche et dans sa médiatisation. Cependant, la répétition du phénomène laisse planer des doutes quant à l’avenir de ces histoires. Les organisations des proches de disparus ne sont pas forcément à l’aise à l’idée de laisser le travail de mémoire de ce crime de lèse-humanité à l’État, car « on ne sait pas quel sera le gouvernement de demain. Rien ne garantit que les monuments restent, ou que les souvenirs qu’ils défendent soient perpétués » (Extraits d’entretien, mai 2022).

Cette incertitude conduit à opposer aux lieux de mémoire l’édification de dispositifs contre-monumentaux. Ces contre-monuments n’ont pas vocation à livrer d’eux-mêmes le message qu’ils figurent. Ils matérialisent l’empreinte des effets du conflit sur le quotidien de leurs victimes et, en cela, invitent à exercer un devoir de mémoire qui dépasse le lieu et le temps qui leur sont assignés. Ils se présentent comme des supports au travail de mémoire qu’implique la mise en récit des événements et, dans le contexte colombien, ils sont particulièrement employés dans la narration des crimes de guerre perpétrés durant le conflit armé interne, toujours présents.

  1. Remédier à l’oubli : de l’isolement au rassemblement des milieux de mémoires

Au cours des terrains réalisés dans le cadre du projet REVECO, un dispositif contre-monumental a particulièrement attiré mon attention : le projet « Ausentes, Estrellas Presentes ». La première fois que j’en ai entendu parler, c’était lors d’un entretien avec le directeur du Centre Mémoire, Paix et Réconciliation (CMPR). Le CMPR se présente et est présenté comme un outil au service de la construction de la paix. Cet espace accueille des projets portés par des organisations citoyennes qui œuvrent en ce sens. Ainsi, les expositions qui y sont diffusées impliquent une participation directe des milieux qui les soutiennent. Plus qu’un lieu de mémoire du conflit armé, c’est donc un lieu qui permet un travail de cette mémoire à portée sociale.

Alors qu’il me présentait les missions globales du Centre, le directeur du centre a rapidement évoqué le projet « Ausentes, Estrellas Presentes ». Son aboutissement, impliquant une performance mémorielle, avait eu lieu le 4 novembre 2021 et constituait pour lui un temps fort dans l’évaluation des missions du Centre. Il m’a raconté qu’il avait voulu réaliser ce projet après avoir vu Nostalgie de la lumière, du réalisateur chilien Patricio Guzmán, car il partageait avec lui une interrogation sur les traces et leurs fonctions mémorielles : que reste-t-il lorsque les réponses aux questions que l’on se pose se formulent dans le néant ? Il m’a raconté que :

 « L’idée de départ, c’était de mettre à profit les connaissances en astronomie du Planétarium pour permettre aux familles des personnes disparues de nommer les étoiles du nom de leurs disparues. […]. Dès le départ, ce projet souhaitait donc réunir les familles des personnes détenues-disparues […] On voulait construire une espèce de dispositif, on ne savait pas vraiment lequel, mais on voulait qu’il puisse s’inscrire dans la ville et qu’il s’arrime à une activité reposant sur des étoiles qui, visibles dans le ciel, seraient liées aux personnes disparues. C’était notre idée initiale. » (José Antequera, mai 2022)

Cet extrait d’entretien souligne l’importance du lien dans la recherche de réponses. Il s’agit de reconnaître ce que la disparition forcée implique pour celles et ceux qui y sont confrontés. Le projet visait ainsi à réunir des associations en leur proposant de co-construire un milieu commun à leur expérience de la disparition forcée, milieu qui devait refléter la certitude que l’issue de ces histoires restait incertaine. En délégant ce témoignage aux étoiles, il s’agissait de concevoir un dispositif permettant de répondre à l’incertitude existentielle générée par la disparition forcée, mais aussi à son incertitude systémique, « car une étoile morte brille encore ». Ainsi, il me raconta :

 « […] avec les familles des organisations de personnes disparues, nous nous sommes entretenus avec le Planétarium pour construire le projet et, au final, plutôt que de nommer des étoiles, nous avons choisi de construire des constellations. Ces constellations ont été travaillées à partir de cartes du ciel et de leurs astérismes. La disposition des étoiles sur ces cartes devait correspondre au jour et à l’heure où la disparition a eu lieu, avec comme idée que ces cartes permettaient de refléter cette situation. Ces cartes du ciel ont été remises aux familles des disparues. Elles ont aussi été versées aux Archives de Bogotá, et elles ont servies de support pour l’évènement que nous avons organisé. Mais ces cartes, elles ont aussi été imaginées pour permettre à d’autre personnes, à d’autres familles de disparus, de pouvoir faire cet exercice […] Avec ce projet, on voulait vraiment articuler les familles des organisations de personnes disparues vivant à Bogotá. C’est un projet qui voulait renforcer ces organisations. […] » (José Antequera, mai 2022).

La dimension participative de l’exposition fut régulièrement soulignée au cours de cet échange. Au-delà de l’événement, il s’agissait d’une démarche visant à « articuler les familles des organisations de personnes disparues présentent à Bogota » et à co-construire des témoins capables de diffuser leur expérience au-delà de l’espace et du temps de leur avènement. Cette dimension collective fut également abordée lorsque je me suis entretenue avec Carolina, l’une des deux chargées de projets du CMPR ayant accompagné le processus de co-construction de cette action publique mémorielle. Pour elle, ce fut « l’une des plus grandes réussites » du projet, car « pour la première fois, ces organisations […] se sont réunies autour d’un projet commun […] tel que celui d’« Ausentes, Estrellas Presentes ».

Selon elle, la difficulté à mobiliser ces associations autour d’un projet commun découlait de deux facteurs. Le premier était relatif à leur répartition sur le territoire. Les associations de disparus du District Capital sont nombreuses et les regrouper représentait un véritable défi logistique, aussi bien en termes de temporalité qu’en terme de mobilité. Le second facteur était relatif à la méfiance des associations vis-à-vis des institutions qui, jusqu’en 2011, ne reconnaissait pas les proches des personnes victimes de disparition forcée comme victimes elles-mêmes. Pendant des décennies, les crimes perpétrés envers leurs proches ont été « isolés » de la narration du conflit armé interne. Cette mise à l’écart a participé d’un repli de ces milieux de mémoire sur eux-mêmes. Certes, ces associations avaient comme point commun d’expérimenter l’incertitude de la disparition, mais c’est précisément cette incertitude qui les a conduites à ne pas se regrouper et à se préserver en tant que milieux de mémoire. Alors que Carolina m’expliquait cela, elle insista sur la dimension pérenne de l’incertitude générée par ce crime de lèse-humanité :

« Parce que l’idée des étoiles, c’était aussi de dire que, comme les personnes disparues, elles allaient toujours rester ici. Beaucoup de personnes disparues n’ont pas été retrouvées en Colombie. Pour autant, comme les étoiles, on ne les effacera jamais, même si on ne les voit pas. On ne pourra jamais nous les enlever, au même titre qu’on ne pourra jamais nous retirer le ciel, parce qu’il est public, jusqu’à maintenant en tout cas… […] Donc on a travaillé avec le Planétarium de Bogotá pour permettre aux familles de personnes disparues d’accéder à ce savoir, disons, scientifique […] mais aussi parce que l’espace du Planétarium accueille un public qui ne va pas forcément venir voir nos expositions. […] Pour qu’une action symbolique puisse acquérir une dimension réparatrice, il faut aussi que le message porté puisse atteindre des personnes qui ne se sentent pas directement concernées par le sujet de l’action. Et puis il ne faut pas oublier que ce projet est né dans un contexte particulier. Parce qu’avec tout ce qu’il s’est passé l’année dernière, avec les mobilisations sociales d’ici, en Colombie, on ne peut pas faire comme si cette pratique n’existe plus. Elle n’a pas disparue. On ne peut pas dire que c’est derrière nous et que ça n’arrivera plus jamais. C’étaient des choses qui avaient lieu, au moment où nous avons fait ça. Donc on voulait le visibiliser, on voulait faire savoir que c’est une pratique qui a été utilisée, mais qui continue d’être utilisée, et les gens ont besoin de le savoir. Ils ont besoin de le savoir, et de comprendre que c’est un fait extrêmement douloureux pour les familles qu’il touche. » (Extraits d’entretien, mai 2022)

À mi-chemin entre devoir de mémoire, réparation symbolique et prévention des abus de mémoire, le projet « Ausentes, Estrellas Presentes » entend remédier à l’oubli entourant la pratique des disparitions forcées en revenant sur ce qu’il s’est passé, tout en le conjuguant au présent. En effet, « c’étaient des choses qui avaient lieu » au moment de la réalisation du projet, raison pour laquelle « en Colombie, on ne peut pas faire comme si cette pratique n’existe plus. Elle n’a pas disparu. On ne peut pas dire que c’est derrière nous et que ça n’arrivera plus jamais. ». Dès lors, si ce projet se présente comme un acte mémoriel, il va au-delà de cette seule définition. Il est aussi un témoignage de ce qui doit être mémorable, à savoir la lutte engagée par les familles des disparus pour faire reconnaître ce crime de lèse-humanité dont la pratique demeure active. Cette mémoire est portée par un milieu qui, pendant longtemps, a souffert d’un stigmate de déviance (Goffman, 1975), à l’instar de l’ensemble des citoyens victimes du conflit armé interne. En cela, pour l’astrophysicien responsable du projet pour le planétarium :

« […] appuyer ce projet, c’était aussi une forme de reconnaissance pour les victimes. Elles nous l’ont dit […] C’était une forme de soutien, de reconnaissance de leurs luttes, de leur engagement pour une cause juste. […] Et ça a été une expérience très… très… Lier l’astronomie à une cause sociale, ça a été très fort pour moi. […] Je ne connaissais pas ce thème […] et c’est un thème difficile, parce que même si tu ne connais pas la personne, tu te rends compte que ça a détruit leur vie. Tu te rends compte qu’on a détruit leur vie. » (Camilo Delgado, mai 2022)

En effet, les gens ne disparaissent pas « comme ça » : on les « fait disparaître », ou bien ils décident de disparaître d’eux-mêmes. L’absence, si elle est certaine, n’est jamais rationnelle, car les modalités de son avènement restent inconnues, tout comme l’issue de la recherche des personnes disparues. C’est en cela que « ça a détruit leur vie ». « Faire disparaître quelqu’un » met à l’épreuve les systèmes d’intelligibilité. L’impossibilité du deuil empêche la construction d’un récit de l’événement, car le « disparu est moins un mort qu’un absent susceptible de revenir à tout moment » (Garcia Castro, 2002, p. 56). Or, « ce récit demande à être fait, pour soi-même et pour les autres » (Ibid., p. 63), mais puisqu’il n’y a pas de corps, pas de tombe, ni de lieu où se recueillir, son dénouement reste incertain. Aussi, pour les victimes de ce crime, figurer la disparition en ayant recours aux étoiles leur assure une forme de stabilité dans leur travail de deuil, car « les étoiles représentent le dernier lieu de mémoire qu’on pourra nous enlever » (Espinosa Moreno, 2022, p. 157). Le choix des étoiles répond donc à une problématique de lieu, mais aussi de temps.

Car si « Ausentes, Estrellas Presentes » se présente comme un contre-monument, c’est d’abord parce que le récit n’est pas clos. J’ai ainsi pu observer d’autres dispositifs mémoriels au cours des missions du projet REVECO qui, empruntant aux étoiles leur pouvoir de figuration, se situaient dans des lieux de mémoire bien identifiés. Ainsi, au Museo Casa Memoria de Medellín, la dernière salle du parcours d’exposition s’appelle la « salle du souvenir » et propose une immersion dans un lieu étoilé. Plongée dans le noir, les corps célestes sont artificiellement représentés par de la lumière qui ne s’éteint jamais. Là défilent des photographies de personnes disparues, leur déroulé complet représentant plus de 24 heures de projection, avec un algorithme veillant à ce que ces assemblages de photographies soient projetés de manière aléatoire et non répétitive. Ce lieu de mémoire, comme ce contre-monument, atteste de ce qu’Henry Rousso a établi concernant les modalités communes de la construction du souvenir à savoir que :

« Partout où des peuples, des nations, des groupes sociaux se trouvent confrontés au legs d’un évènement traumatique – guerre, dictature, génocide –, s’impose l’idée qu’il faut lutter contre l’oubli qui menace et faire le plus rapidement possible la lumière sur les évènements passés. […] » (Rousso, 2016 : 276). Or, force est de constater que « Partout où l’emporte cette « volonté de mémoire », on trouve des aspirations et des formes d’action comparables. […] Les associations de disparus en Argentine et au Chili en sont des exemples les plus connus : elles ont permis de passer d’une politique du « faire disparaître » à une politique du « faire apparaître ». » (Rousso, 2016, p. 279). ».

Dans ce contexte, le choix d’arrimer cette mémoire à un élément de l’environnement témoigne d’une volonté de remédier à l’incertitude générée par la disparition en opérant par analogie. Pour leurs familles, les disparus sont « comme » des étoiles. Même si on ne les voit pas, on sait que, comme « les étoiles, [ils] sont là, [ils] restent là […] » (José Antequera, mars 2022) et que même si, comme les étoiles, ils peuvent être morts sans qu’on le sache, ils n’en demeurent pas moins « vivants, à travers notre mémoire et de nombreuses autres façons. Pour nous, ce qu’ils ont fait, c’est donner leur vie pour semer davantage de vie. Ce qu’ils voulaient, c’était les faire disparaître, mais ils n’y parviendront jamais ; c’est notre mission. » (Espinosa Moreno, 2022 : 157). Mais qu’en est-il de celles et ceux qui, portés disparus par leurs proches, sont toujours en vie et ne souhaitent pas qu’ils le sachent ?

  1. Face aux absents : l’enjeu du témoignage

Dans les conflits armés, qu’ils soient ouverts ou latents, les incertitudes entourant les pratiques de disparitions forcées sont nombreuses. Si l’on comprend aisément leurs dimensions existentielles, elles sont aussi productrices d’incertitudes systémiques (Dousset, 2018). Cela tient à deux raisons : leur caractère massif et leur pérennité. Dans ce double régime d’incertitude, le témoin occupe un rôle clé : il est celui par qui l’élicitation peut advenir. Ce n’est pas un « passeur de mémoire » : c’est un porteur de sens. Ses souvenirs ont un potentiel heuristique essentiel : ils peuvent dénouer la catastrophe, qu’elle soit heureuse ou malheureuse, et réhabiliter la mémoire du disparu dont le sort reste incertain. Pour les familles victimes de ces disparitions, cette réhabilitation est essentielle pour leur travail de deuil, mais aussi pour leur vie quotidienne. Car si on a besoin des autres pour se souvenir, on a aussi besoin des autres pour oublier la douleur de la perte (Rousso, 2016, p. 16) et pour investir le quotidien. Dans ce travail de réminiscence, les souvenirs s’articulent en récits mémorables pour attester aux vivants la dignité de ces morts incertains et restaurer leur place dans le contemporain. C’est en cela que « le témoin est une figure centrale des communautés humaines. Par son entremise, on peut relier le passé et le présent : le passé de ce qui a eu lieu et le présent de son attestation » (Hartog, 2017, p. 169).

Pour autant, le témoin ne peut à lui seul être un porteur de vérité. Il en est le médiateur et bien qu’il occupe « une place reconnue dans la procédure, elle n’est pas centrale : il n’est qu’un élément de preuve que l’orateur peut mettre en valeur, s’il lui est favorable ou, au contraire, minimiser, s’il lui est contraire » (Hartog, 2017, p. 170). En cela, le témoin témoigne toujours au nom de tiers : il partage ce qu’il a vu afin de faire la lumière sur ce qui fut, mais parfois aussi, il partage ce qu’il a fait, afin d’établir ce qu’il en est.

Cette ambivalence du témoin délégué (Hartog, 2017) est au cœur des activités réalisées par l’Unité de recherche des personnes portées disparues (UBPD). Créée en 2016 dans le cadre des Accords de Paix, l’UBPD instruit des enquêtes à la demande des familles victimes de ces disparitions. Elle est sollicitée par les « témoins délégués » des victimes, en l’occurrence leurs proches qui, dans le contexte colombien, sont considérés comme des victimes à part entière. Cette démarche conduit les enquêteurs à dialoguer avec d’autres témoins délégués ayant un lien direct ou non avec la disparition. Dans les deux cas, ces témoins sont appelés afin d’établir des actes de transgression. Pour cette raison, amorcer une recherche avec l’UBPD ne peut se faire qu’à la demande des familles. La recherche qui s’engage est un processus volontaire dont l’issue reste incertaine et qui, par ailleurs, doit tenir compte de la volonté des victimes, certaines d’entre elles ne souhaitant pas retrouver de corps, mais connaître l’histoire de la disparition :

« Ce que tu dois bien comprendre, c’est que nous, on ne cherche pas des corps. On cherche des personnes. On ne va pas commencer à creuser sur tout le territoire. Ce qu’on fait, c’est une enquête avec pour objectif de découvrir ce qu’il s’est passé. Pour nous, l’objectif, c’est d’apporter des réponses aux familles, pour qu’elles puissent faire leur deuil. Les victimes ont le droit à la vérité. Et des fois, c’est arrivé, on retrouve les gens vivant. […] Dans ces situations, on se doit de respecter un « droit à l’oubli ». Si la personne ne souhaite pas être retrouvé, alors on dit à la famille qu’on est remonté jusque-là et que la piste s’arrête là. […] Le droit à l’oubli, c’est essentiel, car sans ce droit, personne ne nous parlerait. Nos enquêtes reposent sur un principe extrajudiciaire. Sans ce principe, les gens ne nous parleraient pas. On agit sous couvert du droit humanitaire international. Et c’est parce qu’ils savent qu’on ne pourra pas utiliser nos enquêtes dans le cadre d’un procès qu’ils nous racontent ce qu’il s’est passé. […] Comme, par exemple, découvrir qu’une personne portée disparue depuis plus de dix ans, et bien en fait, son corps se trouvait dans un terrain à côté du village, et que le voisin le savait parce qu’il a été réveillé par les acteurs armés en plein milieu de la nuit pour utiliser sa tractopelle et que s’il n’a rien dit, c’est parce qu’alors, il aurait été considéré comme complice, même sous la menace ». (Extraits d’entretiens, mai 2022).

Ces processus volontaires n’ont pas pour finalité d’exhumer des corps, mais de reconstruire la série d’événements qui a conduit cette personne, en particulier, à disparaître. Il s’agit donc de « faire apparaître » les logiques sous-jacentes au déploiement d’une violence ayant conduit à « faire disparaître » des civils, mais aussi des combattants. Pour exhumer un corps, il faut être en mesure d’avancer des preuves attestant de sa potentielle présence sur un lieu. Ce n’est qu’à cette condition que la fouille est autorisée, et si « l’exhumation révèle la présence d’autres dépouilles, par exemple dans une fosse commune, on n’a pas le droit de les toucher. On peut les enregistrer, mais pas les manipuler. Nous, on cherche des personnes, pas des corps, simplement parce qu’il n’y a pas toujours de corps. Des fois, on trouve des fours crématoires. Alors comment on fait ? On ne peut pas ne rien faire. » (Extraits d’entretien, avril 2022)[7].

La mission de la UBPD a pour principal objectif de rétablir la dignité de la vie humaine. Cela vaut pour les personnes portées disparues, mais aussi pour les personnes buscadoras[8]. C’est en ce sens que la UBPD « cherche des personnes ». Son travail consiste à garantir aux « victimes […] le droit à la vérité », ce pour quoi il cherche à lever le voile sur l’histoire des personnes qu’elles recherchent. Parfois, ces histoires conduisent à retrouver la personne dont la disparition avait été signalée. Et parfois, ces personnes sont en vie. Dans ce contexte, c’est toujours parce que prévaut la dignité de la personne que la mission opère selon le principe du « droit à l’oubli ». Ce droit établit que si « on retrouve les gens, [et que la personne] ne souhaite pas être retrouvée, alors on dit à [ses proches] qu’on est remonté jusque-là et que la piste s’arrête là ». En cela, c’est bel et bien le processus de recherche qui entend rétablir la dignité des vivants, pas son issue.

En effet, en mobilisant l’UBPD, les familles des victimes savent qu’elles ne pourront pas poursuivre les responsables de la disparition. Alors quel est l’intérêt pour elles ? Comment justice leur est-elle rendue dans ces processus ? Pour répondre à ces questions, il faut regarder du côté des politiques de reconnaissance permises par ces dispositifs. Cette reconnaissance, parce qu’elle lie un ego (la victime) et un alter (victimaire) par l’intermédiaire d’un tiers (le disparu), offre la possibilité de comparer des incomparables et, ainsi, de les égaliser (Ricoeur, 2004, p. 238) en créant des ponts communs dans l’expérience de la guerre. Ces ponts mettent en exergue la perte qu’expérimente les acteurs pris dans un conflit armé. Aussi, la UBPD cherche tout autant à identifier et, éventuellement, à restituer les corps de civils exécutés par « erreur », que ceux ayant fait l’objet d’un règlement de compte ou ceux tués au combat.

Ces ponts sont indispensables pour penser la paix. Ils lui donnent une substance qui la situe au-delà des négociations. Centrée sur l’accompagnement du travail de deuil, cette recherche commune contractualise le fondement d’un « Nous indivisés » (Clastres, 1977). Elle fait prévaloir l’importance de maintenir vivant le souvenir des êtres chers par-delà les circonstances de leur mort tout en appuyant que le respect de la vie humaine prévaut sur le sens que l’on prête à sa perte. L’inversion de ce rapport mort-vie entérine la nécessaire prévalence de la dimension biographique des disparus du conflit armé interne sur la dimension biologique de leur existence. Avant d’être des corps, ces combattants, militants et opposants furent des personnes arrachées à leur milieu de vie et, face à cette perte, il ne peut y avoir de hiérarchisation dans la souffrance de celles et ceux qui leur ont survécu. C’est parce que ces corps comptent encore que la négociation de la paix se justifie. Cette inversion est nécessaire à l’avènement d’une paix positive, qui doit s’attacher tout autant à la défense des vivants qu’à celle du souvenir de leurs morts. En effet, pour que l’état de paix émerge, la reconnaissance doit s’exprimer de manière mutuelle, ce qui implique qu’elle soit investie d’un caractère réciproque. Or, la figure du disparu permet cette réciprocité, car son cas reste ouvert. Dans la mesure où « on ne sait pas où elles sont » ni « de quoi il en retourne », les processus de recherche menés pour retrouver ces personnes rendent manifeste l’étendue des pertes générées par l’expérience de la guerre et, en premier lieu, la perte de sens. Parce qu’elles reposent sur la libération de la parole, ces recherches ne peuvent aboutir sans les autres. Elles tendent ainsi à créer une unité situationnelle entre victimes, victimaires et concitoyens qui, invitant à penser au-delà du conflit et des acteurs qu’il a engagé, ouvre l’accès aux espaces commémoratifs et légitime la présence du témoin. Les contre-monuments font partie intégrante de ces espaces et font de nous des témoins-délégués de ces crimes contre l’humanité.

Notes de fin 

[1] Plusieurs acteurs armés coexistent en Colombie. Ils ne se sont pas tous démobilisés lors de la signature des Accords de Paix de 2016. Le pays enregistre donc toujours des affrontements armés protéiformes entre l’État, d’autres guérillas (notamment l’ELN – Armée de Libération nationale), des « groupes armés résiduels » (GAR – refus de démobilisation d’anciens membres guérilleros) ou encore des « groupes armés organisés » (GAO – monétarisation de la violence), l’enjeu du narcotrafic étant lié au maintien de ces dynamiques violentes. 

[2]Congrès de la République de Colombie, art. 3, Loi 1448 de 2011

[3] Ces sources sont consultables sur la plateforme internet du Registre Unique aux Victimes et en suivant ce lien : https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/.

[4] Six d’entre elles dépassent le nombre de 100 000 victimes. Il s’agit du déplacement forcé par la violence, des homicides, des persécutions, des disparitions forcées, des confinements et des pertes de propriétés. L’ensemble des statistiques officielles relatives à ces infractions sont consultables en ligne sur la plateforme du Registre Unique aux Victimes du gouvernement de la République de Colombie (https://www.unidadvictimas.gov.co/registro-unico-de-victimas-ruv/).

[5] Comisión de la Verdad, 2022, “La noción de «enemigo interno»”, in No Mataras. Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia, 650 p. – ressources consultable en ligne en suivant ce lien URL: https://www.comisiondelaverdad.co/la-nocion-del-enemigo-interno. Forgée dans les années 1970, la figure de « l’ennemi intérieur » fut clé dans la stratégie militaire contre-insurrectionnelle en Colombie. Utilisée pour démanteler les mouvements armés irréguliers, elle explique souvent les crimes de guerre. Cette doctrine, ne distinguant pas combattants et civils, brouille l’État de droit. Employée durant la guerre froide, elle faisait de chacun une cible légitime.

[6] Chargé de mener des enquêtes sur les faits reprochés aux paramilitaires, le GMH a participé à la diffusion du concept de droit à la vérité en le déclinant dans une dimension à la fois juridique et historique. Sa création a été exigée par dont la création a été entérinée par la « Commission Nationale de Réparation et de Réconciliation », rattachée à la loi 975 de 2005.

[7] Lors d’une mission réalisée en mai 2025 pour le projet REPLICA COLVEN, j’ai pu constater que cette politique avait récemment changé. Depuis fin 2024, l’UBPD analyse tous les corps dits « à l’état de squelette » retrouvés sur les sites dits de « récupération » qu’elle prospecte. Ce changement est dû à des transformations administratives (baisse des ressources), structurelles (temporalité d’action du Système intégral pour la paix) et infrastructurelles (capacités accrues d’analyses biologiques). Bien qu'il ait accéléré l'identification des personnes disparues, il a aussi causé des tensions dans les processus de recherche, tant au sein des équipes qu'avec les acteurs armés présents sur le territoire. Les buscadoras et buscadores ont ainsi été confrontés à de plus nombreux cas de menaces, et d’obstruction à la recherche, certain ayant même été victimes d’homicides.

[8] Le terme « buscadoras » désigne les acteurs qui sont à la recherche d’un proche disparu.

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Pour citer cet article :

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Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale

(2003-2007)

Résumé

Dans Le passé, modes d’emploi. Histoire mémoire, politique (2005), l’historien Enzo Traverso compare la mémoire à « un chantier ouvert, en transformation permanente ». En Argentine, les voix qui se sont élevées contre la répression étatique pendant la dernière dictature (1976-1983) ont ensuite donné lieu à l’élaboration d’une mémoire collective de ce passé traumatique aux échelles nationale et locale. L’arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner en 2003 a marqué un tournant dans le rôle de l’État par rapport à l’élaboration d’une mémoire collective à travers des politiques publiques de mémoire. Pourtant, en 2005, plusieurs associations et assemblées populaires de la ville de Buenos Aires ont fait le choix de mener une nouvelle initiative mémorielle de façon autonome : les « dalles pour la mémoire ». Nous analyserons la genèse de ce projet qui n’a pas impliqué de participation étatique, dans un contexte politique national pourtant favorable à cette mémoire collective.

Mots-clés : Argentine, mémoire, dalles, Buenos Aires

The « tiles for memory » in Buenos Aires: issues of the last Argentinian dictatorship’s memory on a local scale

 Abstract

In Le passé, modes d’emploi. Histoire mémoire, politique (2005), historian Enzo Traverso compares the memory to “an open construction site, in permanent transformation”. In Argentina, the voices that rose against state repression during the last dictatorship (1976-1983) then participated to the development of a collective memory of this traumatic past on a national and local scale. The election of Néstor Kirchner in 2003 marked a turning point in the role of the State in relation to the development of a collective memory through public memory policies. However, in 2005, several associations and popular assemblies in the city of Buenos Aires chose to lead a new memorial initiative independently: the “tiles for memory”. We will analyze the genesis of this project which did not involve state participation, in a national political context that was nevertheless favorable to this collective memory.

Keywords: Argentina, memory, tiles, Buenos Aires

Las “baldosas por la memoria” en Buenos Aires: desafíos de la memoria de la última dictadura argentina a escala local

(2003-2007)

Resumen

En Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique (2005), el historiador Enzo Traverso compara la memoria con « una obra abierta, en permanente transformación ». En Argentina, las voces que se alzaron contra la represión estatal durante la última dictadura (1976-1983) dieron lugar posteriormente a la elaboración de una memoria colectiva de ese pasado traumático, tanto a escala nacional como local. La llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 marcó un punto de inflexión en el rol del Estado en la construcción de una memoria colectiva, mediante políticas públicas orientadas a la memoria. Sin embargo, en 2005, varias asociaciones y asambleas populares de la ciudad de Buenos Aires decidieron llevar adelante una nueva iniciativa memorial de manera autónoma: las “baldosas por la memoria”. Analizaremos la génesis de este proyecto, que no implicó participación estatal, en un contexto político nacional que, paradójicamente, era favorable a la construcción de esta memoria colectiva.

Palabras clave: Argentina, memoria, baldosas, Buenos Aires.

As “lajes pela memória” em Buenos Aires: desafios da memória da última ditadura argentina na escala local (2003-2007)

Resumo

Em Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique (2005), o historiador Enzo Traverso compara a memória a “um canteiro de obras aberto, em permanente transformação”. Na Argentina, as vozes que se levantaram contra a repressão estatal durante a última ditadura (1976-1983) deram origem posteriormente à construção de uma memória coletiva desse passado traumático, tanto em escala nacional quanto local. A chegada de Néstor Kirchner ao poder, em 2003, marcou um ponto de inflexão no papel do Estado na elaboração de uma memória coletiva por meio de políticas públicas de memória. No entanto, em 2005, várias associações e assembleias populares da cidade de Buenos Aires decidiram desenvolver uma nova iniciativa memorial de forma autônoma: as “lajes pela memória”. Analisaremos a gênese desse projeto, que não contou com participação estatal, em um contexto político nacional que, paradoxalmente, era favorável à construção dessa memória coletiva.

Palavras-chave: Argentina, memória, lajes, Buenos Aires.

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Aurélia Gafsi

Doctorante

Sorbonne Université

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 Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale

(2003-2007)

INTRODUCTION

En 2005, plusieurs associations et assemblées populaires de Buenos Aires se sont réunies afin de chercher un moyen novateur pour faire mémoire des victimes[i] de la dernière dictature. Leur intention était d’inscrire cette mémoire dans chaque quartier et de préparer le 30ème anniversaire du coup d’État militaire de 1976. L’idée était de mettre en avant la mémoire individuelle de personnes assassinées ou victimes de disparitions forcées pendant la dernière dictature civilo-militaire argentine (1976-1983). Pendant cette période, les représentants du régime et leurs complices (une partie du clergé, des entrepreneurs, des médecins, des juges…) ont mis en place une violence répressive extrême caractérisée, entre autres, par les disparitions forcées de civils, la torture, les assassinats et la création de plus de 800 centres clandestins de détention dans tout le pays[ii].

Les associations et les assemblées populaires qui se sont réunies à Buenos Aires en 2005 avaient pour objectif de choisir une initiative mémorielle pour élaborer et transmettre la mémoire collective de ce passé violent à l’échelle locale des quartiers. Ces groupes ont choisi de créer des dalles pour donner une visibilité à l’identité et à la mémoire des personnes assassinées ou disparues dans le cadre de la répression dictatoriale. Les dalles sont des objets matériels du quotidien qui occupent l’espace public. Elles matérialisent un travail de mémoire collectif à l’échelle locale qui participe à un ensemble d’initiatives mémorielles à l’échelle nationale. Nous comprenons ici le concept de travail de mémoire comme l’a défini la sociologue Elizabeth Jelin. Elle a souligné que le travail est le « signe distinctif de la condition humaine [qui] transforme la personne et la société en lieu actif et productif » (Jelin, 2002, p. 14). Le processus de fabrication puis de pose des dalles illustre cette dimension « active et productive » des acteurs impliqués. Les membres des associations qui fabriquent et posent des dalles ainsi que les proches des personnes commémorées et les autres participants (voisins, étudiants, artistes…) à ces activités mémorielles sont les acteurs de l’élaboration sociale d’une mémoire collective du passé récent.

La mémoire collective qui va nous intéresser ici est celle qui se centre sur les personnes que la dernière dictature a prises pour cible. Toute mémoire collective se compose de mémoires individuelles qui offrent des fragments du passé. En effet, comme l’écrivait Maurice Halbwachs : « nos souvenirs demeurent collectifs, et ils nous sont rappelés par les autres, alors même qu'il s'agit d'événements auxquels nous seuls avons été mêlés, et d’objets que nous seuls avons vus » (Halbwachs, 1950, p. 6). Les dalles de Buenos Aires transmettent ces mémoires individuelles à l’échelle des quartiers, dans des lieux associés à la biographie des personnes commémorées : domicile, travail, université, lieu de séquestration, etc. Elles donnent ainsi une visibilité aux identités individuelles qui étaient auparavant représentées comme un groupe, celui des « 30 000 » disparus. La disparition forcée est un crime qui implique une disparition physique et symbolique. En redonnant une identité à ces personnes dans l’espace public, les dalles luttent contre ce crime.

Dès la fin de la dictature, cette partie de la société (survivants de la dernière dictature, familles de disparus ou de personnes assassinées, associations de défense des droits humains, etc.) n’a pas cessé d’être active par rapport au travail de mémoire. À partir du retour à la démocratie, avec la prise de fonctions du président Raúl Alfonsín le 10 décembre 1983, cette mémoire collective a commencé à s’élaborer avec plusieurs initiatives que nous aborderons ultérieurement. Pour ce qui est des politiques publiques de mémoire, l’arrivée au pouvoir de Néstor Kirchner le 25 mai 2003 a marqué un avant et un après. Nous verrons dans cet article que son mandat (2003 à 2007) s’est caractérisé par des politiques publiques de mémoire qui ont créé un climat national favorable à la transmission de cette mémoire collective. À la même période, la genèse du projet des « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires a montré le rôle actif d’une partie de la société civile dans l’élaboration et la transmission d’une mémoire du passé récent. Il est intéressant d’observer qu’entre 2003 et 2007, dans un contexte politique national favorable à cette mémoire collective, une partie de ces secteurs a continué d’innover en termes de transmission mémorielle indépendamment du gouvernement. Dans cet article, nous montrerons comment le projet des « dalles pour la mémoire » de Buenos Aires incarne une série d’enjeux mémoriels à l’échelle locale. Pour cela, nous nous baserons sur l’observation participante[iii] de trois séjours de terrain réalisés entre 2022 et 2024, sur une série d’entretiens semi-directifs[iv] et sur les livres publiés par les associations liées aux dalles. Dans un premier temps, nous reviendrons sur le contexte du gouvernement de Néstor Kirchner et nous interrogerons la rupture qu’il a marquée avec les gouvernements précédents par rapport à la gestion du passé dictatorial. Puis, nous analyserons la genèse du projet des dalles mémorielles de Buenos Aires qui a donné une dimension spatiale à la mémoire collective et aux mémoires individuelles de ce passé violent. Enfin, nous montrerons que cette initiative s’inscrit dans la continuité d’un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) entamé au milieu des années 1990 et qui a posé la question de la conception du militantisme des années 1970 dans le présent d’énonciation.

  1. Le contexte du gouvernement national de Néstor Kirchner

Dès son discours d’investiture, le 25 mai 2003, Néstor Kirchner a fait référence au passé dictatorial en annonçant qu’il faisait « partie d’une génération décimée, punie par des absences douloureuses »[v]. La violence évoquée par l’adjectif « décimée » et le substantif « absences » fait bien sûr référence à la répression de la dernière dictature civilo-militaire. L’expression « génération décimée » donne l’impression d’une communauté particulièrement attaquée par la dernière dictature et dont l’un des points communs aurait été l’âge. Il a été prouvé que beaucoup des détenus-disparus étaient très jeunes, voire mineurs, et étudiaient au lycée ou à l’université. En novembre 2015, un rapport du « Programme du Registre Unifié des Victimes du Terrorisme d’État[vi] » a établi que les personnes entre 20 et 29 ans représentent 59,4% des victimes de la répression dictatoriale[vii]. C’est à cette génération que fait référence Néstor Kirchner, lui qui avait 26 ans au début de la dernière dictature. Dans son discours d’investiture, il s’est donc inscrit dans une génération qui a vécu et en a souffert de cette période et il a tissé un lien entre ce passé et le présent en indiquant : « je me suis rallié à des luttes politiques avec des valeurs et des convictions que je ne pense pas laisser à la porte de la Casa Rosada ». Il annonçait ainsi sa volonté de mener des politiques publiques guidées par des convictions politiques qui relient le passé et le présent.

Il est le premier président à s’être présenté comme un allié des associations de défense des droits humains dans ses discours et à travers une série d’actes et de politiques publiques. Le mois de mars 2004 a condensé plusieurs initiatives présidentielles par rapport à la mémoire du passé récent. Le 19 mars, Néstor Kirchner a visité l’ancien centre clandestin ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada) avec des survivants de ce lieu répressif et des associations de défense des droits humains. À l’époque, l’ESMA continuait à fonctionner comme un lieu de formation militaire et était inaccessible au public. Le 19 mars, des survivants de l’ESMA ont donc pu y entrer pour la première fois depuis le retour à la démocratie et en présence du président Néstor Kirchner, de la députée Cristina Fernández de Kirchner (sa femme), du maire de la ville autonome de Buenos Aires Aníbal Ibarra. Cette visite a été vécue par les survivants comme un moment historique. Lila Pastorizo a en effet souligné que cela voulait dire que « l’État assumait la responsabilité de ce qu’il avait provoqué »[viii] pendant la dernière dictature.

Quelques jours plus tard, le 24 mars 2004, une série d’actions très significatives ont été menées par le président à Buenos Aires. Il s’agissait du 28ème anniversaire du coup d’État militaire de 1976. Depuis 2002, le 24 mars est le jour national de la « mémoire pour la vérité et la justice » (loi 25 633). Pour la première commémoration de cette date en tant que président, Néstor Kirchner a mené plusieurs initiatives. Il a signé avec Aníbal Ibarra un accord qui prévoyait la récupération du terrain[ix] et de ses bâtiments par la ville de Buenos Aires pour y créer un « Espace pour la Mémoire, la Promotion et la Défense des Droits Humains ». Il a aussi fait retirer les portraits de Jorge Rafael Videla et de Reynaldo Bignone[x] qui étaient accrochés à l’intérieur du collège militaire. Enfin, il a prononcé un discours dans l’enceinte de l’ESMA après la prise de parole de María Isabel Prigione Greco (une fille de disparus née dans ce centre clandestin et membre de l’association H.I.J.O.S.) et de Juan Cabandié (un fils de disparus et un enfant volé qui avait récupéré son identité en janvier 2004). La participation de cette association souligne les liens qui commençaient à se tisser entre le gouvernement et certaines associations de défense des droits humains. Le président Néstor Kirchner s’est exprimé en ces termes :

Ce n’est plus en tant que camarade et frère de tellement de camarades et de frères avec qui nous avons partagé cette époque-là, mais c’est en tant que Président de la Nation Argentine que je viens demander pardon au nom de l’État national pour la honte d’avoir tu tellement d’atrocités pendant 20 ans de démocratie. (Applaudissements). Disons les choses clairement : ce n’est ni la rancœur, ni la haine qui nous guident, ce qui me guide, c’est la justice et la lutte contre l’impunité[xi].

Le président s’exprimait au nom de l’État argentin pour demander pardon pour le silence et l’impunité[xii] favorisés par les gouvernements des deux décennies précédentes. Il faut néanmoins nuancer l’idée de silence. Les premières années du gouvernement de Raúl Alfonsín (1983-1989) ont été marquées par des initiatives de mémoire et de justice comme la création de la CONADEP (Commission nationale sur la disparition de personnes) et son rapport Nunca Más (1984) ainsi que le procès aux membres de trois des quatre juntes militaires qui se sont succédées (1985). Malgré les lois de « Point Final » (1986) et d’« Obéissance Due » (1987) puis les grâces présidentielle signées par le président Carlos Menem, les années 1990 ne se sont pas caractérisées par une absence totale de politiques publiques par rapport au passé dictatorial récent. Même s’il était presque impossible d’entamer des procès pour crimes contre l’humanité, des lois de « réparation » (lois 24 043, 24 321, 24 411…) pour les victimes de la dictature et leurs familles ont été votées, avec l’intention de mettre fin aux revendications concernant le passé dictatorial. Dans son discours, Néstor Kirchner généralisait donc le silence et l’impunité à toute la période allant du retour à la démocratie (1983) au présent d’énonciation (2004) en omettant les initiatives publiques mentionnées précédemment. Il s’exprimait au nom de l’État, mais il ne se présentait pas seulement comme président. En effet, il a mis en avant trois statuts différents : celui de camarade, celui de frère et celui de président. Les deux premières identités renvoient à un engagement personnel tandis que la dernière évoque l’institution étatique. Le lien entre Néstor Kirchner et les survivants, les familles de victimes, les militants des associations de défense des droits humains dépassait alors le cadre privé pour s’inscrire dans la sphère publique et politique. C’est dans cette dynamique que l’idée de pardon « au nom de l’État national » peut être comprise. Ce discours semblait annoncer donc de futures politiques publiques de mémoire à l’échelle nationale. Il montrait aussi la légitimité attribuée à la « lutte contre l’impunité » des crimes commis pendant la dernière dictature. Dans la dernière phrase citée, le président opposait : d’une part, la rancœur et la haine ; et d’autre part, la justice et « la lutte contre l’impunité ». Il anticipait l’éventuelle critique de certains secteurs de la société —notamment ceux qui sont proches des militaires et les militaires eux-mêmes— qui auraient pu dénoncer une volonté de vengeance[xiii]. Il associait ainsi sa dénonciation du silence institutionnel à une démarche de justice.

Le mandat de Néstor Kirchner s’est caractérisé par des politiques publiques de mémoire dans la continuité du discours du 24 mars 2004 à l’ESMA. Avant cette date, il avait déjà montré sa préoccupation par rapport au passé récent en créant l’Archive Nationale de la Mémoire[xiv]. À partir de 2006, les documents, désormais protégés par cette archive, ont pu devenir des preuves dans le cadre de la réouverture des procès suite à l’annulation par le Congrès des lois dites de « Point Final » et d’« Obéissance Due ». La répression systématique organisée par les différentes juntes militaires entre 1976 et 1983 ayant été clandestine, la question des preuves est centrale, en particulier pour les cas de disparitions forcées et d’appropriations d’enfants. En 2004, le décret présidentiel 715 a établi la création d’une unité spéciale de recherches sur les disparitions d’enfants liées au terrorisme d’État. Cette initiative prolongeait les activités de la CoNaDI (Commission Nationale pour le Droit à l’Identité) qui avait été créée en 1992 pendant le gouvernement de Carlos Menem. Sous la présidence de Néstor Kirchner, les politiques publiques de mémoire et de droits humains ont impliqué un ensemble de lois. En 2004, la loi 25 914 a mis en place la possibilité d’une indemnisation pour les fils et filles de disparus ou les enfants qui avaient été séquestrés dans des centres clandestins. Cette loi renvoie à l’idée complexe et controversée de « réparation » déjà évoquée à propos des lois d’indemnisation votées dans les années 1990. Au-delà de l’aspect économique, la « réparation » peut aussi être symbolique comme c’est le cas lors d’hommages aux victimes de la répression dictatoriale. La dimension commémorative a fait partie de la politique mémorielle du gouvernement de Néstor Kirchner. Avec la loi 26 085 votée le 20 mars 2006, la date du 24 mars est entrée dans la catégorie des jours fériés nationaux inamovibles. Néstor Kirchner s’est donc inscrit dans la continuité de cette loi et a manifesté un soutien institutionnel et étatique à cette commémoration avec la loi de 2006. Son gouvernement a aussi mis en avant d’autres dates associées à la mémoire des victimes de la dernière dictature. Elles ont moins de visibilité mais elles ont une existence légale, ce qui a impliqué une volonté politique et une démarche institutionnelle de la part du gouvernement national. C’est par exemple le cas du 22 octobre qui est devenu le Jour National du Droit à l’Identité (loi 26 001, 2005) en hommage aux revendications des Grands-Mères de la Place de Mai dont l’association a été créée officiellement le 22 octobre 1977.

  1. La genèse des « dalles pour la mémoire » de Buenos Aires : mémoire(s) et espace public

Dévoiler l’identité des disparus et des personnes assassinées pendant la dictature dans l’espace public met en lumière des fragments de leur biographie et de leur mémoire individuelle à l’échelle locale. Le texte commence presque toujours par un verbe conjugué, au singulier ou au pluriel, qui indique le lien entre la personne commémorée et le lieu : « aquí vivió », « aquí estudió », « aquí trabajó », « aquí fue secuestrado/fue secuestrada », « aquí fue asesinado/fue asesinada ». La mémoire acquiert une dimension spatiale car les dalles révèlent les traces du passage des personnes disparues ou assassinées dans chaque quartier. En effet, l’objectif est de mettre en avant « la trace de leur passage par cette ville » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 75).

Les dalles sont le résultat d’un travail de recherche mené à l’échelle locale par des associations de défense des droits humains et des assemblées populaires[xv]. Dans certains quartiers de Buenos Aires, ces recherches ont commencé avant la genèse des dalles en 2005. À San Telmo, les membres de l’association Encuentro por la Memoria[xvi] ont établi une liste des disparus de leur quartier dès 1995-1996. L’idée était de réunir dans cette liste les quartiers voisins de San Telmo, La Boca et Barracas (Bargach Mitre, Sosa, 2014, p. 6). Pour recenser les personnes de ces quartiers qui ont été assassinées ou victimes de disparition forcée pendant la dictature, l’association utilisait le code postal des familles ayant dénoncé la disparition forcée d’un de leur proche. Le code postal est ce qui donne un caractère local à ce travail de recherche. Plusieurs de nos interlocuteurs nous ont expliqué qu’il s’agissait de passer du général —le groupe des victimes de la répression— au particulier —chaque disparu ou personne assassinée dans sa singularité—. Lors d’une visite guidée de l’ancien centre clandestin « Olimpo » (Buenos Aires) en 2022, le guide soulignait que le concept de « disparu » ne dit pas qui étaient les personnes concernées. La seule information qu’il donne c’est l’absence c’est-à-dire les effets de la répression dictatoriale. Le concept de disparu est pensé dans une dimension collective qui a d’ailleurs été centrale lors de la création de l’Association des Mères de la Place de Mai en 1977. Elles s’unissaient pour dénoncer la répression qui ne touchait pas des individus isolés mais toute une partie de la société. L’idée que les disparus appartiendraient à un groupe unifié, ou du moins perçu comme tel par une partie de la société, était résumée par l’expression « todos son mis hijos » utilisée par l’Association des Mères de la Place de Mai. Cependant, les identités individuelles sont mises en avant par d’autres associations comme celles des Mères de la Place de Mai - ligne fondatrice qui portent des foulards blancs avec le nom de leur enfant et la date de sa disparition.

Un autre quartier dans lequel s’est effectué le travail de recherche de l’identité des disparus et des personnes assassinées pendant la dictature à l’échelle locale avant 2005 est celui de San Cristóbal. Les membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad, créée en 1997, ont mené ces recherches. Elles ont conduit à deux initiatives : d’une part, la pose de plus de 80 monolithes mémoriels sur 17 pâtés de maison de l’avenue San Juan en mars 2004 ; et d’autre part, la confection d’un livre en mémoire des disparus du quartier. Intitulé « Su ejemplo perdura en nuestra lucha ». Historias de vida de los compañeros detenidos-desaparecidos en nuestro barrio, il a été édité pour la première fois en 2008, la même année que la première publication du livre Baldosas por la memoria (Barrios por memoria y justicia, 2008).

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Figure 1 : monolithe mémoriel posé en mars 2004 dans l’avenue San Juan par les membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad.

Les monolithes mémoriels sont particulièrement intéressants pour comprendre la genèse des « dalles pour la mémoire ». Ils ont été fabriqués et posés un an avant que les associations portègnes se réunissent et décident de créer des dalles mémorielles. Ces monolithes et les futures dalles ont en commun leur dimension matérielle, leur insertion dans l’espace public (sur le trottoir) et la mise en avant d’identités individuelles. Le texte sur les monolithes de l’avenue San Juan souligne l’inscription de ces identités et de ces mémoires individuelles à l’échelle locale : le nom du ou de la disparue est suivi de la date de disparition forcée puis de l’expression « détenu-disparu/détenue-disparue du quartier par le terrorisme d’État. Présents dans notre mémoire ». Les monolithes revendiquent donc la présence symbolique des disparus du quartier.

Avant la genèse des « dalles pour la mémoire », transmettre le résultat de ces recherches dans l’espace public a pu passer par d’autres initiatives. En 1997, l’association Encuentro por la memoria a organisé une première marche aux flambeaux[xvii] (« Marcha de antorchas ») dans le quartier de San Telmo. Des affiches en mémoire des disparus du quartier étaient collées dans la rue, sur les murs et le trajet de la manifestation passait devant ces lieux. Chaque affiche indiquait le nom, la date de disparition forcée, l’adresse et une brève description qui incluait la profession (Bargach Mitre, Sosa, 2014 : 6). Les affiches sont des supports éphémères, contrairement aux dalles. Cependant, ces affiches collées dans le quartier de San Telmo, sont le signe d’un processus d’individualisation des mémoires des victimes de la dictature qui s’est intensifié avec les dalles à partir de 2005-2006.

En 2005, 18 associations et assemblées populaires de Buenos Aires se sont réunies pour préparer le 30ème anniversaire du coup d’État de 1976 qui allait avoir lieu le 24 mars 2006. Elles souhaitaient donner une visibilité locale aux disparus et aux personnes assassinées pendant la dictature, en inscrivant leurs mémoires individuelles dans les quartiers où ils avaient vécu, étudié, travaillé… S’est alors créée le groupe Barrios por memoria y justicia qui réunissait tous ces acteurs. Plusieurs de nos interlocuteurs qui ont fait ou font toujours partie d’une association de dalles nous ont indiqué que ce collectif n’avait pas d’existence juridique mais qu’il unifiait cette initiative. Depuis 2006, de nouveaux quartiers ont intégré ce projet. Il existe deux types de groupes : d’une part, ceux qui se sont formés pour le projet des dalles et qui se consacrent exclusivement à cela ; et d’autre part, ceux qui existaient avant 2005 et qui ont plusieurs missions en plus des dalles. Ce second cas concerne principalement les assemblées populaires formées lors de la crise sociale, politique et économique de décembre 2001. L’introduction du premier livre collectif souligne que le but commun de tous ces acteurs est d’« aller à rebours du chemin de l’Oubli dans [leurs] quartiers » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 9). Dans l’espace public, la lutte contre l’oubli des disparus et des personnes assassinées par le terrorisme d’État passe, entre autres, par les dalles qui mettent en avant des mémoires individuelles qui font partie de la mémoire collective à l’échelle locale et nationale. Le recours à des dalles pour l’élaboration d’une mémoire collective peut faire écho aux Stolpersteine, des pavés mémoriels posés en Allemagne depuis 1992 par l’artiste allemand Gunter Demnig en mémoire des victimes du nazisme. Les acteurs à l’origine des dalles mémorielles de Buenos Aires connaissent cette initiative mais ils n’ont pas conçu leur projet pour en faire une continuité de celui de Gunter Demnig. Le choix de ce support a été motivé par la possibilité de créer des dalles de façon artisanale, autonome et collective[xviii].

Dès leur genèse, les dalles de Buenos Aires se sont caractérisées par l’idée de la transmission des identités et des mémoires individuelles qui participent à la mémoire collective. Le prologue du premier livre à ce sujet souligne l’intention associée aux dalles en ces termes : « Nous le faisons parce que nous souhaitons les réhumaniser, leur rendre leur identité de combattants sociaux engagés et les revendiquer ». (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 9). Les verbes « réhumaniser » et « rendre » évoquent la récupération de l’identité et de la biographie des disparus et des personnes assassinées. Dans ce même livre, il est indiqué qu’au début il y avait environ 600 « histoires à raconter » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 10). Ces « histoires » qui individualisent le groupe des personnes disparues ou assassinées par le terrorisme d’État s’opposent à un processus de déshumanisation des victimes de la répression par les militaires et leurs complices. Cette déshumanisation passait par la construction de la figure de l’« ennemi subversif » dans le discours officiel et les violations des droits humains dans les centres clandestins. Transmettre l’identité et la mémoire des victimes de la dictature dans chaque quartier reviendrait à « faire sortir la figure du disparu de l’abstraction et l’humaniser » (Osvaldo López, Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 300). Dans le cas des disparus, il s’agit de les « faire sortir » de cette catégorie abstraite qui ne permet pas de savoir qui ils étaient. Le verbe « humaniser » révèle que l’intention du projet était de mettre en lumière l’identité propre de chaque personne : nom, prénom, liens de famille et d’amitié, profession, idées politiques… Ce projet d’humanisation et de récupération des identités individuelles s’inscrit à l’échelle locale et il est présenté comme un succès dans le deuxième livre sur les dalles de Buenos Aires (Barrios por memoria y justicia, 2010).

            Les dalles sont le résultat de plusieurs étapes antérieures à leur pose. La création (mélange du ciment, de l’eau et d'un colorant ; organisation des lettres du texte ; décoration avec les morceaux de mosaïque) souligne le caractère matériel de cette production qui implique un certain savoir-faire que les membres des associations ont acquis au fur et à mesure. En 2005, les associations se sont mises d’accord pour établir des normes quant au texte sur les dalles avec trois constantes : l’usage des expressions « militant populaire » et « terrorisme d’État » ainsi qu’une signature unique dans toute la ville : « Barrios por memoria y justicia ». Les associations ne signent pas les dalles qu’elles fabriquent en indiquant le quartier car ces créations ont une dimension profondément collective qui est essentielle dès la fabrication à laquelle participent activement les familles et les amis des disparus. Depuis février 2007, des morceaux de mosaïque colorés sont placés sur les dalles et font ainsi ressortir le texte et en particulier les noms. Cela n’était pas prévu pour les toutes premières dalles. Les membres de la commission des quartiers d’Almagro et de Balvanera ont eu l’idée d’utiliser des morceaux de mosaïque colorés en recréant une dalle suite à un acte de vandalisme en février 2007, six mois après la pose initiale de la dalle. Lors des fabrications de dalles, les membres de la famille et les amis des personnes commémorées peuvent choisir comment placer ces morceaux de mosaïque colorés. Ils peuvent aussi parfois choisir des morceaux de mosaïque qui renverraient à la vie des personnes évoquées : un foulard blanc pour des Mères de la Place de Mai, une guitare pour un musicien[xix], des animaux pour un vétérinaire[xx]

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Figure 2 : Dalle mémorielle devant l’église de la Santa Cruz, quartier de San Cristóbal.

Le tout premier événement organisé dans le cadre du projet des « dalles pour la mémoire » a été la pose d’une dalle face à l’Église de la Santa Cruz dans le quartier de San Cristóbal en décembre 2005. La dalle était centrée sur 12 disparus. Certains ont été séquestrés devant cette église et d’autres lieux (domicile, chapelle…) entre le 8 et le 10 décembre 1977. Ce groupe qui se réunissait dans cette église est devenu particulièrement emblématique car il était, entre autres, composé de trois des fondatrices de l’association des Mères de la Place de Mai : Azucena Villaflor, María Ponce de Bianco et Esther Ballestrino de Careaga ; ainsi que de deux religieuses françaises : Léonie Duquet et Alice Dumont[xxi]. En rendant visible la trace du passage de ces disparus, cette première dalle annonçait d’ores et déjà l’objectif principal du projet : transmettre la mémoire de disparus individuels et de personnes assassinées par la dernière dictature, en proposant ainsi une mémoire collective qui se tisse en réseau à l’échelle de la ville.

3. Les dalles mémorielles de Buenos Aires et la mémoire du militantisme des années 1970

Les dalles sont des traces mémorielles qui peuvent interpeler les passants et qui s’inscrivent dans la continuité d’un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) qui a débuté au milieu des années 1990. Pendant le gouvernement de Carlos Menem (1989-1999), les procès pour les crimes contre l’humanité commis par les militaires et leurs complices étaient presque impossibles. À partir de 1998, les « procès pour la vérité » à La Plata et dans d’autres villes du pays ont permis de faire la lumière sur des crimes commis entre 1976 et 1983. Dans le contexte des deux mandats de Carlos Menem, associés par beaucoup de nos interlocuteurs à l’idée d’impunité, la création de l’association H.I.J.O.S (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) en 1995 a marqué un tournant. Ces nouveaux acteurs sociaux — les enfants de disparus ou de personnes assassinées pendant la dictature — ont mis en place une nouvelle façon d’occuper l’espace public avec des revendications mémorielles et de justice : les escraches[xxii]. Ces manifestations organisées devant le domicile de personnes qui ont participé à la répression dictatoriale dénonçaient l’impunité évoquée précédemment, l’un des principaux slogans étant : « s’il n’y a pas de justice, il y a des escraches ».

Un autre élément essentiel par rapport à l’association H.I.J.O.S est la référence au militantisme des personnes disparues ou assassinées. Précisons que parmi les personnes séquestrées, assassinées ou disparues par les acteurs du terrorisme d’État, il y avait des militants qui appartenaient à des groupes politiques (armés ou non) ainsi que des personnes qui ne militaient pas et n’appartenaient à aucun groupe politique. Les membres d’H.I.J.O.S, qui font partie de la deuxième génération affectée par le terrorisme d’État, ont entamé un processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) en revendiquant l’engagement politique et social de leurs parents. Cette revendication a opéré un « déplacement » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) de la figure des disparus et des personnes assassinées du statut de victime, avec la connotation de passivité qui lui est souvent associée, à celui de militant. L’idée de victime n’est d’ailleurs pas utilisée par les acteurs de notre corpus car l’objectif des dalles n’est pas d’« inscrire les personnes commémorées dans la position de la victime passive qui souffre » mais de donner la priorité « à ce qu’elles ont fait pendant leur vie plutôt qu’à ce que leurs bourreaux ont voulu faire d’elles » (Le Fur, 2014, p. 105). Lors d’entretiens ou de poses de dalles à Buenos Aires[xxiii], nous avons remarqué que pour une partie de la société, l’engagement politique des victimes de la répression a été synonyme de soupçons voire d’une idée de culpabilité. Les projets sociaux et politiques des disparus et des personnes assassinées pendant la dernière dictature auraient été effacés de certains discours mémoriels car le thème du militantisme était inaudible pour l’opinion publique. Pendant la dernière dictature, la figure de l’ennemi « subversif » créée par le discours officiel de la junte pour légitimer la répression renvoyait à une conception qui réduisait le militantisme à des actions armées jugées comme dangereuses pour la sécurité du pays. Cette image véhiculée par le discours officiel des représentants de la dictature a eu des conséquences même après le retour à la démocratie.

Les soupçons et la supposée culpabilités associées aux victimes de la dernière dictature par une partie de la société après le retour à la démocratie reprenaient le discours officiel de la junte militaire (1976-1983) et associaient le militantisme à l’idée de « subversion ». Nous utilisons ici le mot militantisme pour désigner l’appartenance des disparus et des personnes assassinées à des groupes politiques ainsi que les projets politiques et sociaux qui sous-tendaient cet engagement. Le processus de « resignification militante » (Albornoz, Kelly, Laffaye, 2011, p. 9) entamé au milieu des années 1990 a marqué une rupture avec les discours qui passaient sous silence cette partie de l’identité des personnes commémorées ou qui la stigmatisaient pour justifier le terrorisme d’État. À Buenos Aires, les « dalles pour la mémoire » s’inscrivent dans la continuité de ce processus. Comme indiqué précédemment, parmi les bases communes au texte de toutes les dalles de la ville, figure l’expression « militant populaire ». Elle apparaît sur toutes les dalles, qu’elles soient individuelles ou collectives, donnant ainsi l’image d’un groupe uni par des valeurs communes. Cette expression unique permet de respecter la concision imposée par le format des dalles tout en soulignant l’idée d’engagement politique et social. Cependant, le projet des dalles ne passe pas sous silence l’hétérogénéité de ce groupe. À ce jour, quatre livres collectifs ont été publiés par les associations qui fabriquent et posent des dalles (2008, 2010, 2013, 2016). Dans chaque livre, les biographies des personnes commémorées mettent en avant leur militantisme et les singularités de l’engagement politique et social de chacun. L’expression « militant populaire » peut interpeler les passants et les inviter à en savoir plus sur la vie de la personne nommée sur la dalle.

Mettre en avant des traces de la vie des disparus et des personnes assassinées implique alors une dimension biographique. Les principaux éléments liés à la mémoire individuelle apparaissent sur la dalle. Comme nous l’avons annoncé, le texte des dalles est synthétique du fait du format mais il peut être complété par les livres collectifs publiés par les associations. Nous allons nous centrer sur le premier livre (2008) car la période qui nous intéresse est celle du gouvernement de Néstor Kirchner. Dans ce livre intitulé Baldosas x la memoria, nous avons recensé douze groupes militants, nommés dans les biographies. Par ordre d’apparition, ces groupes sont : la « Juventud Trabajadora Peronista » (36), la « Juventud Universitaria Peronista » (36, 232, 237), le « Centro de Estudiantes del Colegio Urquiza » (37), le « PRT [Partido Revolucionario de los Trabajadores] 22 de agosto » (126), la « Juventud Peronista » (158, 160, 290), le « Peronismo de Base » (158), le « Partido Revolucionario de los Trabajadores » (158, 295), les « Fuerzas Armadas Peronistas » (200), l’« Ejército Revolucionario del Pueblo » (202, 206), le « Movimiento Revolucionario 17 de octubre » (254, 259), le « Movimiento Villero » (259) et le groupe « Montoneros » (290). Ce livre n’entre pas dans le détail du projet politique et social de chacun de ces groupes mais cette diversité souligne l’hétérogénéité du militantisme à l’échelle locale. Les dalles mémorielles donnent à voir la dimension locale de cet engagement. Elles s’opposent aussi aux tentatives d’effacement, par la junte et ses représentants, de l’identité et de la biographie des disparus qui

« …ont souffert toutes les négations possibles. Ils ont été reniés quand ils ont été séquestrés. Leur condition humaine a été niée quand ils ont été diabolisés. Leurs corps ont été niés quand ils ont été assassinés. Leur insertion sociale, leur appartenance, leur militantisme et leur identité idéologique ont été niés » (Barrios por memoria y justicia, 2008, p. 10).

Les dalles de Buenos Aires transmettent la mémoire des disparus et des personnes assassinées par la dernière dictature. Cette revendication visuelle et symbolique, avec l’expression « militant populaire » qui unifie toutes les dalles de la ville, a vu le jour dans un contexte politique national favorable. Néanmoins, la « resignification militante » à laquelle participent les dalles et l’élaboration sociale de cette mémoire collective a aussi suscité l’opposition et l’hostilité d’une partie de la société à l’échelle locale, comme en atteste le livre publié en 2008. Des actes de vandalisme y sont dénoncés. Cette violence symbolique visait les dalles mais aussi et peut-être surtout, la mémoire collective qu’elles représentent. En mars 2004, peu de temps après leur inauguration, certains monolithes mémoriels de l’avenue San Juan (quartier de San Cristóbal) ont été cassés à coups de massue[xxiv]. Cet acte de vandalisme ne concerne pas les dalles mémorielles mais il est un précédent à prendre en compte. En effet, les monolithes de l’avenue San Juan ont en commun avec les dalles leur insertion dans l’espace public (ils sont sur le sol) ainsi que les acteurs — membres de l’association Vecinos de San Cristóbal contra la impunidad — impliqués. De manière générale, les « dalles pour la mémoire » n’ont pas été la cible d’actes de vandalisme répétés dans les premières années mais il existe un cas particulièrement intéressant dans le quartier d’Almagro qui est décrit ainsi : « le 25 février 2007 nous avons subi un attentat : dans l’anonymat de la nuit, un vandale (ou plusieurs) ont jeté de la peinture sur la dalle » (Barrios por memoria, 2008, p. 22). Recouvrir la dalle et son texte de peinture pourrait évoquer la volonté de recouvrir ou d’effacer cet objet mémoriel et ce qu’il incarne. Une nouvelle dalle a été posée le mois suivant lors d’un événement intitulé : « Je la tue et une [dalle] plus grande apparaît ». Elle a été la première à inclure des morceaux de mosaïque colorés qui mettent en avant le texte et répondent, en couleur, au vandalisme. Cet exemple souligne que si le contexte politique national était favorable au projet des dalles, à l’échelle locale celui-ci a pu rencontrer certaines oppositions. Dès les années 2000, des revendications de « mémoire complète » se sont faites entendre à travers des figures telles que Cecilia Pando (fondatrice de l’Association des Argentins pour la Mémoire Complète, 2001-2006) ou Victoria Villaruel (fondatrice du Centre d’Études Légales sur le Terrorisme et ses Victimes en 2006 et actuelle vice-présidente argentine). Ces réactions hostiles étaient néanmoins mineures, en comparaison avec les années suivantes et en particulier avec le gouvernement national de Mauricio Macri (2015-2019) ou le contexte actuel.

Conclusion

Si le projet des dalles de Buenos Aires a certes vu le jour pendant le gouvernement de Néstor Kirchner, dans un contexte politique national favorable à la transmission d’une mémoire collective centrée sur les victimes de la dernière dictature, il est néanmoins totalement indépendant de ce gouvernement. Le mandat de Néstor Kirchner s’est distingué de tous ceux qui l’ont précédé depuis le retour à la démocratie car les politiques publiques de mémoire ont été nombreuses. Le rôle de l’État dans l’élaboration sociale d’une mémoire collective du passé violent est une question qui a fait débat au sein des secteurs de défense des droits humains. Certains groupes comme l’Association des Mères de la Place de Mai, les Mères de la Place de Mai - ligne fondatrice, les Grands-Mères de la Place de Mai, H.I.J.O.S, ont soutenu ces politiques publiques. Les membres de ces associations ont parfois même été des fonctionnaires de ce gouvernement, renforçant les liens entre ces acteurs sociaux et politiques. Cette période peut donc apparaître, aux yeux d’une partie des groupes de défense des droits humains, comme un âge d’or des politiques publiques de mémoire.

Il ne faut cependant pas oublier que le travail de mémoire au sujet de la dernière dictature argentine n’a pas débuté avec des initiatives étatiques mais dans la société civile (comprise comme distincte du gouvernement, de l’armée et du clergé). Avant même le retour à la démocratie, une partie de la société se mobilisait pour dénoncer la répression et entamer l’élaboration d’une mémoire collective, comme en atteste le Siluetazo[xxv] (1983). Les dalles mémorielles de Buenos Aires se sont inscrites dans la continuité d’initiatives comme les escraches de l’association H.I.J.O.S qui ont mené à une « resignification militante » des mémoires des personnes disparues ou assassinées pendant la dictature. Plusieurs pistes expliquent ce qui a permis l’émergence d’un tel projet à ce moment précis : le processus de visibilisation croissante de la mémoire collective dans l’espace public à l’échelle locale depuis 1983, l’approche du 30ème anniversaire du coup d’État (le 24 mars 2006) et la conjoncture politique de l’époque avec le gouvernement de Néstor Kirchner. L’indépendance du projet, voulue par les associations indique néanmoins qu’il s’agit bien d’une « politique » de mémoire menée par des civils et qu’elle n’implique pas l’intervention des institutions étatiques. En effet, les « dalles pour la mémoire » sont des initiatives autogérées qui n’ont pas de subventions. Elles sont le fruit des réflexions menées entre les associations et les assemblées populaires en 2005 mais aussi d’actions antérieures comme l’élaboration de listes de disparus et de personnes assassinées par la dictature dans des quartiers comme San Telmo ou San Cristóbal dans la seconde moitié des années 1990. Les dalles ont donc fait leur apparition dans l’espace public dans le contexte du gouvernement de Néstor Kirchner mais elles incarnent une trajectoire mémorielle qui remonte à la fin du XXème siècle et qui a pour but de transmettre la mémoire des victimes du terrorisme d’État et de dénoncer les crimes contre l’humanité. En 2024, presque vingt ans après la pose de la première dalle mémorielle à Buenos Aires, ces intentions sont toujours, voire encore plus, d’actualité. Dans le contexte d’un gouvernement national dont la vice-présidente, Victoria Villaruel, revendique une « mémoire complète » et justifie les crimes de la dernière dictature, les enjeux mémoriels auxquels participent les dalles à l’échelle locale ne cessent de se réactualiser et méritent donc d’être analysés sur un temps long.

Notes de fin 

(1) Sauf indication contraire, nous utiliserons toujours ce mot dans son sens juridique, sans la connotation de passivité qui peut lui être associée dans d’autres contextes.

(2) Au début des années 2000, le nombre de centres clandestins mis en place pendant la dernière dictature était estimé à plus de 300. Voir : Novaro Marcos, Vicente Palermo (2003). La dictadura militar 1976/1983. Del golpe de Estado a la restauración democrática. Buenos Aires : Paidós. Au moment où nous écrivons ces lignes, le chiffre estimé est de 800 (https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/sitiosdememoria/centrosclandestinos).

(3) Nous avons participé à 17 activités liées aux dalles mémorielles de Buenos Aires (3 fabrications, 1 reconstruction, 11 poses et 2 réparations).

(4) Nous avons réalisé 15 entretiens à des acteurs de ce projet de dalles (membres ou anciens membres d’associations qui fabriquent et posent des dalles, artistes qui proposent des itinéraires urbains autour des dalles).

(5) Sauf indication contraire, toutes les citations sont traduites librement de l’espagnol. Source : retranscription du discours d’investiture de Néstor Kirchner, https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24414-blank-18980869

(6) Voir : Duhalde Eduardo Luis (1983). El Estado Terrorista argentino. Barcelona : Argos Vergara. Mignone Emilio Fermín (1991). Derechos humanos y sociedad. El caso argentino. Buenos Aires : Ediciones Colihue SRL. Schindel Estela (2003). Desaparición y sociedad. Una lectura de la prensa gráfica argentina (19751978). Villa María : Eduvim.

(7) Source : https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/5._anexo_iv_cuadros_estad_sticos-investigacion_ruvte-ilid.pdf

(8) Source : https://www.espaciomemoria.ar/20aniversario/cronica-del-dia-de-la-recuperacion/

(9) Cela impliquait donc le départ des militaires de cet espace.

(10) Ils ont tous les deux fait partie de la junte militaire : le premier de 1976 à 1978, le second de 1982 à 1983.

(11) Nous avons gardé les majuscules qui apparaissent dans la retranscription. Source : https://www.casarosada.gob.ar/informacion/archivo/24549-blank-79665064

(12) Ce terme est utilisé par tous les acteurs de notre corpus pour décrire la période qui a commencé avec les lois de « Point Final » (1986) et « d’Obéissance Due » (1987) et s’est consolidée avec les amnisties signées par le président Carlos Menem à la fin des années 1980 et au début des années 1990.

(13) Ce concept sera utilisé des années plus tard dans un article intitulé « No más venganza » publié par le journal La Nación le 23 novembre 2015, le lendemain de l’élection de Mauricio Macri.

(14) Avec le décret 1 259 signé en décembre 2003. L’objectif était d’obtenir, d’analyser, de classifier et d’archiver des documents et des témoignages sur les crimes contre l’humanité commis pendant la dernière dictature.

(15) Ces groupes créés dans le contexte de la crise de 2001 sont des espaces de discussion à l’échelle des quartiers. Ils accompagnent les revendications sociales et ont divers activités : soupe populaire, cours du soir…

(16) Cette association a été créée en 1996. Ses membres ont intégré l’Assemblée populaire de San Telmo — place Dorrego créée en 2001.

(17) Cette marche mémorielle est devenue une tradition pendant le mois de mars, dans ce quartier et dans d’autres (La Boca, San Cristóbal…). Nous avons d’ailleurs participé à la marche aux flambeaux de San Telmo en mars 2024 et en mars 2025.

(18) Entretien avec Osvaldo López le 9 novembre 2022.

(19) Dalle en mémoire d’Eugenio Carlos Pérez Amboage posée en 2018 dans le quartier de Palermo par l’association Memoria Palermo.

(20) Dalle en mémoire de Daniel Jorge Bertoni posée en 2019 dans le quartier de Palermo par l’association Memoria Palermo.

(21) Les corps des trois Mères de la Place de Mai et des deux religieuses qui avaient été enterrés clandestinement et anonymement dans le cimetière du Général Lavalle (province de Buenos Aires) ont été retrouvés et identifiés en 2005.

(22) Ces manifestations organisées par H.I.J.O.S à partir de 1997 avaient pour but de dénoncer les crimes contre l’humanité commis pendant la dictature en manifestant dans le quartier d’un ancien tortionnaire jusqu’à son domicile. Voir : Tahir Nadia (2012). « Justicia y memoria en la acción de las asociaciones de víctimas de la dictadura en Argentina (1983-2000). » Revista de Indias, (256), 825-846.

(23) Entretien avec Osvaldo López le 9 novembre 2022, discours de Taty Almeida lors de la pose de dalles le 29 mars 2024 et le 10 août 2024.

(24) Une manifestation a été organisée pour dénoncer le vandalisme et de nouveaux monolithes, identiques aux originaux, ont été inaugurés le 19 mars 2012.

(25) Le 21 septembre 1983, pendant la 3ème Marche de la Résistance organisée par les Mères de la place de Mai, cette manifestation graphique a eu lieu sur la place de Mai à Buenos Aires. Cette action, pensée par les artistes Rodolfo Aguerreberry, Guillermo Kexel et Julio Flores avec les mères de disparus, consistait à peindre et dessiner des silhouettes à taille humaine pour les coller sur les murs du centre-ville. Voir : Longoni Ana, Bruzzone Gustavo (2008). El siluetazo. Buenos Aires : Adriana Hidalgo Editora.

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Pour citer cette article :

Aurélia Gafsi, A. (2025). Les « dalles pour la mémoire » à Buenos Aires : enjeux de la mémoire de la dernière dictature argentine à l’échelle locale (2003-2007), RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/les-dalles-pour-la-memoire-a-buenos-aires-enjeux-de-la-memoire-de-la-derniere-dictature-argentine-a-l-echelle-locale-2003-2007-aurelia-gafsi.html

Constructions mémorielles en Amérique latine : Quand le local et le national dialoguent, se concurrencent et se complètent

Coordinatrices :

Aurélia Gafsi, doctorante en Études ibériques et latino-américaines, Sorbonne Université

Paola García, Maîtresse de Conférences en Études hispano-américaines, Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Nadia Tahir, Maîtresse de Conférences en Études hispano-américaines,  Université de Caen Normandie

 

En 2025, de nombreux pays sud-américains connaissent la plus longue période démocratique de leur histoire. Raúl Alfonsín, le premier président après la fin de la dernière dictature argentine, disait qu’« avec la démocratie : on mange, on éduque et on soigne », il a ensuite dû faire face à de nombreuses attaques des militaires qui menaçaient la pérennisation du régime démocratique. C’est aussi pendant son mandat qu’ont été mis en place deux outils fondamentaux dans les politiques publiques de mémoire liées au passé dictatorial : la CONADEP et le « Juicio a las juntas » entre 1983 et 1985. Aujourd’hui, l’Argentine vient de célébrer 40 ans de démocratie et entame une nouvelle décennie avec la victoire d’un président, Javier Milei, qui prétend rendre au pays sa gloire supposée de la fin du XIXème siècle. Chez son voisin, les Brésiliens ont porté à nouveau au pouvoir Luis Ignacio « Lula » Da Silva après le mandat de Jair Bolsonaro qui défendait clairement l’héritage dictatorial. Dans le cas des deux hommes, leurs rapports au passé dictatorial a souvent été une grille de lecture pour analyser leur positionnement idéologique. Le Chili a élu en décembre 2021 son plus jeune président, Gabriel Boric, figure de l’émergence d’une nouvelle génération d’hommes et de femmes politiques qui s’inscrit, à gauche, dans la lignée des actions du président Salvador Allende, démis par le coup d’État d’Augusto Pinochet en 1973. Pour finir, on peut évoquer l’élection de Gustavo Petro en Colombie en juin 2022 : premier président « de gauche » du pays, ancien membre d’une organisation qui a déposé les armes au début des années 1990 et qui souhaite œuvrer pour le fonctionnement effectif des accords de 2016 issus du processus de paix.

Le passé récent en Amérique du sud est souvent utilisé comme référent pour soutenir ou discréditer des candidats aux élections nationales : quel rôle a joué telle personne pendant le régime dictatorial ou autoritaire ? qu’est-ce qu’une autre a fait ou non pendant la répression ? dans quelle mesure a-t-elle bénéficié ou non du régime ? quels sont les liens qu’elle entretient avec des cercles de pouvoir de l’époque, quels étaient ses liens avec les organisations armées ? etc. La tentative d’assassinat sur Cristina Fernández de Kirchner en septembre 2022, a été associée à la circulation de discours de haine héritiers du passé violent du pays, laissant entendre qu’ils n’ont jamais vraiment disparu. Ainsi, pour certains observateurs, le « Nunca más » (Plus jamais ça) n’a pas eu l’effet escompté. L’arrivée de Javier Milei à la présidence de l’Argentine et surtout de sa vice-présidente Victoria Villaruel, militante négationniste[1], en est une preuve encore plus récente.

Comme le montrent Sarah Gensburger et Sandrine Lefranc dans leur ouvrage À quoi servent les politiques de mémoire ? il est difficile de mesurer leurs impacts et ces « politiques de mémoire sont trop souvent des politiques de l’impuissance »[2]. Si l’on s’en tient à l’injonction morale de la non répétition des faits, il est difficile de donner tort aux autrices, cependant, selon elles, l’impact de ces politiques peut se mesurer autrement. Les politiques de mémoire sont aujourd’hui des politiques « comme les autres » et c’est finalement lorsqu’elles en arrivent à ce stade qu’elles sont plus fortes. Cette affirmation, qui peut paraître à contre-courant, notamment pour les acteurs qui veulent mettre en avant l’exceptionnalité des faits liés à ces politiques, est d’autant plus intéressante si on l’applique au cas des pays latino-américains. Ainsi, qu’en est-il pour les pays qui ont géré Passé et Présent en même temps au sortir d’un régime autoritaire ou d’une guerre civile ? En effet, les politiques de mémoire sur le passé récent ont constitué des politiques à part entière, au même titre qu’une politique économique et sociale. On peut aller plus loin en citant Sandra Raggio et Roberto Cipriano García qui, dans le cas de la Commission provinciale pour la mémoire de la province de Buenos Aires, soulignent les difficultés liées à la mise en place d’une politique d’État qui finalement remet en question « l’État lui-même »[3]. Luciana Messina et Florencia Larralde Armas estiment que ces politiques sont avant tout le fruit de « l’engagement de la subjectivité des artisans »[4]. Il faut alors s’interroger sur les motivations qui conditionnent les subjectivités, notamment lorsque l’on parle des experts ou des hommes et femmes politiques qui ne sont pas ou n’ont pas été victimes et/ou militants.

Depuis maintenant plus de deux décennies les travaux sur les politiques publiques en lien avec les passés traumatiques en Amérique du sud se sont multipliés. Ils se sont développés dans des cadres scientifiques nationaux, mais aussi continentaux dans un dialogue régulier entre chercheurs et chercheuses de différents pays, notamment dans le Cône Sud et les Andes. Portant principalement sur des politiques nationales, les recherches sur les constructions mémorielles à l’échelle locale sont plus ponctuelles et les réflexions restent très souvent au niveau d’un pays. Il s’agit par ailleurs de faire dialoguer des travaux sur un même passé traumatique -dictature, esclavage, massacres de populations originaires, etc.-, alors même que les objets d’étude au cœur de ces analyses -associations de victimes, gouvernements nationaux ou locaux, instances internationales- échangent de plus en plus sur leurs pratiques. Ce dossier propose une réflexion commune à plusieurs niveaux pour mieux mettre en avant les singularités d’initiatives locales en Amérique du sud. Cela se fait principalement en étudiant ces politiques à l’aune de deux objectifs. Le premier objectif porte sur la volonté de certains acteurs.trices de laisser des traces. Ainsi, l’article de Carolina Espinosa Cartes s’intéresse aux différentes archives qui ont été développées autour de la dictature d’Augusto Pinochet au Chili (1973-1990). Elle interroge l’accessibilité de ces matériaux, à travers leur mise en ligne ou leur création directement en ligne. Ce support semble nouer de fait un dialogue entre des initiatives nationales et des initiatives locales qui se construisent dans le cadre d’une complémentarité. Dans son analyse d’un projet très local en Colombie, autour de la disparition de personnes, Tiphaine Duriez nous permet de voir que la reconnaissance nationale ouvre la porte au développement d’une initiative dans un espace peu habituel pour la reconnaissance des victimes du conflit qui gangrène le pays depuis des décennies : un planétarium. En Argentine, Aurélia Gafsi analyse la création de dalles de la mémoire en lien avec la disparition forcée de personnes pratiquée massivement pendant la dernière dictature qu’ait connu le pays (1976-1983). Ces initiatives pratiquées à l’échelle des quartiers vont coïncider avec des politiques nationales très favorables aux revendications des organisations des droits humains à partir du mandat de Néstor Kirchner. Aurélia Gafsi s’interroge donc sur les défis que cela représente pour des actions entamées avant l’arrivée de ce président et sur les enjeux pour les réclamations autour du passé dictatorial. Le second objectif porte sur la recherche d’institutionnalisation de pratiques impliquant parfois une reconnaissance au niveau national, mais se construisant d’abord au niveau local. Nadia Tahir étudie la mise en place d’une Commission Provinciale pour la Mémoire à l’échelle de la province du Chaco en Argentine pour tenter de voir comment les politiques publiques liées au passé dictatorial à échelle locale et nationale se superposent et s’alimentent. Si des éléments de concurrence peuvent être perçus, dans ce cas, on constate qu’elle bénéficie finalement aux revendications qui sont portées. Enfin, Carolina Rezende, en travaillant sur la Commission d’amnistie au Brésil, revient sur les politiques publiques mises en place au niveau national autour du passé dictatorial (1964-1985). Ce parcours lui permet surtout de voir la mise à l’épreuve que représente une instance comme la commission d’amnistie pour les individus et les actions à échelle locale.

Ce dossier permet de voir, notamment, que les victimes ne sont pas les seules porteuses d’initiatives et que les vecteurs mémoriaux au niveau local sont très souvent des membres de la communauté, hommes et femmes politiques ou membres d’organisations civiles ou artistiques, qui prennent part activement au débat sur les politiques publiques à mettre en place. En analysant les différentes motivations de ces « entrepreneurs de la mémoire »[5], on peut voir dans quelle mesure leurs modalités d’actions sont le fruit d’une évolution des constructions mémorielles dans les lieux et pays concernés. On peut ainsi esquisser des chronologies et tenter de voir dans quelle mesure les constructions mémorielles nationales ont précédé ou se sont inspirées de l’échelle locale. Cela permet de mieux comprendre en quoi les « politiques de mémoire » sont devenues des « politiques comme les autres » en Amérique du sud et si cela contribue à leur pérennité.

Notes de fin

[1] Ranalletti M. (2021). Apuntes sobre el negacionismo en Argentina. Uso político del pasado y reivindicación de la represión ilegal en la etapa post-1983. Negacionismo, Secretaría de Derechos Humanos Argentina, pp .29-43.

[2] Gensburger S. & Lefranc S. (2017). À quoi servent les politiques de mémoire ? Paris, Les Presses de Sciences Po.

[3] Cipriano García, R. & Sandra Raggio, S. (2019). La comisión provincial por la Memoria. Reflexiones en torno a la relación pasado presente en una experiencia temprana de institucionalización de las políticas de la memoria. Clepsidra, 6 (12), pp. 108-127.

[4] Larralde Armas, F. & Messina, L. (coord.) (2019). Políticas públicas de memoria: el Estado frente al pasado represivo. Clepsidra, 6 (12), pp. 8-15.

[5] Jelin E. (2002). Los trabajos de la memoria. Siglo XII Editores.

Pour citer cet article :

Gafsi, A., García, P. & Tahir, N. (2025). Introduction au dossier « Constructions mémorielles en Amérique latine : Quand le local et le national dialoguent, se concurrencent et se complètent ». RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/indroduction-dossier-thematique-constructions-memorielles-en-amerique-latine-quand-le-local-et-le-national-dialoguent-se-concurrencent-et-se-completent-aurelia-gafsi-paola-garcia-et-nadia-tahir.html

Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil

Résumé

Cet article analyse la requête d’amnistie des Aikewara, peuple autochtone du Brésil, et la reconnaissance officielle de leur condition de victimes de la dictature militaire en 2014. Contraints par les militaires à servir de guides pour traquer les militants communistes dans la forêt lors des opérations d’extermination de la Guérilla de l’Araguaia dans les années 1970, les Aikewara expriment, à travers leur demande de réparation, la volonté de raconter leur propre histoire. Cette démarche a engendré l’établissement de liens avec divers acteurs sociaux, illustrant la dynamique complexe des politiques de mémoire dans la justice transitionnelle et les enjeux de représentation du passé dictatorial.

Mots clés : dictature militaire ; amnistie ; réparation ; justice transitionnelle ; Brésil

From Suspicion to Reparation: The Aikewara in Pursuit of Amnesty

 Abstract

 This article analyzes the Aikewara’s request for amnesty, an Indigenous people of Brazil, and the official recognition of their status as victims of the military dictatorship in 2014. Forced by the military to serve as guides in tracking down communist militants in the forest during the extermination operations of the Araguaia Guerrilla in the 1970s, the Aikewara express, through their request for reparation, a desire to tell their own story. This initiative has led to the establishment of connections with various social actors, illustrating the complex dynamics of memory policies within transitional justice and the challenges of representing the dictatorial past.

Key words : military dictatorship; amnesty; reparation; transitional justice; Brazil

 De la sospecha a la reparación: la solicitud de amnistía del pueblo Aikewara y el pasado dictatorial en Brasil

Resumen

Este artículo analiza la solicitud de amnistía de los Aikewara, pueblo indígena de Brasil, y el reconocimiento oficial de su condición de víctimas de la dictadura militar en 2014. Obligados por los militares a servir como guías para rastrear a los militantes comunistas en la selva durante las operaciones de exterminio de la Guerrilla del Araguaia en la década de 1970, los Aikewara expresan, a través de su demanda de reparación, la voluntad de contar su propia historia. Este proceso generó la creación de vínculos con diversos actores sociales, lo que ilustra la compleja dinámica de las políticas de la memoria en el marco de la justicia transicional y los desafíos de representación del pasado dictatorial.

Palabras clave: dictadura militar; amnistía; reparación; justicia transicional; Brasil.

Da suspeita à reparação: o pedido de anistia do povo Aikewara e o passado ditatorial no Brasil

 Resumo

Este artigo analisa o pedido de anistia dos Aikewara, povo indígena do Brasil, e o reconhecimento oficial de sua condição de vítimas da ditadura militar em 2014. Forçados pelos militares a atuar como guias para rastrear militantes comunistas na floresta durante as operações de extermínio da Guerrilha do Araguaia na década de 1970, os Aikewara expressam, por meio de sua demanda de reparação, o desejo de contar a própria história. Esse processo gerou o estabelecimento de vínculos com diversos atores sociais, ilustrando a dinâmica complexa das políticas de memória na justiça de transição e os desafios de representação do passado ditatorial.

Palavras-chave: ditadura militar; anistia; reparação; justiça de transição; Brasil.

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Carolina Rezende

Doctorante

École des Hautes Études en Sciences Sociales

 

 

 

Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil

INTRODUCTION

En 2010, des membres du peuple autochtone Aikewara, appelés Suruí do Pará par l’administration[1], ont déposé une demande de réparation auprès de la Commission d’amnistie (CA/MJ) au Brésil. Créée entre 2001 et 2002 sous le ministère de la Justice, cette commission vise à garantir aux persécutés politiques de la dictature militaire brésilienne (1964-1985) le droit à la réparation. Bien que la loi d’amnistie de 1979 approuvée encore sous la dictature ait assuré l’impunité des militaires et maintenu le silence institutionnel sur les crimes du régime, l’amnistie a évolué lors de la redémocratisation. Intégrée à la Constitution de 1988, elle a reconnu le droit à la réparation pour les victimes de persécutions politiques. La CA/MJ, dont le rôle initial était l’évaluation des demandes, a progressivement intégré une dimension symbolique à la réparation. En 2007, sous la présidence de Paulo Abrão, la commission a aligné ses politiques sur les normes internationales des droits humains et a encouragé la justice transitionnelle mettant en avant le droit à la mémoire et à la vérité, en plus des compensations financières.

Le terme « justice transitionnelle » a émergé entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, dans le sillage de l’agonie des régimes autoritaires, notamment en Amérique latine. Cette période a soulevé le dilemme du besoin de rendre justice aux victimes, d’un côté, et d’assurer la stabilité politique tout en facilitant la transition vers la démocratie, de l’autre — deux objectifs qui pouvaient s’avérer contradictoires. Ce dilemme a été largement débattu par des militants des droits humains, des responsables politiques et des intellectuels au cours des dernières décennies du XXe siècle, quand ont été proposées des mesures de justice au-delà des solutions pénales, telles que les réparations et les mécanismes de recherche de la vérité (Arthur, 2009). Dès lors, ce terme a évolué pour désigner un ensemble de mécanismes, comparables à une « boîte à outils », permettant de traiter les injustices et les violations des droits humains commises dans des conflits à travers le monde. Depuis les années 2000, la justice transitionnelle a été institutionnalisée par des organisations de droit international et est également devenue un champ interdisciplinaire de recherche consacré aux pratiques de justice post-conflit (Teitel, 2014).

C’est dans le contexte de la gestion de Paulo Abrão à la CA/MJ que les Aikewara ont déposé leur requête. Dans les années 1970, impliqués dans les opérations militaires contre la Guérilla de l’Araguaia — un mouvement du Parti Communiste du Brésil (PCdoB) cherchant à renverser la dictature —, les Aikewara ont été pris dans les combats. Les guérilleros s’étaient installés dans la région du Bico do Papagaio, près du village Sororó des Aikewara. Entre 1972 et 1975, le gouvernement militaire lança des opérations secrètes pour éliminer la guérilla, occupant Sororó et utilisant les hommes du village comme guides dans la forêt amazonienne. Dès la fin des années 1970, les Aikewara furent suspectés de collaboration. Longtemps restés silencieux, ils furent interrogés dans les années 1990 d’abord comme témoins des disparitions de guérilleros, puis dans les années 2000 par des journalistes mettant en doute leur rôle dans leur assassinat. En 2010, avec le soutien de proches des disparus, ils déposèrent leur demande d’amnistie, soulignant la souffrance causée par l’occupation militaire et leur rôle de guides.

Outre une demande de réparation, le processus d’amnistie des Aikewara s’inscrit dans un enjeu plus large qui concerne le traitement du passé dictatorial à travers des politiques de mémoire centrées sur les victimes. Le cas brésilien s’inscrit dans un ensemble d’expériences transitionnelles latino-américaines qui ont défié l’impunité en proposant diverses formes de responsabilisation, au-delà de la condamnation pénale. À cet égard, les pays latino-américains sont considérés comme pionniers dans la mise en œuvre de mécanismes telles que la recherche de la vérité (truth telling), ainsi que de réparations symboliques et économiques centrées sur les victimes (Skaar, García-Godos, et Collins, 2016). La centralité accordée aux victimes dans ces mécanismes invite à analyser la justice transitionnelle non seulement du point de vue de l’application institutionnelle de ses instruments orienté vers l’action de l’État et des acteurs juridiques, comme c’était souvent le cas dans les premiers débats académiques sur le sujet. Nous nous intéressons aussi aux dynamiques sociales impliquant des acteurs non étatiques, à l’instar de travaux qui ont encouragé l’analyse du rôle de la société civile et des collectifs ayant influencé le programme de justice transitionnelle (McEvoy et McGregor, 2010; García-Godos, 2013). Notre intérêt est donc d’interroger cette dynamique entre acteurs étatiques et non étatiques dans l’élaboration d’une version de l’histoire des persécutions perpétrées par la dictature militaire brésilienne.

Cette dynamique sociale se manifeste clairement dans les demandes d’amnistie déposées par les Aikewara. Divers groupes sociaux y proposent des récits sur l’histoire de ce peuple sous la dictature, redéfinissant tour à tour leur statut de victimes ou de présumés responsables. Notre analyse portera sur les relations et les tensions possibles entre mémoires locales et mémoire nationale liées aux Aikewara et à la dictature. Les dossiers de demande de réparation adressés à la CA/MJ, où se confrontent les récits de différents groupes sociaux, constituent un objet d’étude central. La mémoire des Aikewara sous la dictature tend-elle vers une version unifiée, ou suscite-t-elle des controverses sur leur récit ?

Nous analyserons d’abord la stigmatisation des Aikewara comme collaborateurs depuis les années 1970. Puis, nous étudierons la formation de leur cause auprès de la CA/MJ et les acteurs impliqués entre 2010 et 2014. Enfin, nous examinerons leur récit de victimes de la dictature dans les commissions de justice transitionnelle en 2014. Nos sources principales incluront des publications de presse sur la Guérilla de l’Araguaia, disponibles sur l’Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, ainsi que les dossiers de demande d’amnistie des Aikewara, conservés dans les archives de la Commission d’amnistie, actuellement au ministère des Droits humains et de la citoyenneté à Brasília.

  1. La stigmatisation des Aikewara comme collaborateurs

Le choix d’étudier les Aikewara ne relève pas du hasard. Cet article présente les résultats partiels d’une recherche doctorale en cours, centrée sur la condition de victime de la dictature et le statut d’amnistié politique. Nous avons choisi d’examiner certains groupes sociaux à partir des classifications établies par la CA/MJ dans le cadre du catalogage des dossiers déposés auprès de la commission depuis 2001. Dans la base de données que les archives de la CA/MJ nous ont transmis en 2020, un groupe procédural intitulé Indiens ou ethnies (Índios ou etnias) ne contenait qu’un seul sous-groupe : les Suruís. Nous avons donc supposé que ce peuple autochtone eût rencontré et surmonté des difficultés particulières pour adapter ses demandes à la législation régissant le statut d’amnistié politique. Pour obtenir ce statut et une réparation, les candidats doivent soumettre une demande à la CA/MJ en la conformant aux critères établis par la loi qui a créé la commission. L’un des critères les plus contraignants, qui souligne les limites concernant les sujets considérés comme victimes de la dictature, est la nécessité de prouver la motivation exclusivement politique de la persécution alléguée.

Cela signifie que les travailleurs licenciés pour leur participation à des syndicats ou à des mouvements de grève, ainsi que les étudiants et politiciens sanctionnés sur la base de lois d’exception, doivent établir un lien causal entre les faits exposés dans leur requête et leur caractère politique. Or, ce qui est considéré comme politique n’est pas toujours évident. Les procès d’amnistie engagent un processus de catégorisation juridico-bureaucratique des persécutés conformément à ce que Lucas Pedretti Lima (2022) a qualifié d’une grammaire de la violence politique. Celle-ci confère une nature spécifique à la violence exercée par l’État dictatorial, la rendant illégitime et donc digne de réparation. Au sein des procès de la CA/MJ, les débats sur la nature politique des persécutions révèlent différentes façons de comprendre la répression de la dictature, ainsi que les individus considérés comme « ayant droit » à une réparation.

La violence subie par les peuples autochtones durant la dictature a été marginalisée dans les politiques de réparation et mémoire. L’anthropologue Orlando Calheiros (2015) note que la conception de la justice transitionnelle adoptée par l’État brésilien est limitée, car elle ne reconnait pas que ces violations sont indissociables de leur condition ethnique. Notre hypothèse était donc que les Aikewara étaient le seul groupe autochtone à bénéficier d’une amnistie car leur expérience de persécution était directement liée aux opérations militaires contre la guérilla de l’Araguaia, permettant ainsi d’établir un lien causal entre la violence vécue et la motivation politique.

L’étude du groupe Aikewara a révélé que la reconnaissance de leur statut de victime est pourtant plus complexe. En effet, une suspicion entoure leur rôle, les présentant parfois comme des collaborateurs des militaires plutôt que comme victimes. Bien que cette suspicion ne soit pas explicitement mentionnée dans leur dossier d’amnistie, elle est discutée dans le dernier chapitre du rapport de la Commission de la Vérité de l’État du Pará (CEV-PA). Ce rapport publié en 2022 souligne que des jeunes Aikewara ont encouragé leurs pairs à raconter leur histoire, avec le soutien de Paulo Fonteles Filho, coordinateur de la CEV-PA. Ce dernier avait eu contact avec les Aikewara depuis 2009 dans le cadre des enquêtes autour des disparus politiques. Il a souligné à l’époque de ces enquêtes qu’il fallait faire attention à la « question de la guérilla avec les suruí », car « ils ont été profondément marqués, profondément blessés par cette histoire. Il est difficile de parler de mutilation de corps, de chasse aux guérilleros[2]. » Dans la synthèse du cas Aikewara, le rapport indique que, dans la version officielle, ils sont souvent décrits de manière péjorative comme des alliés du régime militaire dans la traque des guérilleros, ce qui ne correspondrait pas à leur véritable histoire (CEV-PA, 2022, p. 333).

Comment les Aikewara ont été stigmatisés comme collaborateurs ? Qui les identifiait comme des alliés de la dictature ? Les paysans de la région ? Les proches des disparus ? Cette stigmatisation a-t-elle circulé dans la presse ? Nous avons trouvé quelques pistes dans la presse numérisée à la Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. L’une des premières publications à aborder la Guérilla de l’Araguaia fut l’hebdomadaire Movimento, dans son édition de juillet 1978, qui l’a présenté dans sa couverture comme une histoire « finalement révélée ». Le reportage cite comme interlocuteurs un guérillero, des autorités et des évêques de l’Église catholique, ainsi que les autochtones.

L’article du reportage concernant les Aikewara est en réalité un assemblage de témoignages collectés par l’anthropologue Iara Ferraz, qui est en contact avec ce peuple depuis 1975. À cette époque, elle est arrivée dans le village Sororó en tant que représentante de la Fundação Nacional do Índio (Funai)[3], chargée de coordonner le Plan Intégré de Développement Communautaire, un projet visant à instaurer une autogestion de la récolte de noix dans le territoire autochtone. Dans le village, elle a entendu les Aikewara exprimer leurs préoccupations concernant la perte de leur territoire lors du processus de démarcation en évoquant le « temps de la guerre ». En novembre 1976, avec le journaliste Palmério Dória et le documentariste Vincent Carelli, Ferraz a mené un premier entretien avec les Aikewara à ce sujet. Le reportage du Movimento recycle les témoignages recueillis lors de cet entretien (Ponce García, 2015, pp. 86–91).

Les Aikewara sont alors décrits par l’hebdomadaire comme « des rares habitants de la région qui parlent ouvertement de la guérilla », qu’ils ont suivie de près : « ils ont servi de guides pour l’armée, conduisant les soldats dans la forêt et indiquant des pistes des guérilleros[4]. » Sans préciser l’auteur du témoignage, le reportage relate qu’un Aikewara a déclaré que des soldats étaient arrivés dans son village en demandant s’ils savaient où se trouvaient les « terroristes ». En répondant par l’affirmative, les indigènes auraient pénétré dans la forêt avec l’autorisation de la Funai. Le témoin évoque la recherche des campements des guérilleros, précisant qu’un des indigènes aurait porté un mort jusqu’à l’hélicoptère et aurait décapité un corps. Un militaire aurait apporté de Brasília des fusils destinés aux indigènes pour les aider dans la chasse aux guérilleros. Cette section laisse entendre que les Aikewara ont consenti à aider les militaires dans la recherche des guérilleros et dans la manipulation de leurs corps.

Un reportage de la même page, basé sur des interviews d’évêques, renforce l’idée que les Aikewara et certains paysans locaux auraient consenti à coopérer avec les militaires. Néanmoins, ce consentement ne signifie pas un partage de leurs convictions sur la traque des « terroristes » ; ils auraient plutôt agi sous contrainte ou aveuglément. Des membres de la prélature de Marabá rapportent que l’armée surveillait les activités de l’Église, soupçonnant certains de diriger la guérilla, ce qui a conduit à leur arrestation et torture. L’évêque de Marabá de l’époque, dom Alano Maria Pena, mentionne toutefois que l’aspect le plus grave selon lui,

C’est qu’ils [les militaires] ont utilisé les indiens Suruí comme guides dans la forêt pour capturer ces guérilleros. Et ils ont aussi utilisé ces paysans de la forêt qui ont été torturés, certains sont morts. Et ceux qui n’ont pas été tués ont subi un lavage de cerveau et sont devenus des guides et des collaborateurs de l’armée. [...] Ils ont ouvert une route, donné des terres au peuple, mais ils ont aussi donné un conditionnement mental. C’est un peuple qui est devenu dépersonnalisé[5].

Dans les publications ultérieures, le consentement des Aikewara semble atténué. Dans un article du 18 septembre 1978, Movimento mentionne que, après la première publication sur la guérilla de l’Araguaia, d’autres médias comme O Estado de S. Paulo ont également couvert le sujet. Ce qui a particulièrement attiré l’attention de la presse, ce sont les méthodes de l’armée pour exterminer la guérilla. O Estado de S. Paulo souligna que la méthode la plus efficace était l’implication des habitants de la région. Contrairement aux tueurs à gages engagés par des propriétaires terriens, les Aikewara et les paysans auraient été intimidés pour les contraindre à coopérer : « si les tueurs à gages collaboraient spontanément avec les troupes militaires, plusieurs des paysans de la région — et même les indiens Suruí — ont dû être intimidés ou même torturés, selon les dénonciations faites par l’Église »[6]

Les premières publications rapportent l’utilisation des Aikewara comme guides, sans préciser leur niveau de consentement. Elles évoquent la violence exercée par l’armée sur les habitants, notant parfois que les autochtones n’avaient pas une « conscience du travail — disons, une compréhension idéologique de celui-ci », comme le lit-on dans un article d’O Pasquim[7]. L’usage des autochtones comme guides est montré comme une stratégie militaire incluant intimidation, arrestations et torture. Ces informations comptent parmi les premières à avoir été rendues publiques, notamment grâce à la presse alternative, telle que Movimento et O Pasquim, à une époque où l’on savait peu de choses sur les opérations militaires, menées clandestinement et systématiquement maintenues sous le sceau du secret par les Forces armées.

Nous n’avons pas trouvé de sources démontrant une accusation directe de la part des familles des disparus politiques affirmant que les Aikewara auraient collaboré avec les militaires. Andrea Ponce García (2015, pp. 88–104) note que les publications sur la guérilla de l’Araguaia rapportent des récits dans lesquels les indigènes auraient mutilé les guérilleros morts. Elle estime que ce discours a été intégré par certains proches de disparus, bien que les sources citées ne les accusent pas directement. Les témoignages évoquent qu’il y a eu certaines familles croyant que les indigènes auraient agi de leur plein gré, sans reconnaître le niveau de coercition auquel les Aikewara étaient soumis.

En effet, les familles des disparus politiques de la guérilla de l’Araguaia étaient présentes dans la région depuis la fin du régime militaire. Ces familles ont joué un rôle crucial dans la lutte pour l’amnistie dans les années 1970, cherchant à travers ce combat non seulement à obtenir l’amnistie politique, mais aussi à éclaircir les crimes commis par les militaires et à révéler publiquement la violence dictatoriale. Elles ont intégré le Comité brésilien pour l’amnistie (CBA) fondé en 1978 et, dans les années 1980, ont organisé la première expédition dans la région de l’Araguaia pour recueillir des indices sur la localisation des corps des guérilleros s’appuyant sur les témoignages des habitants locaux (Teles, 2013). Ces familles ont donc eu accès aux témoignages non seulement des paysans, mais aussi des Aikewara. Bien que certains proches aient pu exprimer des doutes sur le rôle des autochtones dans la violence, d’autres ont compris que les Aikewara étaient également des victimes des exactions militaires.

 Le procès d’amnistie des Aikewara

Au début des années 2000, la Guérilla de l’Araguaia réémerge dans l’espace public avec les actions judiciaires menées par les familles des disparus politiques. En 1982, les proches de 22 guérilleros disparus ont porté l’affaire devant la justice brésilienne, demandant des informations sur les circonstances des disparitions et la récupération des corps. Face à la lenteur du système judiciaire et au manque de réponses, ils ont saisi la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) en 1995, qui a déclaré l’affaire recevable devant sa Cour (CoIDH) en 2001 (Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 2001).

L’action intentée au niveau fédéral en 1982 a abouti en 2003 à une décision ordonnant la levée du secret militaire sur les opérations dans l’Araguaia et fixant un délai de 120 jours pour indiquer l’emplacement des corps (Vasconcelos, 2007). Parallèlement, la procédure engagée devant la CoIDH, qui recommandait dès 2008 que le Brésil se conforme à la décision de la justice fédérale, a exercé une pression croissante sur le ministère de la Défense. Celui-ci a alors mis en place en 2009 un groupe de travail chargé de localiser les disparus. Le Groupe de travail Tocantins (GTT) a mené douze expéditions dans la région. En 2010, la CoIDH a condamné le Brésil, l’exhortant à localiser les corps et à élucider les circonstances des décès. En réponse, le GTT a été restructuré en 2011 et élargi à travers un partenariat interministériel, sous le nom de Groupe de travail Araguaia (GTA) (Gallo, 2012, pp. 344–45).

Dans les enquêtes menées par les GTs, les Aikewara ont été perçus comme parties prenantes dans l’attribution des responsabilités concernant les disparus en raison de leur supposée connaissance des lieux d’enterrement des guérilleros et de l’importance de leur territoire pour la recherche de ces corps (Ponce García, 2015, p. 55). Lors de leur première interaction avec les institutions chargées des crimes de la dictature, les Aikewara étaient considérés comme témoins oculaires des événements liés aux guérilleros, et non comme victimes. En 2009, le Ministère public fédéral (MPF) à Marabá a pris les dépositions de quatre hommes adultes de Sororó. Un an plus tard, treize membres des Aikewara ont déposé une demande d’amnistie auprès de la CA/MJ via l’Association des familles des disparus de l’Araguaia (Ferraz, 2019, p. 82).

La première pétition soumise à la CA/MJ a été signée par Mercês Castro, la sœur d’un guérillero disparu. Depuis les années 1980, elle se rend régulièrement dans la région, en contact avec les habitants locaux, à la recherche d’informations sur son frère, Antônio Teodoro de Castro (Jucá, 2019). Dans la pétition des Aikewara, le document met en avant la souffrance de leur peuple depuis l’invasion de leur village par les militaires en 1972. Il précise que les hommes contraints de travailler comme guides pour les troupes ont dû abandonner leurs familles, potagers, chasses et mode de vie. Les témoignages font état de mauvais traitements pendant les expéditions en forêt : « maltraités et humiliés par des cris et des coups, ne mangeant qu’une fois par jour, se nourrissant de viande sèche crue avec de la farine faute de pouvoir faire un feu. » Le document souligne aussi que les femmes et les enfants étaient terrorisés par la présence militaire, empêchés de sortir de leurs maisons. Il qualifie enfin les actions militaires de criminelles, affirmant qu’elles ont « exploité des incapables comme des esclaves, presque détruit leur culture et la perpétuation du groupe ethnique »[8]

Les demandes des Aikewara auprès de la CA/MJ n’ont pas progressé. Cependant, l’intérêt public pour la Guérilla de l’Araguaia a augmenté après les décisions de la justice fédérale et internationale, permettant aux Aikewara de réapparaître dans les médias, mais souvent en lien avec les violences subies par les guérilleros. En 2011, un article du journaliste Lucas Figueiredo, intitulé « Le secret des Indiens Aikewara » et publié dans un magazine de circulation nationale, affirmait que les Aikewara auraient coupé les têtes des guérilleros pendant les opérations militaires.

Figueiredo présente son reportage comme une révélation concernant la participation des Aikewara à la violence contre les guérilleros en qualifiant cet épisode de « l’un des plus sombres de l’histoire du Brésil », à savoir « la transformation d’indiens en mercenaires de guerre de l’armée »[9]. Il décrit sa visite à Sororó comme un terrain tendu dans lequel les jeunes Aikewara empêcheraient les anciens de parler des actes de violence commis. Il aurait finalement réussi à discuter avec les plus âgés qui ont évoqué la faim et les mauvais traitements subis lors des marches avec les militaires. Cependant, Figueiredo rapporte qu’ils se sont esquivés des questions concernant d’éventuels affrontements avec les guérilleros en répondant en portugais rudimentaire que « l’indien avait très peur »[10].

Pour le journaliste, les Aikewara, qualifiés de mercenaires, cherchaient à fuir leur passé. Figueiredo cherche à « percer les limites des indiens » en écoutant la version des militaires. Sa principale source est un courriel envoyé en 2007 par le colonel de réserve Aluisio Madruga de Moura e Souza à un ami, également colonel de réserve, qui avait commandé une des opérations de recherche des guérilleros dans l’Araguaia. Le destinataire du courriel a fourni une copie signée du message au magazine, manifestant ainsi l’intention des militaires de rendre publique leur version. Dans ce courriel, le colonel affirme que le seul cas de décapitation qu’il connaît a été perpétré par les Suruí, précisant que la décapitation des guérilleros « avait gêné la plupart [des militaires], mais un indien reste un indien[11]. » Sans questionner l’intention des militaires de l’adresser ces courriels[12], le journaliste attribue la responsabilité des mutilations des corps des guérilleros non pas à l’armée, mais aux Aikewara, suggérant à la fin de son reportage qu’ils devraient être punis.

Figueiredo cite également Hugo Studart, un journaliste ayant soutenu en 2013 une thèse en histoire sur la mémoire des militants de la Guérilla de l’Araguaia[13].  Dans sa thèse, Studart relaie des informations qui semblent en consonance avec les sources militaires présentées par Figueiredo, attribuant un consentement explicite des Aikewara à collaborer avec les militaires. Il affirme avoir mené des recherches de terrain dans le village Sororó entre 2009 et 2010, mais les données qu’il présente ne correspondent pas à la version que les Aikewara ont transmise aux institutions fédérales à la même époque. Alors que la demande déposée auprès de la CA/MJ et datée de 2010 affirme que douze chefs de famille autochtones ont été contraints de guider les militaires, Studart soutient qu’à Sororó « il n’y avait pas beaucoup d’indiens, seulement huit », dont quatre auraient été choisis comme guides. Il insinue également que les Aikewara auraient consenti avec les militaires en échange d’une aide pour leur communauté, évoquant un pacte avec le major Nilton Cerqueira pour retrouver les « hommes mauvais » en contrepartie d’une intervention en leur faveur (Corrêa, 2013 : 356). Aucune mention n’est faite de la médiation de la Funai. Il conclut que les Aikewara auraient tiré profit de cette alliance en soulignant leurs conditions de vie améliorées : « Tous logés dans des maisons en brique, avec un centre de santé à disposition, tous les enfants fréquentant une école bilingue. “Et toutes les femmes enceintes”, se réjouissait le chef Almir » (Corrêa,  2013 : 357).

Néanmoins, dans un procès-verbal de déclaration établi par le ministère public, daté de 2011 et joint au dossier de demande d’amnistie des Aikewara, les témoignages des autochtones font valoir qu’ils étaient contraints par les militaires de les guider sous la menace de violences. Étant donné que la thèse de Studart ne présente pas ses sources, mais mentionne en notes de bas de page uniquement les prénoms des Aikewara interviewés sur le terrain, il n’est pas possible de recouper les témoignages sur lesquels il affirme s’appuyer avec ceux figurant dans les dossiers d’amnistie. Quoi qu’il en soit, la version de l’engagement des Aikewara aux côtés des militaires présentée par Studart va à l’encontre de celle des Aikewara devant les institutions fédérales, qui insistent sur la contrainte à collaborer et sur la violence de la présence militaire dans leur village.

Les Aikewara ont pris connaissance du reportage de Lucas Figueiredo, ce qui a suscité une vive indignation dans leur village. D’après Ponce García (2015 : 95), les jeunes ont convaincu les anciens de raconter leur version afin de défendre leur innocence. Après la réorganisation du groupe de travail en 2011, Sueli Bellato, alors vice-présidente de la CA/MJ, a rejoint le GTA. Bellato est une religieuse de la congrégation des Chanoinesses régulières de saint Augustin qui a commencé sa trajectoire politique au sein de la Pastorale de la Jeunesse, dans la périphérie de São Paulo, durant les dernières décennies de la dictature militaire. Elle est également avocate et son parcours est marqué par un engagement en faveur des causes sociales et des droits humains. Elle a intégré le conseil de la CA/MJ en 2003 et est devenue vice-présidente sous la gestion de Paulo Abrão. Lors d’une expédition à l’Araguaia en 2012, elle a appris que les Aikewara avaient déposé une demande d’amnistie restée en suspens. Le GTA a alors décidé de recruter des professionnels pour rédiger un rapport sur la guérilla de l’Araguaia et les Aikewara.

L’anthropologue Iara Ferra a coordonné les travaux avec Orlando Calheiros, spécialiste de la sociocosmologie des Aikewara. Trois études de terrain sont menées dans la réserve Sororó en 2013 pour recueillir leurs témoignages. Le rapport final intitulé O « tempo da guerra » : os Aikewara e a Guerrilha do Araguaia [« Le temps de la guerre » : les Aikewara et la Guérilla de l’Araguaia] a été envoyé en octobre 2013 au Secrétariat aux droits humains de la Présidence de la République, puis transmis à la CA/MJ pour appuyer les requêtes des Aikewara (Ponce García 2015, pp. 107–109). Le rapport accorde aux témoignages une valeur probante.

  • Les Aikewara comme victimes

Les témoignages des Aikewara comme victimes gagnent en visibilité à partir de 2012 dans le cadre des commissions de justice transitionnelle au Brésil. Deux dynamiques favorisent cette prise de parole : la volonté des jeunes de raconter leur propre histoire et leur appel à témoigner sur les disparitions forcées. La Commission nationale de la vérité (CNV), créée en 2012, a institué un groupe de travail chargé d’enquêter sur les violations des droits humains commises contre les paysans et les peuples autochtones, sous la coordination de Maria Rita Kehl. Ce groupe a organisé trois audiences publiques dans la région entre 2012 et 2014. Parallèlement, le rapport intitulé « Le temps de la guerre » a été joint à une nouvelle demande d’amnistie déposée par les Aikewara en 2013, puis remis à Kehl en 2014.

Bien que les demandes d’amnistie aient été déposées à titre individuel, le texte des pétitions qui précède le rapport joint est identique pour l’ensemble des dossiers concernant les Aikewara. Il insiste sur l’organisation sociale des peuples autochtones, fondée sur un mode de vie communautaire, afin de rendre ces témoignages intelligibles. L’histoire des Aikewara est ainsi présentée à travers le rôle central de la collectivité, plutôt qu’à travers celui de l’individu. En rappelant que la vérité, la mémoire et la justice sont les piliers de la justice transitionnelle, le texte souligne que la transmission de leur histoire se fait par l’oralité, les anciens partageant les récits avec les nouvelles générations. Les déclarations des Aikewara sont alors présentées comme celles de victimes de la dictature.

La requête fonde sa légitimité juridique sur plusieurs articles du Code de procédure civile ainsi que sur les normes de la CA/MJ. Ce faisant, elle accorde aux témoignages des Aikewara une présomption de véracité, leur conférant ainsi une valeur probante. Le texte affirme que les préjudices subis ont eu une motivation politique, ce fait étant étayé par le contexte historique reconnu par l’État brésilien dans d’autres occasions[14]. Afin de justifier la demande de réparation conformément aux critères de la CA/MJ, la requête souligne également l’impact économique des violations, mettant en évidence que le régime dictatorial a illégalement entravé leurs activités de subsistance, à l’instar de celles des paysans :

En effet, en raison de l’intervention de l’État brésilien, qui a assiégé la région, les paysans et les indigènes ont été contraints d’abandonner leurs maisons et leurs terres ou de cesser les activités nécessaires à leur subsistance et à celle de leurs familles. En outre, ils ont perdu leur unique moyen de subsistance, car leurs plantations et élevages ont été détruits par l’armée dans le but d’empêcher le soutien aux forces de guérilla[15].

Les Aikewara ont été impliqués dans les opérations militaires lors d’une phase de répression où tous les habitants étaient suspectés de collaborer avec la guérilla. La requête présente des documents militaires de l’époque de la dictature faisant état de la répression d’un réseau de soutien, au sein duquel paysans et autochtones étaient perçus comme des acteurs susceptibles d’aider les guérilleros, notamment en leur procurant nourriture, médicaments ou informations. Les violences subies sont davantage qualifiées de violations des droits humains, « constituant, en soi, une preuve évidente de l’obligation [de l’État] de réparation aux victimes.[16] » Les Aikewara vivent sur un territoire qui été classé zone de sécurité militaire, ce qui a conduit à l’occupation de leur village :

S’ensuivirent des années de silence sur les violences alors commises, période durant laquelle les Aikewara ont vu leur territoire occupé par les Forces armées, ayant été soumis à toutes sortes d’humiliations et de privations (faim, violence et peur). Pendant deux années consécutives, tous les hommes adultes ont été contraints de collaborer, contre leur gré et sans explications, à la répression du mouvement guérillero de l’Araguaia — des épisodes traumatisants pour toute la société Aikewara, où l’on a même observé la mort d’enfants nés prématurément pendant cette période[17].

Avec une requête plus complète et mieux argumentée que la première, le document présente les fondements de la demande de réparation, reconnaissant chez les indigènes une perte spécifique d’activité professionnelle et culturelle. La requête est signée soit par écrit, soit par empreintes digitales par les Aikewara et inclut la transcription des témoignages recueillis par Iara Ferraz et Orlando Calheiros. Cette pétition est soutenue par le rapport « Le temps de la guerre », qui contient des textes des anthropologues retraçant l’histoire du contact de ce peuple avec les non-autochtones depuis les années 1950. Dans le chapitre sur la dictature, les témoignages des Aikewara occupent une place centrale, avec des résumés de Ferraz qui soulignent l’importance de ces récits pour dénoncer les injustices à l’origine des demandes de réparation.

Les Aikewara décrivent les violences subies durant la période d’occupation militaire : ils rapportent menaces de mort, perturbations de leurs modes de vie et interruption de leurs rituels. Leur capacité à cultiver, pêcher et chasser a été entravée, entraînant famine parmi les femmes et enfants restés au village ainsi que les hommes emmenés dans la forêt. Des militaires auraient incendié leurs cultures et maisons, instaurant un climat de peur constante. Les hommes à maintes reprises contraints de guider les soldats auraient enduré mauvais traitements, humiliations et blessures. Les récits des Aikewara cherchent également à répondre aux accusations de collaboration avec les militaires et le sort des corps des guérilleros assassinés. Quatre types de récits issus de ces témoignages semblent réagir à cette stigmatisation.

En premier lieu, celui qui concerne la justification de raconter cette histoire pour que les non autochtones connaissent leur version. Teriweri, une femme restée au village sous état de siège et ayant perdu ses jumeaux nés prématurément, décrit la peur constante qu’elle a vécue. Bien qu’elle affirme ne pas aimer se rappeler de ce qui s’est passé, elle dit : « Je vous raconte cela parce qu’il est important que les personnes, que ce soit au Brésil ou ailleurs dans le monde, sachent bien ce qui s’est passé, c’est-à-dire la “guerre” durant la période de la guérilla. C’est pourquoi je raconte ici un peu »[18].

En deuxième lieu, la peur causée par le bruit des hélicoptères militaires et les menaces faites par les soldats est mise en avant dans les témoignages concernant l’arrivée des militaires au village, ce qui suggère que ce contact avec l’armée était forcé, involontaire et violent, et non le fruit d’une négociation consentie. Selon Tawé, les soldats ont envahi le village en pointant leurs armes sur les femmes. Les hommes auraient eu peur et les enfants se seraient mis à pleurer lors de l’arrivée de l’armée.

En troisième lieu, les Aikewara insistent sur le fait qu’ils ne savaient pas ce que les militaires faisaient dans la région et qu’ils se sont sentis trompés par les représentants de la Funai. Umassu, l’un des hommes recrutés, raconte que les militaires auraient un accord avec Mariano, un fonctionnaire de la Funai, pour recruter les indigènes. Mariano aurait dit qu’il avait besoin de quelqu’un pour guider les militaires dans la forêt et Umassu affirme : « Nous ne savions rien, mais nous y sommes allés quand même, dupés »[19]. Api, un autre homme qui a été mené dans la forêt, ajoute que « Nous, on a trop souffert […]. À ce moment-là, quand il y a eu cette “guerre”, on ne savait rien ; on est quand même entré [dans la forêt] sans rien savoir »[20]. Plusieurs Aikewara affirment également qu’ils ne savaient pas qui étaient les « terroristes » auxquels les militaires faisaient référence. Ces derniers leur demanderaient à la fois s’ils savaient où ils se trouvaient et tentaient de les contraindre à coopérer en disant que les guérilleros allaient prendre leurs terres, comme le rapporte Umassu :

Il m’a dit : « Tu sais pourquoi on vous emmène [dans la forêt] ? Parce que ce sont de “terroristes” ! Ils vont vous prendre toutes vos terres ! […] On ne savait pas ce que c’était qu’un “terroriste”, un “communiste”, on ne comprenait pas ce que cela voulait dire[21].

Enfin, les hommes qui sont entrés dans la forêt avec les militaires racontent leur effroi face à la violence lorsqu’ils évoquent les moments où ils auraient croisé des guérilleros capturés ou vu leurs corps. Ils se défendent également des accusations d’avoir décapité les guérilleros, comme le décrit Api lorsqu’il raconte comment Moreninho a été forcé de transporter le corps d’un mort contre son gré :

On a vu quatre gars morts là-bas ! […] Ils en avaient déjà tué un. La police a obligé Moreninho à attraper un mort. […] Puis ils ont dit à Moreninho :

— Attrape ça, indien ! On rentre avec moi [la police].
— Ah non, je ne le ramène pas ! a répondu Moreninho.
— Non ! Ramène-le ! a insisté le soldat, qui l’a forcé.
Alors Moreninho l’a pris, l’a mis dans l’hélicoptère pour l’amener ici, à São Raimundo. Je ne sais pas où ils l’ont enterré. Je crois bien que c’est ici même qu’ils l’ont enterré !

Api ajoute qu’il ne sait pas ce qu’il est advenu du corps : « Je ne sais pas s’ils l’ont décapité, je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. Je sais juste que Moreninho et moi, on a vu quatre hommes morts là-bas ! »[22].

En 2014, les demandes d’amnistie des Aikewara ont été appréciées en septembre lors d’une audience publique tenue à Brasília, en présence de représentants du peuple Aikewara. Sueli Bellato a été désignée comme la rapporteuse de leur demande et elle a voté en faveur de l’amnistie des Aikewara. Dans son rapport, joint à la fin du dossier d’amnistie des Aikewara, elle retrace l’historique de la guérilla de l’Araguaia et des actions militaires. Elle indique que, dans le cadre des actions de répression, les Aikewara ont été capturés par les forces répressives. L’installation d’un poste de la Funai sur leur territoire, censé de protéger les autochtones, n’aurait pas empêché l’armée d’agir dans le village de Sororó. En conséquence, les militaires ont « recruté de manière coercitive […], de 1972 à 1974, pratiquement tous les hommes adultes pour servir de guides dans la forêt pour “chasser” les guérilleros[23] », causant un traumatisme profond au sein de la société Aikewara. Cette intervention militaire aurait entraîné désorganisation familiale, famine et une intense peur de la mort, laissant des séquelles psychologiques durables.

Bellato rejette les versions selon lesquelles les hommes ont consenti à guider les militaires, précisant que « les Aikewara affirment, catégoriquement, qu’ils ne connaissaient pas les raisons des actions violentes des militaires ». Elle décrit également les hommes comme des prisonniers de guerre, subissant un régime servile et des humiliations. Les femmes, les enfants et les hommes restés au village auraient été surveillés et empêchés de fournir de la nourriture. De plus, l’occupation militaire a eu lieu juste avant le rituel karuwara[24], entraînant la destruction de leurs maisons, biens et provisions pour la réalisation du rituel. Pour ces raisons, Bellato conclut que cette occupation a « détruit non seulement les bases matérielles mais aussi les bases symboliques de l’existence de la communauté autochtone[25]. »

Selon Bellato, ces faits sont indiscutables dans l’histoire de la guérilla de l’Araguaia. Corroborés par des documents officiels, ces témoignages auraient une valeur probatoire compte tenu de l’occultation des informations en possession de l’armée. Elle qualifie l’action des militaires comme des violations des droits humains pratiquées par l’État d’exception dans la région en se basant sur des préceptes fondamentaux de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Ces violations sont tenues pour un mépris manifeste des droits fondamentaux, ce qui devrait fonder l’obligation de l’État à accorder réparation aux victimes. Tous les conseillers de la CA/MJ ont voté en faveur de l’amnistie des Aikewara. Le président de la Commission, Paulo Abrão, a ainsi présenté des excuses au nom de l’État brésilien, reconnaissant pour la première fois un peuple autochtone parmi les victimes de la dictature militaire.

Conclusion

La demande d’amnistie des Aikewara suggère que les séquelles de la dictature ne relèveraient pas uniquement des années d’opérations militaires contre la guérilla de l’Araguaia dans le village, mais aussi de la stigmatisation engendrée par l’inculpation attribuée à ce peuple. Se défendre contre cette stigmatisation en racontant à la première personne ce qu’ils ont vécu durant la dictature apparaît dès lors comme un objectif primordial pour comprendre leur démarche.

Si cette demande a été motivée par le contact avec des paysans de la région amnistiés depuis 2007, elle ne progresse véritablement que dans le contexte de l’essor de la justice transitionnelle au Brésil, impulsée en grande partie par la CA/MJ depuis la présidence de Paulo Abrão. Tant la CA/MJ que d’autres mécanismes de justice transitionnelle visant à établir la vérité et à faire la lumière sur les violations passées ont favorisé la mise en visibilité des récits aikewara sur leur expérience sous la dictature. Dans cette perspective, les Aikewara sont reconnus comme des victimes du régime dictatorial par des institutions dont la mission est précisément de rendre justice aux victimes, alors même que la responsabilisation pénale des auteurs de ces violences demeure impossible. Cette reconnaissance constitue une forme de réparation symbolique dans la mesure où des représentants de l’État brésilien valident leurs témoignages en tant que faits et corroborent ainsi la version selon laquelle leurs trajectoires sont marquées par l’injustice, et non par le consentement ni par la collaboration avec les militaires.

À ce titre, les mécanismes de la justice transitionnelle font partie d’un processus de victimisation, entendu comme le processus par lequel les individus se définissent et sont définis comme victimes. Ce processus, disputé dans l’espace public et susceptible de générer des controverses, implique différents acteurs ainsi qu’une prise sur les faits passés pour la production d’une histoire (Barthe 2017). Au Brésil, les politiques de réparation de la CA/MJ ne constituent donc pas une finalité en soi, mais un moyen par lequel le passé dictatorial, ainsi que les versions des acteurs impliqués, est publiquement disputé.

Alors que le discours de la justice transitionnelle repose souvent sur une frontière nette entre victimes et bourreaux, le cas des Aikewara illustre la complexité de définir les catégories de victimes sous les régimes autoritaires, notamment lorsque des populations sont impliquées dans la répression militaire. Ces situations peuvent être analysées à la lumière de ce que Primo Levi (1986) qualifie de « zone grise », où l’expérience des individus forcés de coopérer avec leurs persécuteurs ne peut être comprise en termes moraux dichotomiques. De même, la responsabilité de leurs actes ne saurait être analysée en termes de choix volontaire dans la mesure où leurs actions ont souvent été imposées par des conditions extrêmes de violence. Ce fut également le cas dans d’autres conflits armés en Amérique latine, comme au Guatemala, où la participation de paysans, dont de nombreux autochtones, aux Patrouilles d’autodéfense civile pour réprimer les guérillas a été effectuée sous la contrainte de l’État guatémaltèque dans les dernières décennies du XXe siècle (Kobrak, 2002; Taylor, 2011).

Le processus d’amnistie des Aikewara témoigne aussi d’un parcours mobilisant divers acteurs dans une quête de reconnaissance du statut de victime. Ce processus est facilité par les politiques de mémoire et de réparation mises en œuvre au niveau national, bien que leur suivi en institution dépende du soutien de ceux occupant ces fonctions. Enfin, loin d’un silence total, différentes versions ont circulé concernant l’implication des Aikewara dans la guérilla de l’Araguaia, tant lors des opérations militaires qu’après celles-ci, parmi les habitants, les familles, les journalistes et les militaires. À travers les mécanismes de justice transitionnelle, la reconnaissance des Aikewara comme victimes de la dictature place ainsi leurs témoignages au cœur d’une relecture de l’histoire sous l’angle des droits humains.

  

Notes de fin  

[1] Suruí est une dénomination des Aikewara attribuée par des groupes religieux et l’État brésilien depuis les années 1950. Nous allons adopter Aikewara, afin de respecter l’autodénomination de ce peuple.

[2] “É necessário muito cuidado ao tratar dessa questão da guerrilha com os suruí [...]. Eles foram muito marcados, muito machucados com essa história. É complicado falar de mutilação de corpos, de caçadas a guerrilheiros” (CEV-PA, 2022 : 327–28).

[3] La Fundação Nacional do Índio (Funai) est um organe de l’État brésilien, créé après l’extinction du Serviço de Proteção do Índio (SPI), suíte à des dénonciations de violations à l’encontre des peuples autochtones présentées en 1968 dans le Rapport Figueiredo. À l’époque, les autochtones étaient considérés comme une population sous la tutelle de l’État à travers la Funai. Cf. (Valente 2019).

[4] « Os índios Suruí são dos poucos habitantes da região que falam abertamente sobre a guerrilha. Eles a acompanharam de perto: serviram de batedores para o Exército, guiando os soldados na mata e indicando pistas dos guerrilheiros » (Movimento, 1978 : 10).

[5] « é que eles [militares] se serviram dos índios Suruí para guias na mata para pegar estes guerrilheiros. E se serviram desses próprios lavradores aí de dentro da mata, que foram torturados, alguns morreram. E os outros que não morreram sofreram uma lavagem cerebral e transformaram-se em guias e colaboradores do Exército. [….] Eles abriram uma estrada, deram a terra para o povo e tal, mas também deram o condicionamento mental. É um pessoal que ficou despersonalizado » (Movimento, 1978b : 10).

[6] « se expontaneamente (sic) os pistoleiros colaboravam com as tropas militares, vários dos posseiros da região – e mesmo índios suruí – tiveram que ser intimidados ou mesmo torturados, segundo denúncias feitas pela Igreja. » (Movimento, 1978a : 11)

[7] « Sem a menor consciência do trabalho – diga-se dimensão ideológica – que estavam prestando » (O Pasquim, 1978 : 26).

[8] « Eram constantemente maltratados e humilhados com gritos e empurrões, comiam apenas uma vez por dia e à noite por não poderem fazer fogo se alimentavam de jabá cru com farinha. [...] As ações militares foram criminosas quando exploraram incapazes como escravos e quase destruíram sua cultura e a perpetuação da etnia. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 01-02).

[9] « teve lugar um dos episódios mais obscuros da história do Brasi: a transformação de índios em mercenários de guerra do Exército para combater a Guerrilha do Araguaia » (Figueiredo, 2012).

[10] « Desviando o olhar, não pararam de repetir: “Índio tinha muito medo”. » Lucas Figueiredo retranscrit le témoignage des Aikewara en soulignant qu’ils se sont exprimés dans un portugais qualifié de précaire. Il importe cependant de préciser que cette appréciation ne prend pas en considération l’imposition historique de la langue portugaise aux populations autochtones depuis la colonisation du Brésil au XVIe siècle, phénomène qui a conduit à l’instauration d’un bilinguisme contraint parmi de nombreux groupes, voire à la disparition de certaines langues autochtones. Des recherches récentes mettent en évidence l’appropriation singulière de la langue portugaise par les peuples autochtones en fonction de leurs réalités sociolinguistiques, culturelles et historiques, ce qui témoigne d’une pluralité et d’une dynamique propres à ces processus linguistiques. Cf. (Gorete Neto, 2022).

[11] « causou constrangimento na maioria [dos militares]. Mas índio é índio » (Figueiredo, 2012)

[12] Lucas Figueiredo justifie l’importance de ces courriels par le fait qu’il s’agirait de la première fois où un officiel affirme que les autochtones ont mutilé les corps. Il ne remet en question que l’authenticité de ces messages en précisant qu’il n’y a aucune raison d’en douter : l’adresse mail de l’expéditeur est la même que celle utilisée par le colonel pour vendre en ligne les livres qu’il écrit sur la lutte armée et le destinataire est la personne qui lui a transmis la copie du courriel, datée et signée de sa main. Cf. (Figueiredo, 2012 : 3)

[13] Bien que la recherche de Hugo Studart soit innovante grâce à de nouvelles sources, ces dernières restent anonymes pour préserver la confidentialité de ses informateurs. La crédibilité de sa thèse est remise en question lorsqu’il est révélé que Studart est le fils d’un militaire ayant occupé un poste stratégique dans le service de renseignement de l’aéronautique durant la répression de la guérilla (Monteleone, 2018), suggérant que ses principales sources étaient probablement des militaires impliqués dans les opérations.

[14] Le texte mentionne le rapport de 2007 de la Commission spéciale de morts et disparus politiques (CEMDP), installée en 1995 dans le Secrétariat aux droits humains de la Présidence de la République, et confirmant la mort de plus de 70 guérilleros ; en 2009, la CA/MJ a amnistié plus de 50 habitants de la région, attestant ainsi de la reconnaissance étatique de l’existence du conflit dans l’Araguaia.

[15] « Com efeito, em decorrência da intervenção do Estado Brasileiro, que sitiou a região, os camponeses e indígenas foram obrigados a abandonar suas casas e suas terras ou cessar as atividades necessárias a sua subsistência e a de seus familiares. Além disso, perderam seu único meio de subsistência, pois suas roças (plantações) e criações foram destruídas pelo Exército como forma de impedir o sustendo das forças guerrilheiras » (SEI 2010.01.66655 : fls. 51).

[16] «  servido, de per se, como prova cabal do seu dever de reparação às vítimas. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 46-V).

[17] « Seguiram-se anos de silêncio sobre a violência então praticada, quando os Aikewara tiveram o seu território ocupado pelas Forças Armadas, tendo sido submetidos a toda sorte de humilhação e privações (fome, violência e medo). Por dois anos seguidos, todos os homens adultos foram obrigados a colaborar, contra a sua vontade e sem qualquer esclarecimento, com a repressão ao movimento guerrilheiro do Araguaia – episódios traumáticos para toda a sociedade Aikewara, onde se verificou ainda a morte de crianças nascidas prematuramente nesse período » (nous soulignons) (SEI 2010.01.66655 : fls. 47).

[18] « eu tou contando aqui pra vocês porque... tem que... as pessoas assim... pode ser assim o povo do Brasil, do mundo todo pra saber direito que aconteceu mesmo esse... esse horrível acontecimento, é "guerra" né? no tempo da guerrilha, né? É por isso que eu tou contando aqui um pouco. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 99).

[19] «  Aí nós num sabia de nada, aí nós foi assim mesmo, enganado” (SEI 2010.01.66655 : fls. 104).

[20] « É... nós sofremos demais [...] nesse tempo que aconteceu essa “guerra” aí, nós num sabia de nada, nós entremo assim mesmo sem saber de nada! [...] inocente mesmo nós entremo, num sabia de nada! » (SEI 2010.01.66655 : fls. 113).

[21] « ele falou pra mim: - Tu sabe por quê nós tamos levando vocês? Porque é "terrorista", rapaz! ele vai tomar todinha a terra de vocês! [...] Num sabia nem o que é nada... Aquele tempo a gente num sabia de nada... [...] Nós num sabia o que era "terrorista", "comunista", nós num entende o que era "terrorista" » (SEI 2010.01.66655 : fls. 105).

[22] « aí nós vimo quatro cara morto lá! (mais “Moreninho, que nós vinha) Pois já mataram um… a polícia obrigou “Moreninho” a pegar assim morto aí… […] Ai pro “Moreninho assim: - Pega aí, índio! vamos voltar mais eu (a polícia) - Ah, num vou botar não! “Moreninho” falou pra ele! - Não! bota!! ele [soldado] obrigou ele. Aí “Moreninho botou pra ele, dentro do elicóptero! Era pra trazer pra cá pro São Raimundo, num sei aonde que enterraram! Acho que foi bem aqui mesmo que enterraram! (…) “Num sei se cortaram a cabeça, num sei o quê eles fizeram com ele… Eu sei que nós vimo quatro home lá morto, mais o “Moreninho”! » (SEI 2010.01.66655 : fls. 135-136).

[23] « Que as forças repressivas recrutaram de modo compulsório [...], de 1972 a 1974, praticamente todos os homens adultos da aldeia para servirem de guias, na mata, a ‘caça’ aos guerrilheiros, episório traumático para toda a sociedade Aikewara. » (SEI 2010.01.66655 : fls. 179-V).

[24] Pour les Aikewara, les karuwara sont des esprits dangereux, jamais humains, qui vivent sur leur territoire ancestral et sont considérés comme des ennemis capables de provoquer maladies, mort ou violence. Le rituel karuwara, qui comprend danses, chants et préparation collective de nourriture, vise à protéger la communauté contre ces esprits et à prévenir les tragédies qu’ils pourraient engendrer. Cf. (Calheiros 2014).

[25] « Os Aikewara afirmam, categoricamente, que desconheciam os motivos dos militares para as ações violentas. [...] Os homens adultos recrutados foram tratados como prisioneiros de guerra, submetidos a regime servil de privações e passaram por todo tipo de humilhações. [...] Portanto, a ocupação destruiu não somente as bases matérias (sic) como as simbólicas de existência da comunidade indígena » (SEI 2010.01.66655, fls. 179-V-180).

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Pour citer cet article :

Rezende, C. (2025). Du soupçon à la réparation : la demande d’amnistie du peuple Aikewara et le passé dictatorial au Brésil. RITA (18). Mise en ligne le 15 novembre 2025. Disponible sur : http://www.revue-rita.com/du-soupcon-a-la-reparation-la-demande-d-amnistie-du-peuple-aikewara-et-le-passe-dictatorial-au-bresil-carolina-rezende.html